Diana Vega recorrió cavernas que forman parte del Sistema Aktun T’uyul, en donde se encuentran “Manitas” y “Oppenheimmer”; constata contaminación de acuífero maya
En representación de la candidata de la oposición a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, su hija –Diana Vega– descendió al interior de las cavernas ubicadas bajo el Tramo 5 Sur del Tren Maya, para constatar no solo que las obras continúan en desacato a la orden judicial que instruyó a la “paralización” de los trabajos, sino los impactos que provocan al acuífero.
La joven de 31 años, quien forma parte del equipo de campaña de la senadora con licencia, recorrió cavernas que forman parte del Sistema Aktun T’uyul, en donde se encuentran “Manitas” y “Oppenheimmer”.
“Todo el óxido y toda la grasa. ¡Imagínense! Los que son buzos o los que somos buzos, no te pones ni protector solar, ni nada, ni crema, porque tenemos miedo de contaminar el agua y vean lo que ellos están metiendo: Grasa, óxido. Esto lo acabamos de sacar del pilote”, expresó Diana Vega, mostrando la mano derecha llena de aceite o grasa, a la cámara que videograbó su visita.
La joven también observó cómo en ese momento las máquinas mantenían la perforación del suelo kárstico –que es el techo de las cavernas– para seguir hincando los pilotes, como una pretendida solución de ingeniería para darle estabilidad y soporte al Tren, en el tramo elevado.
El recorrido y la explicación sobre la importancia de estos sistemas cavernosos y del relevante papel del acuífero maya estuvo a cargo del biólogo, Roberto Rojo y del arqueólogo, Octavio del Rio e integrantes del movimiento Sélvame del Tren, quienes han invitado a la candidata Claudia Sheinbaum, del partido oficialista, a Jorge Álvarez Maynez y a la propia Xóchitl Gálvez, por la oposición, a caminar el trazo y visitar estas cuevas.
“Por cuestiones de agenda Xóchitl no pudo venir, pero nos pidió que lleváramos a su hija al Tramo, para que conociera de primera mano lo que pasa debajo del Tren”, relató Patricia Godínez, de la organización “Moce Yax Cuxtalt”.
Dentro de la caverna, Rojo explicó a la joven que, debajo de ese mismo lugar siguen las oquedades, otro sistema de cuevas que puede alcanzar hasta 100 metros de profundidad, “pero la gente del Tren Maya cree que es piso firme”, le dijo.
En las imágenes compartidas por la misma Vega Gálvez, se escucha a Roberto Rojo reflexionar acerca de que en toda película que habla sobre desastres naturales, los problemas inician cuando los gobiernos ignoran a la Ciencia, con la salvedad de que, en este caso, la situación es real.
“Nos están quitando lo más sagrado que tenemos: La naturaleza. No dejemos que sigan devastando nuestras cuevas y contaminando nuestras aguas”, escribió en sus redes sociales, la joven.
Por separado, la candidata, Xóchitl Gálvez indicó –también en sus redes- que los daños que está ocasionando el Tren Maya en cuevas y acuífero, “son irreversibles” y consecuencia de “la negligencia” del gobierno encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no hizo los estudios necesarios para una correcta y completa evaluación del impacto ambiental de obras de ese nivel.
¿De qué van los estudios y la suspensión judicial?
En torno a los estudios, existen dos momentos en el caso del Tramo 5, que va de Cancún a Tulum.
El primero, data del 2022, cuando debieron ser integrados como parte de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada en abril a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en apego a lo establecido por el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
La MIA, no sólo no contaba con esos estudios o con la totalidad de ellos, sino que fue ingresada posterior a la devastación de la selva, debido a que los trabajos para abrir la brecha en ese tramo, iniciaron antes de poder evaluar los impactos, lo que representa una violación al PEIA y, por tanto, a la LGEEPA.
Pese a ello, la Semarnat –contrario a lo que establece su reglamento– dio entrada a la MIA –extemporáneamente– y expidió el resolutivo que autorizó el megaproyecto, en junio del 2022, condicionando ese permiso, precisamente a la elaboración de dichos estudios.
El segundo momento ocurre cuando se dicta la suspensión definitiva, exclusivamente para el Tramo 5 Sur –de Playa del Carmen a Tulum– en diciembre del año pasado y notificada en enero del 2024.
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El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, ordenó “paralizar” las obras del Tren Maya en ese trazo, hasta que el gobierno federal acreditase haber cumplido con la elaboración de los estudios, como condicionante impuesta por la Semarnat.
Los estudios son de corte geológico, geofísico, geohidrológico y de mecánica de suelos. Además, el juzgador solicitó le sean presentadas bitácoras, memorias de construcción y todos los registros sobre existencia y ubicación de cenotes, cavernas y cuevas que se encuentren a lo largo del trazo; las medidas de prevención y protección que se hubieran adoptado para evitar la contaminación del agua subterránea, ahí; y, caso de existir, las incidencias tales como derrumbes, socavones u otras, que hayan en el Tramo, así como las acciones que se hubieran realizado para atenderlas.
Las obras no han parado, pero los estudios tampoco se han entregado. El juez, Adrián Novelo emitió un acuerdo semanas atrás, mediante el cual advierte al gobierno federal que violentar la suspensión definitiva es un delito que se castiga con cárcel, lo cual es extensivo para las constructoras a cargo de los trabajos.
La suspensión es muy clara, pues sus efectos establecen que no deben realizarse las obras relacionadas con “la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra que implique su ejecución material”, lo cual aplica para las autoridades federales a cargo, como para las constructoras o empresas involucradas en el Tramo 5 Sur.
Le señaló, además, que tampoco se ha acreditado el cumplimiento de las condicionantes 9, 10 y 26 impuestas por la Semarnat, por lo que instruye a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), competente para verificarlo, que intervenga.
