Publicada: 22 agosto 2011
Quizá el niño José Carlos Pérez Chan, de 5 años, siempre ha oído cosas buenas de los policías o los ha visto como héroes en la televisión porque ayer estuvo a punto del llanto para saludar al oficial Alfredo Leal Chaires, en el Anillo Periférico.
El niño y sus padres llegaron en auxilio de "doña Cruz" y "Armín", que tenían un problema con un conocido. Cuando se resolvió el lío, los papás regresaron a su Sentra, pero el niño no entró, se agachó e hizo su "puchero". Le preguntaron qué le pasaba y dijo que quería ir con los policías.
Su madre lo acercó y enseguida el niño se aferró a las piernas de Leal Chaires, quien lo acarició. El niño se retiró contento
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El miércoles pasado informamos que el Consejo Estatal integró una comisión especial en cabezada por el consejero José Antonio Martínez Magaña para trabajar en la solicitud de registro de un nuevo partido.
Señalan a un diputado
"Se menciona que incluso podría estar detrás de ese partido el diputado federal priista Rolando Zapata Bello", comentó.
Incluso, señala que el proceso en la realización de sus asambleas, que exige la ley como requisito, difícilmente fueron legales. Esto -aclaró el perredista-, porque al menos una duró una hora.
"Es decir que en 60 minutos revisaron y anotaron las credenciales de elector de los 500 asistentes, como se exige mínimo, y se presentaron y aprobaron sus estatutos y directiva, no es posible eso en tan poco tiempo", enfatizó.
Acerca de que pueda ser un partido satélite del PRI, Valdez Elizondo consideró que sería algo muy aventurado señalarlo, pero en todo caso es el Instituto Electoral el que deberá hacer su trabajo y aclararlo.
TINUM.- José Inés Uitzil Kumul, principal rival del alcalde, Evelio Mis Tun, se define como un verdadero panista y niega que tenga algún arreglo o reciba dinero del gobierno del Estado.
Entrevistado en su casa de esta cabecera municipal, el secretario regidor dice que el pleito no es entre partidos, sino entre los propios panistas.
Según afirma, Evelio Mis no es panista, sino que fue impuesto por Pedro Couoh (Suaste) y la directiva estatal del partido, de modo que desde un principio defraudó las aspiraciones de los militantes del PAN.
Sobre la personalidad del alcalde, dice que es déspota, prepotente, "no está bien de sus facultades" y quiere imponer su voluntad. "Le falta capacidad para gobernar al pueblo, quiere hacer las cosas a su modo".
Uitzil Kumul dice que Mis Tun expresamente desprecia al Cabildo y al partido. "Una vez insultó al partido".
Sobre las riquezas del alcalde, dice que "Evelio se jacta de que no el partido le financió su campaña, y como la gente dice que tiene nexos con el narco, pues concluyen que de ahí salió.
En cuanto al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó al alcalde instalarse en la cabecera, Uitzil Kumul dice que por su parte no le impediría entrar y despachar en el palacio. Sin embargo, cree que es difícil que esto se pueda concretar, porque "la gente está cansada de su actitud y no se lo va a permitir".
La única salida que ve es que la directiva del PAN se dé cuenta que Evelio Mis no tiene capacidad para gobernar, y que el Congreso designe a un presidente municipal interino, "imparcial, que no sea ni del PAN ni del PRI; mejor si es alguien de fuera".
El maestro y abogado Óscar Cabrero Valerio considera que el nuevo sistema penal acusatorio que se aplicará en México generará un equilibrio en la aplicación de la justicia y no ocasionará impunidad ni corrupción en los cuerpos jurisdiccionales.
A su juicio, el nuevo modelo de justicia acabará con una vieja tradición policiaca de "primero te detengo y después te investigo" y con las reformas constitucionales ahora se privilegia el respeto a los derechos humanos.
El licenciado Cabrero Valerio es presidente y director de la empresa Proyectos y Diseño de Programas para Empresas Privadas y Dependencias Gubernamentales; fue un experto policía y es uno de los maestros que tienen certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para capacitar a los servidores públicos del sistema de justicia y de seguridad pública del país.
