IRLANDA DEL NORTE.-La legislación británica que liberaliza el aborto y permite los matrimonios entre personas del mismo sexo comenzará a aplicarse en Irlanda del Norte a partir del próximo año, al haber incumplido hoy la Asamblea autónoma de esa región el plazo máximo para paralizar la reforma.
El Parlamento autónomo norirlandés, de poder compartido entre unionistas y republicanos según el acuerdo de paz de Viernes Santo, está suspendido desde 2017, ante la falta de consenso entre los partidos para su constitución.
Para presionar a favor de una resolución de las diferencias políticas en el Úlster, el Gobierno británico estableció el 21 de octubre como fecha límite para paralizar una reforma que aplicará en la región la ley del aborto y de bodas gays vigente en el resto del Reino Unido.
El ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante, es contrario ambas medidas, y la cuestión genera grandes discrepancias en Irlanda del Norte.
Los unionistas convocaron hoy a la Asamblea para tratar de vetar esa legislación, pero al no existir un presidente de la cámara no se pudo llevar a cabo trámite alguno y la sesión quedó cancelada en menos de una hora.
El ministro británico para Irlanda del Norte, Julian Smith, avanzó que los primeros matrimonios homosexuales se celebrarán en la región en febrero del año que viene.
El Gobierno del Reino Unido también prevé que los primeros servicios que permitirán abortar a las mujeres en Irlanda del Norte en base a la nueva normativa estarán listos el próximo marzo.
La legislación que en 1967 liberalizó el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales nunca se aplicó en Irlanda del Norte.
Bajo su actual ley, el aborto solo se permite si está en riesgo la vida de la madre o si existe un riesgo de daño serio y permanente a su salud.
La violación, el incesto o las anormalidades en el feto -incluso cuando los médicos creen que no sobrevivirá- no son hasta ahora motivos legales aceptables para abortar.
Bajo la legislación británica, las mujeres pueden interrumpir su embarazo durante las primeras veinticuatro semanas, siempre que dos médicos consideren que tener al bebé supone un riesgo mayor que abortar para la salud física o mental de la madre.
