"Tenemos un testigo que nos indica que los policías los entregaron a un grupo delincuencial", señaló el fiscal de la zona norte de Veracruz, Ezequiel Castañeda, quien añadió que la investigación arrojó indicios en ese sentido.
Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales fueron detenidos el 19 de marzo en el municipio indígena de Papantla por policías locales, y días después familiares de dos de ellos denunciaron su desaparición ante el Ministerio Público.
Castañeda recordó que ocho policías implicados en el caso fueron detenidos esta semana en cumplimiento de órdenes de captura emitidas en su contra por el delito de desaparición forzada y reveló que aún están "pendientes de ejecutar" otras órdenes de aprehensión.
Dichas órdenes de captura fueron obtenidas gracias a las declaraciones de testigos directos de los hechos, pruebas periciales realizadas a las patrullas y en campo.
Los policías son "señalados como responsables de detención de los muchachos, aunque ellos lo negaron", indicó el fiscal.
Sin embargo, apuntó, "por fortuna existe un testimonio contundente que da muestras claras de la probable autoría de la policía" de este municipio gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Un testigo reveló que los policías entregaron a los detenidos a un grupo de la delincuencia que opera en esa región de Veracruz, apuntó Castañeda, quien añadió que la fiscalía obtuvo información que permitió iniciar una búsqueda en lugares "más precisos".
Aunque hay claros indicios de la participación de la delincuencia organizada, dijo que aún no remiten el caso a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) porque aún faltan detenciones.
En relación a una posible vinculación del alcalde de Papantla, Marcos Romero Sánchez, señaló que "no existe en este momento algún signo para poder responsabilizarlo", pero no descartó "ninguna línea de investigación".
Sobre las víctimas, indicó que la fiscalía de Veracruz descubrió durante la investigación que el auto en el que viajaba uno de los jóvenes cuando fue detenido tenía reporte de robo con violencia.
Este caso es muy similar a lo ocurrido en enero en el municipio de Tierra Blanca, también en Veracruz, donde cinco jóvenes fueron detenidos, desaparecidos y presuntamente asesinados por policías estatales y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Estos dos sucesos se suman al de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, donde 43 estudiantes fueron detenidos por agentes municipales y entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero, según la versión oficial que ha sido rechazada por las familias.