Impartió un curso de 40 horas a 65 agentes de la Policía Municipal sobre medios de investigación y actuaciones de la policía de investigación en escenas del crimen con objeto de que los policías sepan cómo actuar, preservar la escena de un crimen, recabar evidencias e iniciar la cadena de custodia de una investigación.
Para el maestro Cabrero Valerio, el nuevo modelo acusatorio no ocasionará impunidad entre delincuentes menores porque si se comprueban sus delitos, serán sancionados con cárcel o pago de las reparaciones de los daños.
"No es que los delincuentes no pisen la cárcel. En esta reforma integral sobre la procuración y administración de justicia y reinserción social de los delincuentes se privilegiarán la presunción de inocencia, la mediación y el juicio oral".
"Antes te detenían para investigar, ahora te investigarán y si hay pruebas te detendrán", reiteró. "Con el antiguo modelo de justicia el presunto estaba en desventaja, ahora habrá una igualdad de características, un equilibrio y mayor respeto a los derechos humanos".
Cree que estas reformas y el nuevo sistema penal propiciarán mayor transparencia en la actuación de las policías, ministerios públicos y jueces, porque tienen que hacer las cosas como deben de ser y apegadas a las leyes.
"En el caso de las policías, tendrán mucha responsabilidad porque son los primeros en llegar a la escena de algún delito y deben conocer cómo actuar y preservar la cadena de custodia", subrayó.Dijo que los medios alternativos, como la mediación, solucionarán problemas en forma rápida y consensuada entre las partes y con ello se evitará la sobrepoblación en las cárceles de México porque la intención es que sólo llegue el 10% de las denuncias a los juicios orales.
El sistema abierto de los procesos y las restricciones que tendrán los jueces de los expedientes serán una garantía de que todo se hará con transparencia y será más difícil que aquellos se corrompan.
Ve que Yucatán se prepara a marchas forzadas porque el 19 de noviembre empezará a aplicar el nuevo sistema penal acusatorio junto con un nuevo código penal reformado."Sé que hay fuerte capacitación en todas las instancias de la procuración y administración de justicia, dijo, pero veo que hay atraso en la capacitación de las policías estatales y municipales, no sólo de Yucatán sino del país en general".Cabrero Valerio informó que los 65 policías municipales de Mérida es el primer grupo que recibe capacitación bajo los lineamientos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero faltan las corporaciones de los otros 105 municipios y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán."La policía de Mérida es un caso inédito en el país porque es la primera que se capacita para actuar en el nuevo modelo acusatorio, señaló. Todos se tienen qué capacitar desde el policía, el comandante, los jefes y ministerios públicos".La capacitación policial va lenta porque su empresa apenas ha impartido cursos especializados en Chiapas, Campeche y Yucatán. Incluso, la Faculad de Derecho de la Uady recibe peticiones para capacitar a los cuerpos policiacos y jurisdiccionales, pero no tiene especialistas."Ya me contactaron de la Facultad de Derecho para que yo capacite a sus profesores para que sean capacitadores, reveló. Estamos en pláticas para organizar los talleres".Sobre la capacitación de los policías de Mérida dijo que mejoraron su desempeño como investigadores, a preservar una escenario de algún delito y recrearon varias escenas para evaluar su desempeño.A su juicio todos los participantes salieron muy bien
Por lo menos cinco regidores meridanos del PRI figuran en una lista preliminar de aspirantes a diputados locales. A ellos se suman funcionarios del Ejecutivo y alcaldes del interior del Estado.
En esa relación aparecen cinco mujeres, de las cuales tres son alcaldesas, una es funcionaria del gobierno y una más ya ha sido diputada local.
En la contienda por las cinco diputaciones federales de mayoría asoman la cabeza seis legisladores locales y dos secretarios del gabinete de Ivonne Ortega Pacheco. En este grupo sólo hay una mujer, que fue diputada estatal y alcaldesa.
En esta segunda entrega del reportaje sobre los movimientos preelectorales en el PRI ofrecemos los nombres de quienes han manifestado interés en los puestos que estarán en juego o son señalados con probabilidades.
La lista está dividida por distritos. La inclusión de ternas no significa que uno de sus integrantes resulte electo candidato del PRI, pues negociaciones o coyunturas posteriores podrían modificar el escenario.
