Noticias de Yucatán.
Entre las más de 3 mil 400 candidaturas que se disputan el voto en la primera elección del Poder Judicial en México, hay nominaciones de todos los colores, pero una en el norte del país luce como bandera roja que alerta sobre un grave peligro: la de un aspirante a ser electo magistrado, mientras está vinculado a la desaparición de un joven periodista.
Se trata del abogado Andrés Montoya García, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, quien se presenta como un especialista en seguridad pública, justicia y derechos humanos con más de 30 años de experiencia.
En su CV omite las razones por las cuales la asociación civil Defensorxs ha colocado su nominación en la categoría de “candidatura altamente riesgosa”: Andrés Montoya García está acusado de ser el autor intelectual del rapto y posible asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, ocurrido el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, Sonora.
“Es candidato para un puesto que va a resolver asuntos penales y es potencialmente un riesgo para los activistas, periodistas y más personas que defienden los derechos humanos. Es muy preocupante el señalamiento en su contra y contra su círculo cercano, así como la posibilidad de que llegue a una posición en el Poder Judicial en la cual pueda proteger a autoridades relacionadas con otras desapariciones”, planteó a MILENIO el presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza.
Jiménez Mota había iniciado su carrera como reportero en la nota roja, pero pronto se interesó en hacer investigaciones más profundas relacionadas con el crimen organizado en su natal Sonora y sus nexos con funcionarios de alto nivel en el estado.
En las semanas anteriores a su desaparición, el comunicador estaba decidido a descubrir quiénes eran los cómplices institucionales de la banda Los Salazar, un brazo armado y operativo del Cártel de Sinaloa, entonces encabezado por Adán Salazar Zamorano, Don Adán, hoy extraditado a Estados Unidos.
También investigaba a un grupo criminal llamado ‘Los Números’ o ‘Los Güeritos’, liderados por los hermanos Enríquez Parra; y continuaba con una serie de publicaciones sobre la organización de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes el periodista llamó ‘Los Tres Caballeros’. Todos estos grupos criminales estaban integrados por funcionarios públicos en la policía judicial y las cárceles locales.
El día de su desaparición recibió una llamada telefónica a su celular y avisó a una compañera del diario El Imparcial que se verían más tarde, pues antes debía reunirse con un contacto que estaba “muy nervioso”, de acuerdo con el perfil escrito por el periodista Ramón Eduardo Ortiz para el libro Tú y yo coincidimos en la noche terrible.
Después de las 21:00 horas, el teléfono se apagó y desde entonces se perdió todo rastro de Jiménez Mota, cuyas pertenencias quedaron intactas en su departamento.
Las investigaciones sobre su ausencia confirman que la última reunión que sostuvo el periodista, ese 2 de abril de 2005, fue con el hoy candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora, Andrés García Montoya, quien entonces se desempeñaba como subdirector general del sistema penitenciario del estado, en los tiempos en los cuales el Cártel de Sinaloa había infiltrado las prisiones locales con ayuda de funcionarios corruptos.
De acuerdo con una investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el hoy candidato confirmó aquel encuentro nocturno con Jiménez Mota ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Dijo que habían conversado en su camioneta mientras recorrían la ciudad y hablaban de un tema “delicado”: la liberación de un presunto narcotraficante apodado El Estudiante, considerado muy peligroso por las autoridades y sobre quien Jiménez Mota realizaba una investigación.
Andrés García Montoya aseguró que al terminar la conversación había dejado al periodista en un supermercado. Se dijo sorprendido por ser el último que vio con vida al egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero la coartada de Andrés García Montoya tenía un problema: su propio hermano.
“En los años posteriores, diversas fuentes periodísticas y testimonios han señalado la posible participación de funcionarios públicos y elementos de corporaciones policiales en su desaparición, entre ellos José Antonio Montoya García, alias El Montoyita, hermano de Andrés Montoya García y agente de la Policía Judicial de Estado, quien fue señalado como autor material del ‘levantón’ del periodista y posteriormente fue asesinado el 7 de septiembre del 2006”, establece la investigación de Defensorxs.
