Cobijados en las sombras de la noche y con la ayuda de maquinaria pesada, personal de Bterra Inmobiliaria, empresa que construye una plaza comercial a la entrada del aeropuerto de Mérida, invadió parte del terreno federal para ampliar su calle de acceso, pasando por encima de diversas disposiciones de ley.
En lo que constituye un presunto caso de abuso en Yucatán, la constructora, filial de Grupo Bepensa, se "agandalló" nada menos que parte de la avenida principal de la terminal "Manuel Crescencio Rejón", vulnerando así el campo aéreo de jurisdicción federal.
Luego de una serie de diligencias y aclaraciones, Bterra hizo caso omiso a un dictamen de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que concluyó que el espacio en disputa pertenece a las 584.6 hectáreas que son propiedad del aeropuerto internacional de Mérida.
No obstante de que tenía conocimiento del dictamen, la constructora de Grupo Bepensa decidió actuar de manera furtiva y esperó a que cayera la noche para romper parte de la avenida y ampliar el acceso a Plaza Meridiano, nombre del complejo comercial, cuyos trabajos llevan buen avance.
El único alegato que utilizó la empresa es que tenía un permiso del Ayuntamiento de Mérida para agenciarse parte del terreno y ampliar su acceso, toda vez que en el Catastro Municipal no existen documentos que acrediten que esa vialidad es propiedad del gobierno federal.
Sin embargo, tal alegato se vino abajo con el dictamen de la DGAC, con número de oficio 4.1.2.3.-831, fechado este 13 de junio, el cual está sustentado en diversos ordenamientos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Ley de Aeropuertos.
Además, el Ayuntamiento de Mérida carece de facultades para otorgar permisos de obra en terrenos federales, de manera que la empresa yucateca estaría incurriendo en graves violaciones a la ley y podría ser sujeta a responsabilidades por posibles delitos de orden federal.
De hecho, la administración del aeropuerto de Mérida, concesionaria de la terminal aérea, ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Llama la atención que, hasta este momento, la Policía Federal o el Ejército no hayan intervenido para frenar este abuso de Bterra y proteger el patrimonio del gobierno federal, ya que los trabajos continúan en plena luz del día.