Hay un grupo al que no se ubica en un distrito específico, pero se da por un hecho su participación en la contienda interna o su colocación en la lista de aspirantes plurinominales al Congreso del Estado. En este bloque figuran:
Alvaro Omar Lara Pacheco.- Primo hermano de la gobernadora, es actualmente secretario del Ayuntamiento de Mérida. Se le conoce interés en una diputación plurinominal, aunque asumiría la alcaldía en caso de que Angélica Araujo Lara sea llamada a otra postulación.
Humberto Hevia Jiménez.- También regidor de la Comuna meridana, es hermano de Luis, presidente estatal del PRI, y se le ubica como aspirante al Distrito V, con cabecera en Mérida.
Se le ha visto muy activo en visitas a las colonias y es uno de los ediles más cercanos a la alcaldesa Angélica Araujo, a quien siempre defiende de las críticas de los regidores de la oposición.
Francisco Torres Rivas.- Se le menciona como probable candidato en el Distrito I federal, aunque finalmente podría quedar en la lista plurinominal.
Es secretario de Obras Públicas y corre la insistente versión de que se busca fuero para él con una diputación, "por cualquier problema" que pudiera presentarse. La dependencia que encabeza ha estado en el ojo del huracán, por presuntas irregularidades de índole financiera.
Alvar Rubio Rodríguez.- Es secretario general del sindicato de trabajadores del sector salud y dirigente de la CNOP en Yucatán. Muchos lo catalogan de protagonista en exceso. Es promotor de la "ola roja" y siempre opera por instrucciones del Palacio de Gobierno.
Daniel Trejo Lizama.- Es regidor en Mérida, posición a la que llegó con la renuncia de Santiago Altamirano Escalante para ocupar una magistratura en el Poder Judicial. Se dice identificado con el grupo de Emilio Gamboa Patrón y aspira al Distrito IV.- Angel Noh Estrada
A pesar de que ya se manejan nombres para los distritos locales que tienen cabecera o injerencia en Mérida, en las filas del PRI se da por descontado que algunas candidaturas de esas demarcaciones serán cuotas de los diferentes grupos, sobre todo para conciliar posiciones con quienes no resulten favorecidos con la designación en la alcaldía.
En la información principal de esta página consignamos algunos nombres de quienes son considerados fuertes aspirantes priistas en la capital yucateca.
El Distrito VI tiene cabecera en Kanasín, pero abarca varias secciones electorales del municipio de Mérida. Su diputado actual es Carlos Pavón Flores.
En esa jurisdicción se manejan, hasta ahora, las siguientes precandidaturas:
Francisco Medina Sulub.- Es director general del Consejo Estatal de Población y fue aspirante en el Distrito XII en 2007, pero se quedó en el camino.
También fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario y se le liga con el senador campechano Alejandro Moreno.
Jorge Sobrino Argáez.- Es hijo de Carlos Sobrino Sierra, uno de los asesores del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. Es actualmente regidor de Mérida, posición a la que llegó como cuota de su padre, y se ha distinguido por su escasa, casi nula participación en el Cabildo.
Daniel Granja Peniche.- También regidor del Ayuntamiento meridano, es hijo del ex gobernador Federico Granja Ricalde. Es suplente de Rolando Zapata Bello en la diputación federal del IV Distrito y, aunque también se le conoce como cuota del ingeniero Granja, se le ha visto muy activo y en círculos priistas se le considera un buen "cuadro" (prospecto).
En la edición de mañana nos referiremos a la lista de priistas que son mencionados como aspirantes al Congreso en distritos del interior del Estado y también a los que buscan las diputaciones federales.
Política y gobierno
Entre las expectativas, señalamientos y advertencias sobre lo que será el primer proceso electoral concurrente -elecciones federales y estatales al mismo tiempo- de Yucatán en 2012, los yucatecos ya están inmersos en ambos procesos, pues los preparativos ya se iniciaron.
El domingo 1 de julio de 2012 los yucatecos elegirán en las mismas casillas, pero con mesas y ánforas paralelas donde depositarán sus votos, para presidente del país, senadores, diputados federales, gobernador, legisladores locales y alcaldes.
Ya se observa la movilización y preparativos de parte de la sociedad y entre las organizaciones civiles y no gubernamentales para preparar a los candidatos que presentarán para integrar los seis consejos federales -El consejo local y cinco distritales-, así como los 121 estatales -15 distritales y 106 municipales-.
