Cuando se trata de juzgar a una mujer, el sistema de justicia penal puede imponer penas más duras. Un estudio de la organización Reinserta revela que el sector femenino puede recibir sentencias de 23 años, en promedio, por cometer delitos graves, mientras que los hombres tienen castigos de 17 años por los mismos ilícitos.
El Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, realizado con 2 mil 503 encuestas de hombres y 570 de mujeres, demuestra que aunque ambos sexos son procesados por delitos similares, la población femenina tiene un promedio de sentencias más elevado.
Este fenómeno se presenta en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde se recabó la información.
Robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra con los hombres para los ilícitos de hurto, asesinato y violación.
Otros de los actos delictivos más cometidos por hombres y mujeres son el tráfico/posesión de droga, extorsión, pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada, entre otros.
Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, explica que la población femenina podría recibir sentencias más duras debido al estigma social que tienen: “Se tiene muy arraigado el concepto de que la mujer es una figura inmaculada. Cuando comete una conducta reprobable, el reproche social es más duro que hacia los hombres”.
El informe destaca que las mujeres reciben con más frecuencia sentencias de 25 años, mientras que las penas más frecuentes para los hombres son de cinco años.
Frente a estos datos, Fernanda Dorantes dice que las agravantes de los delitos cometidos por las mujeres y hombres no difieren mucho, por lo que no sería un factor determinante para que ellas tengan castigos mayores.
La desigualdad entre sexos no sólo se presenta en las sentencias, sino también en la calidad de los abogados privados y de oficio que trabajan para las presuntas delincuentes, así como el dinero que invierten en su defensa.
En este sentido, el estudio explica que mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial, las mujeres lo hacen hasta en tres ocasiones, pues consideran que no las defienden bien.
Asimismo, se detalla que en promedio una mujer gasta 155 mil 593 pesos en su defensa legal, cuando los hombres invierten 100 mil 521 pesos.
Dorantes considera que el papel de los abogados es clave para que las mujeres puedan acceder a juicios justos, por lo que hizo un llamado para que estos profesionales implementen la perspectiva de género en su labor.
“Los abogados tienen las herramientas para que los órganos jurisdiccionales puedan emitir resoluciones con perspectiva de género, pueden detonar todo este andamiaje para que cambie la impartición de justicia”, agrega.
La experta asevera que para alcanzar la meta es necesario que los defensores tomen en cuenta el contexto del delito, así como el de la mujer.
También tendrían que ponerse al servicio de las presuntas criminales desde su detención para evitar violaciones a sus derechos humanos.
Reprueban a abogados
Además de los problemas que las mujeres enfrentan en sus procesos legales, el informe de Reinserta deja ver el mal desempeño de abogados privados y de oficio en México.
El estudio señala que de las 3 mil 73 personas encuestadas, 40% calificó con cero el desempeño de sus defensores legales.
“Los servicios de defensoría son muy deficientes en México, 65% de los encuestados calificó de cero a cinco los servicios de sus abogados. Las deficiencias son sistemáticas y generalizadas”, indica Dorantes.
La especialista comenta que los abogados privados tienen una mayor calificación en comparación con los de oficio y reconoció la labor realizada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, por lo que estas dos variables podrían ser ejemplos de cómo se puede ir mejorando el servicio de defensa.
“Los abogados defensores son el vehículo que tienen las personas para acceder efectivamente a la justicia, son los que vigilan que los procesos penales se lleven de conformidad con la legalidad, justicia y derechos humanos”, asegura Fernanda Dorantes.
