La policía de Bolivia detuvo este miércoles al ministro de Salud, Marcelo Navajas, como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con COVID-19, informó el coronel Iván Rojas.
El mismo caso del hijo de Bartlett, sólo que en ese país, por lo que se ve, si se castiga la corrupción. En México se premia y no por lo de antes, por los de ahora.
Navajas “se encuentra en calidad de aprehendido en
dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la
ciudad de La Paz”, indicó el comandante de la unidad, un día después de que la
presidenta boliviana Jeanine Áñez ordenara investigar la cuestionada
compra por “posible corrupción”.
La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, por su
parte, comunicó desde el edificio contiguo al Palacio Quemado que la
aprehensión se realizó para “evitar cualquier interferencia en el trabajo
de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas”. Y agregó: “Se ha
instruido una investigación minuciosa y cuando se establezcan
responsabilidades, la justicia deberá aplicar la ley respetando los principios
de objetividad, imparcialidad y debido proceso. A diferencia del pasado
Gobierno, damos señales contundentes”.
Otros dos funcionarios sanitarios también están detenidos
por la policía.
Debido a que la compra de los 179 ventiladores por casi
cinco millones de dólares se realizó con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), dos empleados del organismo
internacional también han sido convocados a declarar.
“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos
investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles
(...) Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran
llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”,
señaló Áñez en su cuenta de Twitter una vez que se conoció el escándalo de
corrupción.
Bolivia adquirió los equipos de manufactura española a un
precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los
ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares).
Otra empresa hispana ofició de intermediaria.
El escándalo comenzó el pasado fin de semana con el
reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las
máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los
hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado
sobreprecio.
“Este es un Gobierno de la transparencia, este es un
Gobierno que no va a socapar (encubrir) absolutamente a nadie”, dijo el
ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, durante un acto en el
que justamente se entregaba parte de los equipos observados.
El hecho provocó reacciones como la de la presidenta del
Senado, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que
calificó de “lamentable” dicha compra y que pidió que las investigaciones
convoquen al BID, que otorgó el crédito para la adquisición de los respiradores
por un total de cinco millones de dólares.
Tras la detención de Navaja, el ministerio de Salud
estará a cargo, de forma interina, por la viceministra de Salud, Heidi
Roca.
El COVID-19 contagió hasta la fecha a cerca de 4.500
personas y provocó unos 190 decesos en Bolivia, nación que permanece bajo
cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el 17 de marzo y hasta fin de
este mes.
Con información de AFP