Aunque oficialmente ambos procesos se inician en octubre con la instalación de sus respectivos consejos, el proceso ya comenzó desde junio pasado.
Por acuerdo de las autoridades electorales federal y estatal se realizarán procesos paralelos, cada uno organizará y desarrollará el suyo, aunque buscarán coincidir fechas y plazos, sobre todo en las campañas.
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) inició sus preparativos en junio, cuando los consejeros estatales aprobaron por unanimidad que en las elecciones de 2012 se aplique la misma distritación que en el anterior proceso.
O sea que en 2012 por acuerdo de los consejeros se elegirá 15 diputados locales -siete en Mérida y ocho en el interior del Estado-, por la vía del voto directo, y 10 plurinominales, así como 106 alcaldes y al gobernador.
El Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) informa que Yucatán es de los estados con más candidatos a consejeros electorales, con 13 hasta hoy, para renovar a ese cuerpo colegiado del que se derivará en cascada toda la estructura que organizará las elecciones federales en el Estado.
El presidente de la Junta Local del IFE, Fernando Balmes Pérez, recordó que el plazo para registrar a los candidatos a consejeros se cierra el miércoles 31, y esperan terminar al final con 50 a 60 aspirantes.
Por cierto, indicó que él mismo estará bajo el escrutinio, pues será evaluado para que el Consejo General del IFE en la ciudad de México defina si continua como presidente del Consejo Local en Yucatán, con los nuevos consejeros.
Ya son suficientes
Balmes Pérez señaló que con los ya registrados habría suficientes para integrar el próximo Consejo Local, al considerar que se necesitan seis consejeros propietarios, con sus respectivos suplentes (12 en total). Sin embargo; consideró que en los próximos días se registrarán más.
El funcionario indicó que hasta hoy los que se han registrado en su gran mayoría lo hicieron de manera individual, todavía falta que las organizaciones civiles y no gubernamentales presenten a sus candidatos".
El Consejo General en la ciudad de México definirá en la primera semana de octubre a los consejeros electorales para todos los estados.
La primera tarea que tendrán será el convocar al registro de candidatos para integrar los cinco consejos distritales de Yucatán (seis propietarios con sus suplentes).
Para continuar con los preparativos del proceso, de manera oficial en octubre procederán a instalarse los respectivos consejos locales del IFE y General Estatal del Ipepac.
El IFE instalaría su consejo local una vez que el Consejo General en la ciudad de México designe a los consejeros para todos los estados.
En el caso del Ipepac, de acuerdo con los artículos 128, 182 y 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los primeros días (a más tardar el 7) de octubre del año anterior a la elección, deberá realizar su sesión de instalación.
Así, en los primeros días de octubre iniciarían oficialmente en Yucatán ambos procesos de 2012, aunque desde ahora ya participan los yucatecos en los preparativos.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es acusada de torcer la ley y derrochar millones de pesos del erario estatal para impulsar sus dos megaproyectos: un complejo de 12 hoteles, con playas y lagos artificiales, campos de golf y un parque acuático, todo dentro de la zona de Chichén Itzá, y la construcción de una ciudad dormitorio en el municipio de Ucú, conurbado a Mérida. Un dato demoledor: en el primer caso, la mandataria pagó incluso un sobreprecio de 2 mil 750% para apropiarse de un predio de 83 hectáreas, en lugar de expropiarlo.
Por su empeño en desarrollar sus dos megaproyectos –un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida–, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, concitó el rechazo generalizado de artesanos y comuneros de varios municipios de la entidad, quienes la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas de especulación inmobiliaria, en particular el Grupo Kaknab.
En Chichén Itzá, comentan varios de los artesanos, el gobierno de Ortega Pacheco pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan los empresarios Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero sobre todo sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de 83 hectáreas a su propietario Hans Jurgen Thies Barbachano, a un sobreprecio de más de 2 mil 750%, en lugar de expropiarlo.
Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio arqueológico –el más importante de la cultura maya en Yucatán– en una zona hotelera.
Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará 83 hectáreas –45 de las cuales pertenecen a la zona arqueológica–, constará de 12 hoteles, así como playas y lagos artificiales, campos de golf, un parque acuático, casas de artesanías y varios centros de convenciones.
