La Guardia Nacional es hoy la mayor fuerza policial del país: con más de 100 mil elementos está encargada de tareas que van desde la prevención de robos hasta la intervención de comunicaciones o la contención de migrantes. Sin embargo, solo 5 de los 32 generales que la dirigen están certificados como aptos para ser policías.
Los otros 27 generales que coordinan operativamente a esta fuerza —al igual que casi el 85% de todos sus efectivos— carecen de las evaluaciones vigentes que prueben que pueden trabajar como policías. Además del potencial riesgo que eso representa se trata de una violación a lo que establece la Constitución, la ley del sistema nacional de Seguridad Pública, y la ley de la propia Guardia Nacional.
Datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia arrojan que son cinco los coordinadores estatales de la Guardia Nacional que cuentan con el Certificado Único Policial (CUP) vigente. Se trata de los generales Héctor Ortiz Caletty, coordinador de Guanajuato; Lucio Vergara Gómez, coordinador de Guerrero; José Manuel Ramírez Martínez en Nuevo León; Ernesto García Sánchez en Puebla; y Francisco Juan Toscano Camacho en Quintana Roo.
Los 27 coordinadores de los estados restantes, todos ellos generales provenientes de la Sedena, no cuentan con un CUP expedido y vigente como reconoce el propio documento oficial.
El Certificado Único Policial es la constancia que se entrega a un policía en México cuando supera satisfactoriamente cuatro procesos de capacitación: la formación inicial, la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño y la aprobación de los exámenes de control de confianza.
No superar cualquiera de esos procesos impide contar con el certificado. Y de acuerdo con las leyes que regulan la función policial en México y la propia ley de la Guardia Nacional, ninguna persona puede desempeñarse como policía si no cuentan con este certificado que avale que cuentan con este nivel de formación básico.
Cuando en 2019 se aprobó la reforma que posibilitó la creación de la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad civil se dio un plazo de tolerancia de dos años para que todos sus elementos fueran evaluados y certificados. Esto a sabiendas de que se integraría inicialmente con elementos de las fuerzas armadas que nunca habían sido capacitados ni evaluados con los estándares que requiere la función policial.
Pero dicho plazo de tolerancia se finiquitó desde mayo pasado, por lo que los 27 generales que lideran a la Guardia Nacional en los estados están abiertamente incumpliendo con este requisito legal obligatorio.
De acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, en el esquema jerárquico por encima de los coordinadores estatales solo se encuentran los coordinadores territoriales que son los responsables de coordinar las acciones en tres o más estados.
Animal Político solicitó a la Guardia Nacional conocer si dichos coordinadores territoriales sí cuentan con el CUP, pero la respuesta de la institución es que no hay nadie que ocupe actualmente esos puestos debido a que la corporación sigue en proceso de formación. Es decir, al frente del cuerpo de seguridad está solo el comandante en jefe y los 32 coordinadores estatales ya mencionados que carecen, en su mayoría, de las certificaciones correspondientes.
Tampoco el 85% de la tropa
En otras dos solicitudes de información, este medio requirió a la Guardia Nacional su estado de fuerza completo al cierre de agosto, así como conocer cuántos de esos elementos cuentan con el referido certificado policial obligatorio. La respuesta fue que, en promedio, 8 de cada 10 efectivos tampoco han completado el proceso de certificación a más de dos años de su despliegue.
Los datos proporcionados muestran que, en total, la Guardia Nacional cuenta con 102 mil 944 efectivos, de ellos 61 mil 708 pertenecen a la Defensa Nacional, 17 mil 418 son efectivos asignados desde la Marina, y 23 mil 818 son exelementos de Policía Federal. Como Animal Político ha documentado, estos datos prueban que la mayoría de los elementos de la GN son en realidad elementos asignados desde las Fuerzas Armadas.
De todos ellos, la corporación indicó que solamente 15 mil 476 efectivos cuentan con el CUP expedido y vigente, lo que equivale a menos del 15% de toda la fuerza. De acuerdo con la ley, el resto de los elementos no deberían permanecer en activo realizando funciones policiales.
Si esto se analiza por los grupos de origen de los guardias nacionales, los más atrasados son los que provienen de la Sedena, pues solo 6 mil 408 de ellos cuentan con el certificado, lo que equivale al 10.3%. Le siguen los que provienen de la Marina, pues apenas el 13.3% cuenta con el certificado policial.
En cambio, de los 23 mil 818 efectivos que provienen de la extinta Policía Federal hay 6 mil 408 que cuentan con el CUP vigente, lo que equivale al 28.3%. Aunque no es ni la tercera parte del total se trata del grupo más avanzado en cuanto a certificaciones dentro de la GN.
Retrasos y omisiones en informes
La Ley de la Guardia Nacional establece en sus artículos 96 y 99 que el gobierno federal debe presentar cada año ante el Senado de la República un informe escrito en el que de cuenta de manera detallada de todas las actividades realizadas el año anterior por dicha corporación. Dicho informe debe contener, entre otras cosas, un balance del uso de la fuerza de dicha corporación y posibles casos de abusos en el ejercicio de esta.
La norma añade que el documento debe entregarse durante el segundo periodo de sesiones de la cámara alta, es decir, a más tardar en mayo de cada año. Los senadores deben recibir el informe, analizarlo, y en su caso aprobarlo en ese mismo periodo.
Animal Político solicitó al Senado copia de los dos informes que, para este momento, debería haber entregado ya la Guardia Nacional correspondientes a sus dos primeros años de funciones. La respuesta de la cámara alta es que el Ejecutivo solo entregó el primer informe correspondiente al 2019, el 27 de febrero de 2020.
Dicho informe, agregó el Senado, fue aprobado por la Comisión de Seguridad y presentado ante el Pleno el 7 de octubre del año pasado para su primera lectura. En noviembre de ese mismo año fue aprobado.
Lo anterior significa que el Senado no respetó lo establecido en la Ley de la Guardia Nacional respecto a que dicho informe debía ser aprobado en el mismo periodo de sesiones en el que se presentó. En este caso, se tardaron prácticamente nueve meses desde que se recibió hasta que lo votaron.
Pero además el Senado no dio detalles sobre el segundo informe de la Guardia Nacional correspondiente al año 2020. Fuentes legislativas confirmaron a este medio que el Ejecutivo no ha mandado dicho documento y los senadores no han enviado ningún tipo de exhorto o extrañamiento a la GN por este motivo.
Irregularidades y accidentes
En los poco más de dos años de despliegue de la Guardia Nacional dicha corporación ya se ha visto involucrada en diversas irregularidades. A partir de documentos internos y testimonios de los afectados, este medio ha documentado diversos casos de abuso de la fuerza de efectivos de dicha fuerza, y el ofrecimiento de indemnizaciones cuantiosas por parte del Ejército a las víctimas.
En respuesta a una solicitud presentada, la Guardia Nacional reconoció que ha separado o cesado de la institución a 60 de sus elementos implicados por diversas irregularidades, y ha denunciado penalmente a tres de ellos por verse involucrados en posibles delitos.
Apenas el pasado viernes se registró una nueva denuncia por posibles irregularidades de los guardias nacionales, luego de que un colectivo reportó que elementos de dicha corporación ingresaron violentamente al domicilio de una buscadora de desaparecidos en Guanajuato con el pretexto de una denuncia por supuesta posesión de drogas, y golpearon a varias personas, entre ellos menores y personas con discapacidades.
