El gobierno federal sólo tiene control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores en el país, pues organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo atienden 10 asilos de un total de 819.
De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, 15% de los asilos de México son públicos, pero la estructura del Inapam sólo permite revisiones a los estatales privados.
Ana Luisa Gamble, directora de atención geriátrica del instituto, señala que la última revisión fue a 300 asilos de 15 estados del país, de septiembre a diciembre de 2019.
En ese tiempo se aplicó la Norma Oficial Mexicana (NOM-031), referente al cuidado de los adultos mayores en centros de asistencia social, y “en ese mismo momento se hicieron recomendaciones”.
No obstante, ni la NOM-031 ni la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obligan a los asilos a tener un espacio de ais-lamiento en caso de epidemia.
De acuerdo con el Inapam, un lugar así es clave para detener contagios, por lo que en su última revisión a los asilos privados se verificó que pudieran contar con el requisito.
Las autoridades del Inapam aseguraron que desde el organismo se mantienen en contacto con los asilos para resolver dudas sobre el protocolo y “bl i n d a rlo s” ante el virus
Sin embargo, Jaqueline Pardo Semo, jefa de la Unidad de Atención e Inclusión Social del DIF nacional, detalla que esta institución no tiene capacidad jurídica para revisar los asilos de los sistemas a nivel estatal, así que sólo quedan bajo su resguardo las 269 personas de los cuatro centros federales.
“No estamos haciendo ninguna visita externa; eso le toca a la Secretaría de Salud. Lo que vimos fue que todos los centros se dotaran de cubrebocas, batas, jabón, etcétera, y eso corrió por parte del DIF.
“Nosotros [mandamos] el protocolo (...) pero cada uno de los estados tiene sus propias casas, su supervisión y se rigen por el protocolo nacional y la NOM-031”, explica.
En los primeros días de mayo, dos asilos en Nuevo León reportaron los primeros contagios de Covid-19 en el país, y el secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó que se clausuraban cinco centros que inclumplían “con tener espacio de distanciamiento”.
Sin embargo, la NOM-031 sólo especifica que debe haber “salas de televisión, de usos múltiples y dormitorios (...) [con] pasamanos próximos a la cama y sistemas de alarma”.
En las recomendaciones del Inapam a los 300 asilos, a la junta de asistencia privada y a los gobernadores se hizo énfasis en que deben tener un área de aislamiento, y en caso de algún contagio, actuar de inmediato.
Por su parte, Ana Luisa Gable asegura que desde el instituto se mantienen en contacto con los asilos para resolver dudas sobre el protocolo y “blindarlos” ante el virus.
“Nadie está exento de que le pase, pero el tema es observar excesivamente los protocolos de los trabajadores: que tengan toda la protección, que haya mucho aseo, que se mantenga una distancia”, añade.
Hasta finales de 2018, el Inegi reportó que todos los estados tienen asilos y residencias de día, públicos y privados, pero 64% de estos últimos están en sólo nueve entidades, como Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León.
A pesar de esto, Gamble reconoce que la atención a adultos mayores es responsabilidad del Estado, aunque por años se olvidó y fue la oportunidad para que organizaciones civiles y particulares tomaran la tarea.
“Más que vigilar y castigar, en el Inapam vemos cómo hacer que brindes un mejor servicio (...) El problema es mundial, pero sí venimos de quitarle al gobierno la responsabilidad que le tocaba, y creo que esto es una gran lección, porque nadie, ni con todo el dinero, le puede entrar a esto”, dice.