Los ejidatarios y comuneros advierten que, con ese proyecto, Ortega Pacheco prácticamente privatizaría la zona arqueológica de Chichén Itzá para beneficiar, dicen, a González Cid y a Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria yucateca.
Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial: Grupo Xcaret, que hoy administra el parque acuático del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ortega Pacheco, Grupo Kaknab se benefició ya con dos obras: la instalación de Discover México en la isla de Cozumel, y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno que encabeza Ortega Pacheco.
En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron 300 hectáreas y luego se las adjudicaron al Grupo Kaknab para que, por medio de su filial I Arquitectura, erigiera el Palacio de la Cultura Maya.
El Diario de Yucatán y el antropólogo José Luis Sierra Villarreal, exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado, han documentado que Grupo Kaknab compró desde hace algunos años 600 hectáreas en los alrededores de Chichén Itzá para impulsar un “parque temático” y un proyecto megahotelero que incluiría lagos artificiales, campos de golf, centros de diversiones y de apuestas al estilo Disneylandia y Las Vegas.
Feria especulativa en Chichén
El 30 de marzo último, el gobierno de Ortega Pacheco informó sobre la adquisición de 83 hectáreas, pertenecientes a la familia Barbachano Gómez Rul, propietaria original de la hacienda de Chichén Itzá, por las que pagó 230 millones de pesos.
Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio durante varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las 83 hectáreas. No tuvo éxito.
En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en 8 millones de pesos. Y en marzo pasado la administración de Ortega Pacheco anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.
De las 83 hectáreas, 45 corresponden a la zona arqueológica y las restantes a las zonas contiguas, conocidas como “polígonos”: sur, norte y noroeste, en los que se construirá un nuevo aeropuerto y, según los planes de Ortega Pacheco, un desarrollo turístico de gran escala, similar a Disneylandia.
El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.
Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre del año pasado denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.
El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las 746 hectáreas que comprenden los terrenos de la zona arqueológica, impidiera el cobro por el acceso a los monumentos históricos y evitara el desalojo de los comerciantes.
No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.
La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ortega Pacheco.
El gran negocio de Ucú
En paralelo, el Congreso del estado autorizó este año al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco un endeudamiento de 343 millones 375 mil pesos para la adquisición de terrenos ejidales en el municipio de Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que encabezaba la arquitecta Angélica Araujo Lara, quien le arrebató al PAN la alcaldía de Mérida en las pasadas elecciones estatales.
Araujo Lara es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, la artífice del llamado Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es la construcción de 56 mil 800 viviendas en una extensión de aproximadamente mil 800 hectáreas en ese municipio conurbado a Mérida. Con este plan se elevaría a casi 100 mil el número de edificaciones en esta zona y el municipio de Caucel, donde han sido beneficiados 10 grandes grupos del ramo de la construcción.
Uno de éstos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.
Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.
Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5×15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del estado.
El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.
La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ortega Pacheco, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.
Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando ella era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.
En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega Pacheco durante el proceso electoral en Yucatán.
En su edición del lunes 14, el Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente 581 hectáreas. Según el rotativo, el dinero recaudado presuntamente servirá para financiar la campaña estatal del PRI.
El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró 581 hectáreas. Antes, la revista Artículo 7 publicó un análisis en el que aludía al negocio multimillonario de Ucú y la manera en que opera:
“Se compran las tierras pagando 120 mil pesos por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del estado, una vez que haya introducido infraestructura urbana, las podría vender al grupo de inmobiliarios ‘consentidos’ en 1 millón 200 mil pesos por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de 3 mil 600 millones de pesos. La mayor parte de este millonario negocio se movería ‘por debajo del agua’ y gran parte sería utilizado en campañas políticas del PRI.”
El despojo
Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3 mil 600 hectáreas, así como una denuncia por despojo que encabeza Pedro Manuel Rosado Reyes, dueño del predio llamado Chacsiniché.
Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.
Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: “Nunca tuve ningún problema”.
Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ortega Pacheco y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.
Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.
“Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme”, denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.
Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido a Constructora Hogare, de Juan Manuel Ponce Díaz, otra de las beneficiarias de la nueva “ciudad dormitorio” que será construida en Ucú, a ocho kilómetros de Mérida.
“Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo”, sentencia Reyes Rosado.
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