La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en
seguimiento al menos 10 observaciones a la gestión de Rosario Robles en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismas que no
han sido aclaradas y que causaron un daño a la hacienda pública por mil 556
millones 314 mil 251 pesos.
De acuerdo con las auditorías de 2016 y 2017 que la ASF
realizó, la Sedatu pagó a instituciones públicas y otros proveedores por
servicios, productos y estudios que no se entregaron, se copiaron de internet,
se pagaron hasta en cuatro ocasiones o presentan inconsistencias.
Entre las observaciones que hizo la ASF y que están pendientes
de solventar destaca el caso de los servicios solicitados al Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), en 2016, por los que laDirección
General de Comunicación Social de la Sedatu pagó entre dos y hasta cuatro veces
un mismo entregable.
Ni el SQCS ni los 25 proveedores a los que pagó 420 millones
880 mil pesos —de los 450 millones 60 mil 696 pesos que le entregó la Sedatu—
pudieron comprobar a la auditoría que participaron en la elaboración del diseño
y la edición de material en audio, video y gráfico, así como piezas de
comunicación para stock sobre hábitos de consumo y sondeos de opinión para
medir el impacto de programas en materia de ordenamiento territorial.
Un caso más, en el que el daño a la hacienda pública se
estimó en 271 millones 891 mil 655 pesos, consistió en que la Sedatu pagó en
cuatro ocasiones un mismo producto a la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.
(Telemax), en 2016.
La Sedatu no justificó ni acreditó la difusión, uso,
utilidad o acciones implementadas con los productos que supuestamente le
entregó Telemax, que consistió en el diseño y edición de material en audio,
video y gráfico de comunicación para medir el posicionamiento de satisfacción e
impacto de los programas y acciones relacionadas con la secretaría. Se comprobó
que ni la televisora ni los nueve proveedores que subcontrató participaron en
la elaboración del producto.
En un tercer caso, la ASF constató que los productos
encargados por la secretaría a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a
través de cuatro convenios, “tienen inconsistencias en su contenido y
elaboración y no cumplen con los objetivos”, lo que causó un daño al erario de
186 millones 113 mil 374 pesos.
Además, en la auditoría forense 195-DS, la auditoría observó
que la Sedatu pagó un sobrecosto de 104 millones 470 mil 611 pesos, y no se
acreditó que la empresa subcontratada por la universidad, —a la cual le pagó 81
millones 642 mil 763 pesos— ni las cuatro que a su vez subcontrató, hayan
participado en la elaboración de los entregables.
En otro caso persiste la acusación de la ASF de que el
producto fue copiado textualmente de internet. Corresponde al análisis
Situación actual de la vivienda en México y sus alternativas, encargado al
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), en 2016.
De acuerdo con la auditoría, el instituto encargó el estudio
a proveedores que extrajeron la información de internet y se determinó que
dicha información se encontraba desactualizada.
El entonces director del instituto manifestó que servidores
de la Sedatu le llevaron ya elaborados los productos, así que el ITSC no
desarrolló el servicio, a pesar de haber recibido recursos públicos federales.
Otro caso es en el que la Sedatu pagó 106 millones 838 mil
857 pesos a la Universidad Autónoma Indígena de México, actualmente Universidad
Autónoma Intercultural de Sinaloa, por productos entregables que ya se habían
pagado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a otras dos
instituciones.
Así es que, con recursos del BIM, la Sedatu ya había pagado
por un diagnóstico de las necesidades y oferta de servicios para el
empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, al Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), y a la Universidad Politécnica de
Francisco I. Madero por el Manual del Sistema de Gestión de la Ciudad de las
Mujeres en el municipio.
El dinero de esos documentos fue entregado a empresas que la
ASF no pudo localizar en su domicilio fiscal ni atendieron requerimientos de
información que les hizo la auditoría.
También observó que la Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero no pudo acreditar la entrega del software para el registro, control y
seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, por
el que Sedatu pagó 185 millones 839 mil 480 pesos.
Fuente: El Universal
