Noticias de Yucatán
()
“¡Cállela, señora!”
“Les dije que estaban violando nuestros derechos, nuestras garantías individuales y los derechos de los niños… Lo que hicieron con nosotros es un secuestro”.
Es parte del relato de Karla Vivas Vázquez al referirse a su detención y retención en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el sábado 23 de agosto. Ella, como hemos informado, había salido de su casa en Conkal junto con su familia: dos hijos menores de edad y su esposo, el psiquiatra Enrique Lara González, a quien las autoridades atribuyen la autoría intelectual del homicidio de Felipe de Jesús Triay Peniche. Les acompañaba una joven del servicio doméstico.
En la entrevista con reporteros de este periódico, de la cual ya hemos publicado dos entregas, la licenciada Vivas Vázquez recalca que al llegar a la SSP ya le habían quitado su teléfono celular y su bolso y la separaron del resto de sus familiares. Sólo la dejaron con su hija, de dos años de edad, en un espacio del cual no podía moverse. Un policía le pedía a su custodio: “Pareja, pareja, no te acerques mucho a las cámaras… Que no la capte la cámara, que no la capte la cámara”, en aparente intento de no dejar evidencia de su estada en el edificio.
También asegura que el policía que permanecía con ella la apuntaba con el arma, y cuando la niña comenzaba a llorar el agente le exigía: “Cállela, señora, cállela”.
De acuerdo con su relato, su hijo y la jovencita del servicio doméstico también fueron apuntados con armas cuando, después de prolongada incomunicación, se reencontraron poco antes de ser devueltos a su casa, avanzada la tarde.
En un vídeo disponible en nuestro sitio electrónico (yucatan.com.mx) se puede oír su relato sobre el tiempo en que estuvieron retenidos y los momentos que siguieron a su salida del edificio policíaco.
Ante las preguntas sobre las presuntas evidencias que involucran al doctor Lara en el asesinato, Karla Vivas responde en los siguientes términos:
La credencial de elector.- Dicen que apareció en el departamento (donde se supone que se cometió el crimen), pero se la quitaron cuando nos detuvieron (a la salida de Conkal). Yo vi que se la dio al policía.
Renta compartida del departamento.- Mentira, mentira. No tenía trato (con el otro detenido, Pablo García Gutiérrez, y el occiso) más que por el Colegio de Psiquiatras. Mi marido nunca ha sido de vida social con sus compañeros de trabajo.
Celos profesionales con la víctima y pugna por contratos de trabajo.- ¿Qué le podía celar? Sí creo que hay mucha envidia, pero a mi esposo, que a sus 37 años tiene una carrera brillante: es el presidente del Colegio de Psiquiatras, está en muchos proyectos de investigación, tiene su consultorio particular, cuenta con una base en el Hospital de Alta Especialidad… No tenemos dinero para tirar, pero lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo.
Espero que la señora fiscal amplíe sus investigaciones, que se esfuerce en buscar al verdadero culpable. Es una mujer, y las mujeres tenemos esa capacidad de lucha.
En síntesis
¿Dónde quedó? “¿Y la presunción de inocencia?”, pregunta Karla Vivas Vázquez luego de narrar la forma en que fue detenida su familia y las versiones que ha difundido la propia autoridad sobre las imputaciones a su esposo, el psiquiatra Enrique Lara González.
La licenciada que no llegó. La señora Vivas, abogada de profesión, relata que durante las cinco horas que estuvo retenida en la SSP le decían “en un momento viene la licenciada” cada vez que solicitaba informes sobre su detención. “La licenciada nunca llegó”, dice.
La ocultaron. También indica que familiares suyos fueron a la SSP a solicitar informes sobre su paradero, pero la Secretaría negó que supiera de ella y su esposo, cuando sí los tenía en el edificio.
“Saque sus conclusiones…”
Cualquier proceso se anularía por violar un principio
Un tribunal de apelación puede anular cualquier proceso judicial si las autoridades violan el principio constitucional de presunción de inocencia durante las investigaciones, como en el caso de Florence Cassez en 2013, y como también estaría ocurriendo, de acuerdo con algunos indicios, en el asunto del asesinato del psiquiatra Felipe Triay Peniche, según se desprende de varias declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero.
La ministra, que el viernes impartió en Mérida una conferencia precisamente sobre ese tema, fue la ponente del acuerdo para amparar y ordenar la inmediata liberación de Cassez, acusada de robo y delincuencia organizada, y sentenciada a 96 años de prisión por las violaciones a la presunción de inocencia.
El Diario intentó entrevistar a la ministra Sánchez sobre las aparentes similitudes de los casos Triay y Cassez, en lo que se refiere a la violación de ese principio constitucional, durante una vista que hizo el viernes.
