En una jornada de más de seis horas, en el Congreso del Estado se leyó ayer el informe anual de actividades de Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), y se aprobaron dos iniciativas que “buscan garantizar la seguridad pública y jurídica de los yucatecos”.
Las reformas y adiciones a varias disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todas del estado de Yucatán, y la iniciativa de nueva Ley del Notariado fueron aprobadas por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Nuevas facultades
Las reformas en materia de seguridad otorgan a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos, a la policía ministerial, a las autoridades responsables de ejecutar sanciones, así como a los jueces y tribunales del Estado, la facultad de investigar, perseguir y sancionar la consumación de delitos que atenten contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Se establecen nuevas técnicas de investigación mediante agentes infiltrados, lo cual obliga a la Procuraduría General de Justicia del Estado a brindar protección a los testigos, víctimas, peritos, jueces y demás personas que intervengan en las averiguaciones.
En la iniciativa de Ley del Notariado se regula el uso de tecnologías cibernéticas, de comunicación e información, a través del Protocolo Electrónico.
Este Protocolo es el conjunto de documentos, accesorios y archivos electrónicos en los que constan los hechos y actos autorizados por los notarios.
Se dijo que esta ley, que ha generado polémica porque, se dice, favorecerá a un grupo, fue enriquecida con las propuestas del Consejo de Notarios, el Colegio Yucateco de Notarios, el Colegio de Notarios y el Consejo de Escribanos de Yucatán.
