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El Magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Marcos Alejandro
Celis Quintal, inauguró esta mañana el curso sobre aprendizaje de lenguaje de
señas para servidores públicos, con el objetivo de facilitar la comunicación e
inclusión con las personas con discapacidad.
En la ceremonia de inauguración, el Magistrado Presidente
resaltó que el Poder judicial está comprometido con la inclusión, con el firme
propósito de garantizar el derecho al acceso a la justicia y que todas las
personas gocen de las mismas oportunidades sin importar discapacidades.
Señaló que la Ley General para la Inclusión de las
personas con discapacidad establece que las autoridades deben contar con
peritos especializados en las diversas discapacidades y es por eso
que el Poder Judicial, a través de la Comisión de Igualdad de Género del Poder
Judicial del Estado, presidido por la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega,
puso en marcha el curso “El lenguaje de señas para servidores judiciales” que
será impartido por la licenciada Cristina Isabel Puga May.
El curso será de 40 horas, de las cuales 35 será
presenciales, distribuidas en dos sesiones semanales de hora y media cada una
durante un trimestre de intenso trabajo y capacitación de los servidores
judiciales.
Este curso iniciará el día de mañana para el personal del
Centro de Justicia Oral de Mérida y seguirá el día miércoles para los
servidores judiciales del Tribunal Superior de Justicia y posteriormente a los
demás órganos jurisdiccionales del Estado.
Dentro del marco de inauguración, la Magistrada Ligia
Aurora Cortés Ortega, ofreció una conferencia titulada “Derechos humanos de las
Personas con Discapacidad, su Dignidad y Autonomía”
En dicha conferencia, la Magistrada Cortés
Ortega refirió que la Unidad de Igualdad creada en el Tribunal y en Consejo de
la Judicatura del Estado es la forma idónea para capacitar y ayudar a las
personas que tienen alguna discapacidad.
La Magistrada señaló que desde hace tiempo las personas
con discapacidad son víctimas de múltiples y agravadas formas de discriminación
y marginación y que en ocasiones, el género también ha sido un
elemento causante o agravante de las situaciones de desventaja social y
exclusión de las personas con discapacidad.
Sin embargo, resaltó que a partir de la reforma
constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, todas las autoridades
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de toda persona, así como también se estableció la prohibición de toda
discriminación.
La magistrada reiteró el compromiso del Poder Judicial
con las personas con discapacidad mediante políticas como conferencias,
talleres y cursos que contribuyen en la inclusión de las personas al acceso a
la justicia.
Puntualizó que la Convención Interamericana de Derechos
Humanos y la Carta de San José son algunas de las muchas herramientas que
promueven el reconocimiento y el goce de ejercicio de los derechos humanos de
todas las personas y para la cual, los juzgadores y todas las autoridades deben
observar su debido cumplimiento.
Seguidamente, el licenciado Mitsuo Teyer Mercado,
representante personal del Gobernador del Estado, reconoció el curso que el
Poder judicial realiza en favor de la inclusión de las personas con
discapacidad.
También manifestó el compromiso que el Gobernador del
Estado tiene con las personas con discapacidad en la mediante programas
sociales ha estado cerca de las diferentes asociaciones civiles que apoyan a
las personas con discapacidad.
