Trabajadoras sexuales del Centro Histórico han denunciado
violaciones a sus derechos humanos durante diversos operativos de la Policía
municipal de Mérida. Detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas,
hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura
están entre las quejas.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Equipo
Indignación, el 10 de agosto, la Policía Municipal detuvo a 8 trabajadoras
sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de Mérida.
Maltratadas por policías
El argumento utilizado por la policía municipal fue que “no
estaban guardando la distancia y por cometer disturbios». Posterior a su
detención y traslado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde fueron
privadas de su libertad, les quitaron la ropa. A una de ellas una policía le
introdujo un dedo, además de tomarles fotos y grabarlas, mientras recibían
burlas de los elementos policíacos.
“Además de la detención ilegal y de recibir tratos crueles,
inhumanos y degradantes, a las trabajadoras detenidas les robaron dinero”,
señala el texto.
Un operativo similar se realizó el día de hoy 12 de agosto
cuando la Policía Municipal detuvo a siete trabajadoras sexuales en las mismas
inmediaciones del Parque de San Cristóbal.
Casi a diario
Según testimonios de una de ellas que logró escapar y
refugiarse en un supermercado, este tipo de operativos se han dado casi a
diario. Denuncian que la Policía Municipal las persigue, las insulta, les dice
“pin… put…”, “que se dediquen a otra cosa” las extorsiona y las detienen bajo el
argumento de estar cometiendo disturbios.
El 14 de septiembre del 2019 el Cabildo aprobó diversas
reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Mérida. Específicamente, la fracción VI del artículo 15 relativo
al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, prohíbe
ejercer el trabajo sexual en la vía pública.
Violación de derechos humanos
De acuerdo con Indignación, Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos A.C., “esta prohibición representa una criminalización y
estigmatización de las personas trabajadoras sexuales, situación contraria a
los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la
perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y
garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los
derechos. Dicho reglamento fue impugnado ante los Tribunales Federales por
diversos colectivos de trabajadoras sexuales. El citado boletín también está
firmado por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el
Crecimiento Personal A.C.
Fuente: Megamedia
