Baja California. Fue una
noche de 2004 cuando Miriam sintió un pequeño dolor en su estómago. En ese
momento estaba sola en su departamento y no le prestó mayor atención, hasta que
fue al baño. Hizo un esfuerzo y la bebé que estaba esperando salió disparada de
su cuerpo.
Cuando vio
a la menor tirada no pudo hacer nada para atenderla, porque una hemorragia
posparto le robó sus energías. Desmayada y sin poder levantarse, la joven de
entonces 34 años se arrastró desde el baño a su habitación para tomar el
teléfono y llamar a su pareja.
“Tuvieron
que pasar horas para que pudiera marcar, me arrastraba unos centímetros en el
suelo y me desvanecía, no podía respirar, no tenía nada de fuerzas”, recuerda
en entrevista con EL UNIVERSAL.
Cuando
Míriam fue trasladada a un hospital, los médicos la recriminaron. “¡¿Qué te
metiste?!”, fue el grito que más recibió después de que le practicaron un
legrado.
Ese mismo
día, los médicos informaron a la policía, más tarde llegaron tres agentes y le
enseñaron las fotografías de su bebé muerta.
“‘¡Mira lo
que hiciste!’, me gritaban tres policías y me aventaban las imágenes en la
cama... No me dejaban hablar, todo era acusarme”, dice Miriam.
Gracias a
que había trabajado como representante médico y conocía al director del
hospital, la joven fue protegida para pasar dos días de recuperación antes de
que se la llevaran al Ministerio Público y, posteriormente, a un Centro de
Readaptación Social en Baja California.
“Me sacaron
sin calzones y sin brasier, me querían llevar con la bata del hospital, pero
una muchacha me consiguió un pants. No me dijeron los motivos por los que me
llevaban... cuando llegué a la cárcel me negaron ir al médico para seguir con
mi rehabilitación”, relata.
sus familiares
y su hija sobrevivió.
La
organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) conoció el
caso de Míriam, reabrió el expediente y logró que un juez le otorgara una
libertad condicionada después de estar casi 15 años en prisión. Ahora debe ir a
firmar una vez al mes ante un juzgado, no puede salir de Baja California y para
viajar a otros municipios del estado debe pedir permiso.
“Esto fue muy fuerte para mí. Tenía planes de casarme, formar una familia y tener mi negocio. Me quitaron la oportunidad de ser una madre, una hija, una hermana y una amiga normal”.
El Universal.
