Al menos 1 billón de dólares recuperarían los gobiernos si la corrupción en el mundo se reduce en un tercio y con esos recursos se podría fortalecer el gasto público y el bienestar de la población, señaló David Lipton, director gerente interino del Fondo Monetario Internacional (FMI) y propone a los gobiernos cerrar espacios grises en la ley, hacerla cumplir y utilizar la tecnología para aminorar la fuga de dinero.
“Este dinero se pierde para los gobiernos que bien podrían utilizarlo en mejorar la vida de las personas. Son crecientes las demandas de recursos gubernamentales para impulsar el crecimiento en algunas economías avanzadas, construir infraestructura en mercados emergentes y mejorar la salud y la educación en el mundo en desarrollo”, escribió el funcionario en la revista mensual del organismo.
Entre los millones que se fugan por corrupción y los 7 billones de riqueza privada oculta bajo la sombra, equivalentes al 8 por ciento del PIB que en 2018 fue de 87 billones de dólares, los gobiernos se ven impactados en sus ingresos amenazando el bienestar de la población por un deficiente gasto social, de ahí la importancia que los países cierren espacios en la ley, que la hagan cumplir y también utilicen la innovación tecnológica para encontrar sus beneficios, señala en su artículo titulado “Shining a Light”.
“Las cifras arrojan luz sobre los rincones ocultos de la economía global, el dinero que escapa de la recaudación fiscal, reguladores y policía”, las define como “ganancias mal obtenidas del injerto, las ganancias del arbitraje regulatorio y las ganancias de los domicilios fiscales que algunos consideran equivalentes a la evasión fiscal”, apunta David Lipton en su artículo.
México ocupó el sexto lugar entre ocho países de América Latina en el índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019 (CCC), publicado en junio y elaborado por Americas Society/ Council of the Americas en conjunto con Control Risk. La calificación obtenida a partir de 14 variables fue de 4.65 puntos en una escala del 1 al 10, es decir, reprobatoria; Chile con 6.66 puntos tuvo el puntaje más alto lo que significa que es considerado como el país con mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción, según el índice.
“La relación entre disminuir la corrupción y fortalecer los ingresos disponibles del Estado, tiene su corazón en el Estado de derecho. El Estado de derecho construye una relación de igualdad entre todos y la libertad personal, pero si se fragmenta, esa igualdad se pierde”, señaló Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción.
Para frenar la salida de flujos hacia paraísos fiscales se puede buscar un mecanismo que desincentive el traslado de esa riqueza y para la reducción de la corrupción. “Tenemos que volvernos más eficientes para resolver técnica y legalmente la definición de una empresa fantasma y garantizar que esa empresa fantasma no se le asigne ningún contrato público”, dijo a El Financiero.
Al cabo de una investigación sobre diversas políticas implementadas a lo largo del mundo, el FMI identifica tres grandes áreas de arranque de la estrategia: Promover integridad y rendición de cuentas entre instituciones; invertir en tecnologías para elevar la transparencia y apoyarse en una prensa libre que dé a conocer la información y la explique.
Todavía el gobierno actual mantiene una proporción de 75 por ciento de las compras públicas, hechas por adjudicaciones, sin un proceso de transparencia que incentive la competencia.
“Necesitamos darle la vuelta a esa proporción, en lugar de que tres de cada cuatro compras sean adjudicaciones directas, que sean 1 de cada 4”, dijo el investigador de Mexicanos contra la Corrupción.
También el organismo internacional señala la necesidad de poner atención en la administración de ingresos y gestión de recursos naturales con un marco de gobernanza fiscal que requiere un servicio civil profesional y ético como pilar. El erario pierde muchos recursos en que los gobiernos no sean claros en cómo escogen los proyectos de infraestructura cuando construyen, expuso Mariana Campos, coordinadora del área de gasto en México Evalúa.
“En México es muy clara esa oportunidad que hay porque el gobierno federal no tiene una ley de infraestructura que pueda regular al sector, tiene reglamentación de la SHCP pero es de los pocos países, incluso de América Latina, que no tiene una ley de infraestructura que ordene la planeación de los proyectos y vigile la corrupción en ellos”, señaló en entrevista telefónica.
Añadió la falta de hacer planeación de largo plazo, de un ente que lo pueda hacer como un Consejo Fiscal Independiente para la gobernanza y para hacer prospectiva de la política fiscal de mediano y largo plazo.
“No estamos viendo más adelante de 2020 y en estos meses de 2019 los ingresos fiscales han ido cayendo, la SHCP espera que en todo el año la caída en sus ingresos sea más de 200 mil millones de pesos de lo que tenía presupuestado”, advirtió.
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