La Jueza Primera de Control de esta ciudad, Elsy Villanueva Segura, fue denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY) por cometer irregularidades y parcialidad en la causa penal 54/2016, que se trata de un millonario fraude en el que decretó el sobreseimiento y liberó al acusado RODRIGO A. D. G,. por la supuesta prescripción del delito.
Los informes a la mano indican que la afectada, MARYSA T. F., solicitó al TSJEY que la jueza sea suspendida de sus funciones, mientras se lleva a cabo la investigación de su actuar en este asunto.
La quejosa presentó la querella y denuncia en contra de Villanueva Segura el pasado de este mes 9 y solicitó que se actúe conforme a derecho porque se violaron sus derechos humanos y consideró que la juzgadora actuó con parcialidad para fallar a favor del acusado, Rodrigo A. D. G.
El motivo de la queja y denuncia es el sobreseimiento de la causa penal 54/2016 que la Jueza Villanueva Segura que decretó, a petición de la defensa del acusado, por el supuesto sobreseimiento del delito de fraude, pues argumentó que ya había transcurrido más de un año que es el plazo que otorga la ley para denunciar hechos de querella necesaria.
Además alegó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no acreditó en la carpeta de investigación de este asunto que el acusado, Rodrigo A. D. G., sea el representante legal del corporativo en cuestión, que es la persona moral contra la que se presentó la denuncia de fraude por cerca de cuatro millones de pesos a la ahora afectada Marysa T. F.
La denuncia de ésta en contra de Rodrigo A. D. G., por el delito de fraude se interpuso en 2015
Este fallo fue emitido en la audiencia intermedia de este asunto, realizada el 30 de noviembre pasado, a petición de la defensa del acusado, con los mismos argumentos que le fueron revocados a la Jueza Villanueva Segura por la sala penal del TSJE el 12 de agosto de este mismo año, al resolver del sobreseimiento con fecha 23 de mayo pasado por la propia juzgadora.
En esa ocasión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó por mayoría, la resolución de la Jueza Primera de Control, por lo que vinculó a proceso a Rodrigo A. D. G., acusado de fraude, por cerca de cuatro millones de pesos por Marysa T. F.
Los Magistrados Ligia Cortés Ortega y Luis Esperón Villanueva consideraron que la FGE aportó los datos de prueba suficientes para presumir la participación de Rodrigo –en su calidad de representante legal del Corporativo– en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el artículo 324 fracción XII y el 325 fracción IV del Código Penal vigente.
El tercer integrante de la Sala Penal del TSJEY y ponente original de este caso, Ricardo Avila Heredia, emitió su voto particular en el que confirmó la resolución emitida por el Juzgado Primero de Control de Mérida, en que dio por sobreseído este asunto porque consideró que el delito había prescrito.
Por ser mayoría, prevaleció el sentido emitido por los Magistrados Cortés Ortega y Esperón Villanueva, de modo que la resolución final de este asunto fue la revocación al sobreseimiento emitido por la Jueza Primera de Control Elsy Villanueva Segura y se dictó la vinculación a proceso al acusado Rodrigo D. G. por el delito de fraude.
En la audiencia intermedia, realizada el 30 de noviembre pasado, la FGE y la defensa de la víctima señalaron que a pesar de que no hay un documento notarial que acredite a Rodrigo D. G. como representante legal del Corporativo en cuestión, al declarar ante el Ministerio Público, éste se ostentó como tal y admitió haber firmado el contrato de compraventa de cerca de cuatro millones de pesos con la ahora víctima.
Incluso durante la integración de la carpeta de investigación hay dos testigos, ofrecidos por el acusado, quienes aceptan que se realizó esa diligencia notarial, pero alegaron que la compradora no pagó; sin embargo, en el documento de la compraventa se acredita que Marysa T. F. sí cubrió la totalidad del importe.
El hecho
En octubre de 2013, la ahora afectada se interesó en adquirir un departamento en la playa, por lo que se entrevistó con Rodrigo D. G, quien se ostentó como representante legal del corporativo propietario del lugar y le propuso en venta uno de los 14 departamentos que se construirían en el predio 322 de la calle 15 polígono II de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso.
El departamento de la ahora afectada sería el No. 302, por el que pagó la cantidad de tres millones 916 mil 178 pesos, tras firmarse el documento de compraventa entre ambas partes, el 16 de octubre de 2013, ante el notario público Manuel García Ferrón.
En esa ocasión, Rodrigo D. G, se comprometió a entregar el departamento el 30 de agosto de 2014, lo cual no sucedió y desde entonces, el sujeto comenzó a dar evasivas sobre la firma de las escrituras de ese inmueble y se negaba a devolver la plata.
El 13 de noviembre de 2015, Marysa T. F. interpuso la denuncia P3/969/2015 en la Fiscalía Investigadora, ubicada en el fraccionamiento “Cordemex”, de esta ciudad, ya que la afectada también descubrió que el acusado vendió el terreno en cuestión a Roberto L. T. el 3 de septiembre de 2015.
El abogado Efraín Encalada Burgos señaló que la ahora denunciante presentó dos testigos para acreditar que Rodrigo D. G. se negó sistemáticamente a devolver el dinero o entregar el departamento.
Además, el inculpado compareció en dos ocasiones ante la Fiscalía Investigadora, en la que primero se reservó el derecho a declarar y en la segunda, admitió los hechos que se le imputaban.
Añadió que el caso fue turnado al Juzgado Primero de Control de Mérida, en el que la Jueza Elsy Villanueva no concedió la vinculación a proceso y argumentó que el delito de fraude ya había prescrito.
“Esto es totalmente falso porque la demanda se interpuso en tiempo y forma”, insistió el jurisconsulto Efraín Encalada Burgos.