“El Montoyita era un policía judicial que trabajaba para el Cártel de Sinaloa. Siempre se supo que su hermano Andrés andaba en lo mismo, pero operaba en las cárceles. Sólo hay que unir los puntos, caray: no hay que ser un genio para saber quiénes hicieron esto”, asegura a este diario un colega en Sonora de Jiménez Mota, quien ha pedido que su nombre sea omitido por seguridad.
Disculpa contra la impunidad
A pesar de los señalamientos a los hermanos de ser autores intelectuales y materiales del crimen contra el comunicador que estaba por publicar sus hallazgos de la “narcopolítica” sonorense, no hay registros oficiales de que Andrés Montoya García haya sido investigado.
En reconocimiento a que la desaparición de Jiménez Mota fue un crimen de Estado, es decir, en el que no sólo se involucró el crimen organizado, sino que las órdenes de su rapto fueron dadas por funcionarios públicos, en diciembre de 2021 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno mexicano, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa oficial en Empalme, Sonora, cuna del periodista.
“Vengo a reconocer la responsabilidad del Estado en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y a ofrecer una disculpa pública porque el Estado no supo garantizar su seguridad, integridad, sus derechos y su libertad. Vengo a ofrecer esta disculpa con total convicción y sin condición alguna”, declaró Encinas junto a una placa en honor al comunicador.
Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General de la República, quienes supuestamente tienen el expediente de Jiménez Mota, no han señalado a nadie como responsable de la desaparición del periodista. Y llevan, al menos, cinco años sin informar a los padres José Jiménez y Esperanza Mota, si hay avances en el caso. Todo lo que hay es silencio.
Este martes 1 de noviembre, a pregunta expresa de la periodista sonorense Shaila Rosagel, amiga de Jiménez Mota, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió en la conferencia matutina a preguntar al fiscal Alejandro Gertz Manero el estado de la investigación, tras 20 años sin culpables ni detenidos y un exfuncionario público señalado por su responsabilidad, pero no investigado… y hoy candidato a reformar el Poder Judicial.
El crimen vota en Sonora
Los grupos criminales que hace 20 años investigaba el periodista Jiménez Mota siguen vigentes en Sonora y buscarían expandir su influencia en el estado usando a candidatos afines en la elección al Poder Judicial.
Los Salazar, por ejemplo, se han afianzado en la ruta migrante que conecta al Desierto de Sonora con Arizona y para consolidar su poder territorial han forjado una alianza con ‘Los Chapitos’, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Uno de sus integrantes más prominentes, Crispín Salazar, está ligado a otro crimen contra la libertad de expresión: en 2017 ordenó el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, quien también investigaba los nexos entre crimen organizado y funcionarios locales.
Otro importante criminal en Sonora es Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, hijo del abatido Alfredo Beltrán Leyva, miembro del grupo que Jiménez Mota llamó ‘Los Tres Caballeros’. A sus 34 años pretende continuar con la influencia perniciosa de su padre y sus tíos Arturo y Héctor.
Y aunque ‘Los Números’ han perdido fuerza, otros grupos delictivos han surgido con fuerza y tendrían interés en hacer ganar a sus candidatos a jueces y magistrados: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Nuevo Cártel Independiente de Sonora y el Cártel de Caborca, entre otros.
La organización México Evalúa ubicó a Sonora como un estado con un nivel de riesgo “medio” en violencia político-criminal en estas elecciones judiciales. Los focos rojos, según este semáforo de peligro, están en ciudades como Guaymas, Caborca, Nogales y Hermosillo. Este último municipio, la capital del estado, es sede del Quinto Circuito del Poder Judicial, donde Andrés Montoya García hace campaña para magistrado.
“El riesgo de que se filtren los intereses del crimen organizado en esta elección no sólo existe con los candidatos que están señalados por tener vínculos oscuros; existe en los demás candidatos, porque la lógica de la elección de jueces y magistrado es una lógica local, donde las posibilidades de ganar son mayores, mientras se hagan acuerdos con grupos de poder en territorios donde el crimen organizado tiene la capacidad de movilizar a su base social y convertirla en estructura electoral”, alerta Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensores.
Fuente: milenio