(Dos hechos mostrarían esa irregularidad, según publicamos el domingo: un boletín de prensa de la Fiscalía del Estado, que prácticamente señala como responsables del crimen a dos detenidos; y la captura de uno de ellos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, sin su consignación inmediata al Ministerio Público).
Como informamos, la ministra Cordero se disculpó por no opinar del caso Triay, “no lo conozco”, dijo, y aunque el Diario le hizo una rápida síntesis, ella respondió: “Cada delito tiene su modo, tiempo y circunstancia…”, y recomendó al periodista escuchar su conferencia, leer el texto del amparo y después “saque usted sus conclusiones…”.
En esa conferencia, intitulada “Florence Cassez: ¿un reto jurisdiccional o un parteaguas en la historia de los derechos humanos?”, leída ante cientos de personas en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, la ministra señaló que “lo que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en 2013 no fue la culpabilidad o la inocencia (de Cassez), sino la violación a sus derechos humanos”, que ocurrieron en tres aspectos: la presunción de inocencia, el derecho de cualquier persona de ser puesta de manera inmediata ante la autoridad ministerial y la asistencia consular.
La presunción de inocencia, añadió la ministra Sánchez Cordero, “opera no sólo a lo que el juicio se refiere, sino a las actuaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no partícipe en un hecho de carácter delictivo mientras no se demuestre la culpabilidad, no es al revés”.
En el texto que concedió el amparo a Cassez, la ministra precisa que “la regla de trato es que toda persona sea tratada como inocente (cosa que no ocurrió con los detenidos en el caso Triay), incluso desde antes de que se inicie el proceso, ya que puede ser que otras instituciones intervinientes, como los agentes de la policía, incidan de manera negativa en el tratamiento de la persona…”.En pocas palabras, añade, “la presunción de inocencia en su vertiente extra procesal se puede traducir en que la Constitución Política, no permite condenas anticipadas”, de ninguna autoridad.De acuerdo con la ministra, “la presunción de inocencia garantiza la protección de otros derechos humanos como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que pueden resultar vulnerados por actuaciones irregulares por parte de la autoridad” y cuyo alcance “trasciende la órbita del debido proceso”. En su conferencia, la ministra Sánchez Cordero, dijo que es muy graves no respetar la presunción de inocencia, porque esa conducta “puede ofrecer elementos que no corresponden a la verdad y que en el ánimo de los jueces, testigos y víctimas actúan como prueba de cargo sobre los elementos y sobre los derechos de la defensa el ánimo de que es culpable”.En este sentido, añade, la violaciones al principio de presunción de inocencia en el caso de Florence Cassez, generaron “un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria”, por lo que, dijo, se acordó su inmediata liberación.- Hernán Casares Cámara
Caso Cassez | Criterio
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, expuso lo siguiente:
Presunción de inocencia
En el texto que concedió el amparo a Cassez, la ministra precisa que “la regla de trato es que toda persona sea tratada como inocente (cosa que no ocurrió con los detenidos en el caso Triay), incluso desde antes de que se inicie el proceso, ya que puede ser que otras instituciones intervinientes, como los agentes de la policía, incidan de manera negativa en el tratamiento de la persona…”.
En un escrito que envió por medio de un representante legal, Joyce Elena García Zepeda solicita que le apliquen ese beneficio al Juzgado 1o. de Distrito, donde se le sigue juicio por delitos contra la salud; fue detenida hace varios meses sin derecho a fianza.
En el documento la inculpada señala expresiones de la ministra en reciente conferencia que dictó en esta ciudad sobre el caso Florence Cassez y los beneficios de los extranjeros cuando sus embajadas no fueron informadas de su aprehensión en México.
“La ministra Olga Sánchez Cordero hizo referencia a que en los casos en que se vea involucrada cualquier persona que tenga calidad de extranjera tendrá, entre otros derechos, que su embajada sea informada a fin de recibir asistencia consular, en su caso.
“En caso contrario, podrá llevar su proceso en libertad por violación a sus derechos humanos. Y por cuanto en la causa penal que se me sigue no hay constancia y prueba alguna de que mi embajada de Panamá haya tenido conocimiento de mi detención; en consecuencia, con base en lo expresado por la ministra, solicito ser liberada de inmediato y seguir el juicio gozando de ese beneficio”, agrega Joyce García.
Mismo trato que a Cassez
Le toma la palabra a una ministra una panameña detenida
Una panameña presa en esta ciudad le toma la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero sobre la liberación de la francesa Florence Cassez: pide que la traten de igual manera y siga un juicio en libertad.
En el mismo escrito, la inculpada señala que la Suprema Corte determinó la violación de los derechos fundamentales cuando un extranjero no es asistido por algún representante de su país, con base en acuerdos internacionales.
Los juzgados de Distrito, como el 1o., que tiene su sede en esta ciudad, pertenecen al Poder Judicial de la Federación, cuya máxima autoridad es la Suprema Corte.
