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La queja, por un daño patrimonial de 100 mil pesos
El Ayuntamiento de Mérida, encabezado por el panista Renán Barrera Concha, interpuso ayer la primera denuncia penal contra un funcionario de la administración que presidió la arquitecta Angélica Araujo Lara, del PRI.
Desde hace 23 años ningún Ayuntamiento denunciaba a algún ex funcionario hasta ayer, cuando el apoderado legal de la Comuna, Rodrigo Osorio Cáceres, denunció a María Doris Ybone Candila Echeverría, ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, por daño patrimonial de 100 mil pesos.
La anterior querella penal contra funcionarios municipales ocurrió el 1 de octubre de 1989, cuando los entonces diputados panistas Benito Rosel Isaac, Ana Rosa Payán Cervera, Roger Cicero MacKinney y Luis Rejón Peraza denunciaron al alcalde priista Carlos Traconis Ceballos y sus directores Orlando Enríquez Cardeña y Rafael Cárdenas Braña por fraude y peculado por compras irregulares y precios alterados a los proveedores de una grúa y refacciones automotrices.
Todos fueron encarcelados, pero tras un juicio de tres años fueron exonerados por el juez 1o. de Defensa Social, Rafael Fernández Arciga.
Osorio Cáceres asentó ayer la denuncia a las 6:23 horas en la Agencia 10a. del Ministerio Público y, a decir de la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera, la acusada está confesa y hay pruebas documentales de que incurrió en desvió de recursos por lo que espera que la Fiscalía General del Estado le de curso y consigne el expediente a los juzgados penales como marcan las leyes.
“Pruebas suficientes”
Doris Candila recibió el 18 de julio pasado, un mes antes de que concluya la administración que comenzó Angélica Araujo, un vale de caja de $320,000 para el pago de gastos diversos y compra de alimentos para la Casa Refugio para las Mujeres Víctimas de la Violencia Extrema (Carem) y debió pagar a Fátima Díaz, pero no lo hizo. Se quedó con $50,000, dinero que devolvió cuando la actual administración descubrió el desvío, pero de otros $100,000 se desconoce su destino.
En el memorial de la denuncia penal presentada ayer se señala que la administradora del IMM, Amaranda Becerra Puerto, confirmó que la ex directora se apropió de los recursos con los cuales debió pagar a la proveedora.
Además, hay una plática telefónica “notariada” donde Doris Candila acepta su responsabilidad y testigos de cuando devolvió el dinero el 7 de septiembre pasado.
Cuando la denunciada dejó su cargo no informó sobre pagos pendientes a proveedores, pero Rosario Díaz se presentó el 4 de septiembre para reclamar a la administración de Renán Barrera Concha el pago de una deuda de $150,000.
La proveedora exhibió dos recibos de honorarios: uno de $100,000 y otro de $50,000 por servicios de mayo, junio, julio y agosto de 2012.
Ante esas pruebas, la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera, dijo que la denuncia tiene elementos sólidos para que se configure el delito de peculado, pero la tipificación corresponde a las autoridades.
“Hay pruebas suficientes”, reiteró. “No nos vamos a aventar al ruedo sin pruebas. En este caso hay elementos para que la consignen”.
A una pregunta, Lizette Mimenza dijo que espera que los representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo cumplan con lo que establecen las leyes y tomen en cuenta las pruebas que aportan para sustentar los delitos.
“Pedimos que se respete la ley y que lleven a buen camino esta denuncia porque sí hay desvío de recursos”, subrayó. “Quiero precisar que esta denuncia penal no tiene nada que ver con la investigación que realiza el comité de entrega-recepción”.
La directora de Gobernación también informó que el equipo jurídico trabaja en tres expedientes más que servirían para denunciar a otros ex funcionarios de la administración pasada.
Uno de esos ex funcionarios es Carlos Bastarrachea Lara, quien fue director de Finanzas y Tesorería. No entregó sus oficinas y tampoco acudió al citatorio para aclarar las observaciones que surgieron en la entrega-recepción.
