La población de adultos mayores en México es cada vez mayor, y a la par que la sociedad envejece, la problemática de las pensiones se ensancha. De acuerdo con las cifras del Gobierno federal, un mexicano promedio tendrá que trabajar entre 189 y 374 años para garantizarse una pensión digna.
En la actualidad, uno de cada 10 mexicanos tiene 65 y más años. Para el año 2050, tres de cada 10 mexicanos tendrán la edad legal para retirarse y hacer uso de su pensión, refieren cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A medida en que la población envejece y que la esperanza de vida se incrementa –para el año 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años, según la OCDE– los sistemas tradicionales de pensiones se vuelven “financieramente insostenibles”, se lee en el informe “Las pensiones en México y el mundo” de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Este contexto de crisis obligó a México a transitar de uno a otro sistema de pensiones.
Antes de las reformas de 1997 y 2007, los trabajadores del sector público (afiliados al ISSSTE) y del sector privado (afiliados al IMSS) cotizaban con una fórmula de “beneficio definido”. Esto implicaba que los trabajadores aportaban parte de su salario para financiar las pensiones de los trabajadores retirados, y cuando les tocaba retirarse, las nuevas generaciones pagaban su pensión.
A partir de las reformas, México adoptó el esquema de pensiones de “contribución definida” y en consecuencia, el IMSS y el ISSSTE dejaron de administrar las pensiones de los trabajadores que comenzaron a cotizar después de 1997 (en el caso de los afiliados al IMSS) y 2007 (en el caso de los afiliados al ISSSTE).
Esto supuso que se adoptara un esquema individual de aportaciones que –a diferencia del sistema anterior que operaba con una fórmula general de pensiones según el salario, la edad y el tiempo de cotización de cada trabajador– depende de subsidios del patrón y del gobierno, pero sobre todo del ahorro del trabajador y del rendimiento acumulado de éste (y ya no de una fórmula general de Estado).
La etapa de transición en el sistema de pensiones de México acarreó dos principales consecuencias: que gran parte del presupuesto del IMSS y del ISSSTE –64 por ciento en promedio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019– se va en el pago de pensiones y jubilaciones, en lugar de ser utilizado en servicios de salud; y que los ahorros acumulados de los trabajadores de hoy, proporcionan un monto de pensión inferior al del anterior sistema de pensiones.
Sobre este último punto, la Consar refiere que “así pues, un individuo que haya trabajado y contribuido un mes antes de la introducción del nuevo sistema recibirá un monto de pensión bastante mayor que un individuo que ingresó al mercado laboral un mes después, habiendo contribuido lo mismo y con la misma experiencia laboral. Esto, señala la OCDE, podría llevar a un desencanto y desprestigio del nuevo sistema”.
La situación se ve agravada, entre otras cosas, por la falta de control de los ingresos y gastos por parte de los mexicanos, además de la falta de cultura del ahorro.
De acuerdo con el “Libro de Tabulados” de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018, la población objetivo del sistema de pensiones son los más de 79 millones de mexicanos de 18 a 70 años de edad. De ellos, el 34.9 por ciento reconoció llevar un presupuesto o un registro de sus ingresos y gastos.
Asimismo, los resultados de la ENIF indican que a pesar de que el 78.5 por ciento de los mexicanos ahorró en algún momento de su vida, sólo la mitad de ellos (45 por ciento) lo hizo de manera formal o a través de una sociedad financiera como las Afore.
Lo anterior implica que hay entre 22.5 y 25.7 millones de mexicanos que ahorran de manera formal. Sin embargo, sólo el 4.9 por ciento de ellos realiza aportaciones voluntarias a su Afore, lo que supone que la mayoría aporta el 6.5 por ciento de sus ingresos para la vejez, cuando los estándares internacionales establecen un mínimo de 20 por ciento, e idealmente, entre el 60 y el 70 por ciento.
Además, la ENIF 2018 señala que sólo el 0.8 por ciento de la población adulta de 18 a 70 años de edad –es decir 411 mil 930 mexicanos– guardó sus ahorros voluntarios en lugar de gastarlos.
Cuatro de cada 10 mexicanos de 65 y más años de edad se encuentran en situación de pobreza, indican las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La falta de cobertura del sistema de pensiones y la precaria cultura del ahorro en el país amenazan con agravar la situación de carencias relacionadas con la población de la tercera edad, considerando que la cobertura y suficiencia de los sistemas de protección social en la vejez están relacionadas con las tasas de pobreza en adultos mayores, refiere la Consar.
De acuerdo con la Comisión, en México hay poco más de 7.6 millones de personas mayores de 65 años que se encuentran pensionadas. De ellas, el 39 por ciento cuenta con una pensión contributiva (las del viejo y nuevo sistema) y el 61 por ciento una pensión no contributiva (apoyos gubernamentales). En promedio, el ingreso mensual de un mexicano con una pensión contributiva asciende a 5 mil 865 pesos; en cambio, las personas con pensiones no contributivas ascienden a 610 pesos por mes.
Con respecto a este último grupo demográfico, la Consar señala que aunque tiene la posibilidad de acceder a una ayuda mensual no contributiva, “el monto de ésta es bajo y difícilmente permitiría a las personas retiradas llevar una vida adecuada sin un ingreso adicional en la vejez”.
Lo anterior coincide con las cifras oficiales que refieren que, entre el 23 y el 48 por ciento del sustento de los pensionados depende de ingresos adicionales a los de la pensiones contributiva o no contributiva, como donativos y transferencias de conocidos o familiares, e ingresos laborales y/o de rentas. Esto quiere decir que la pensión, por sí sola, no siempre alcanza para sostener un hogar.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican que el gasto corriente de los hogares en México asciende en la actualidad a 10 mil 638 pesos mensuales. Esto incluye gastos de alimentos, bebidas y tabaco; transportes y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda y combustibles; cuidados personales y de la salud; artículos y servicios del hogar; vestido y calzado, además de micro-gastos. Dicha cantidad es 1.8 veces superior al ingreso promedio nacional por pensión contributiva y 17.5 por ciento mayor al ingreso promedio por pensión no contributiva.
