El Gobierno del presidente Barak Obama y su
entonces vicepresidente Joe Biden fue una era afortunada para las firmas
tecnológicas en Estados Unidos: un momento en el que fueron elogiadas como
innovadoras y creadoras de empleos y mayormente dejadas tranquilas. Ahora que
Biden regresa, esta vez como presidente, los tiempos han cambiado.
Los días de adoración en Washington es
probable que no regresarán cuando Biden asuma la Presidencia en enero, con
crecientes retos legislativos y regulatorios hacia la industria —incluso una
implementación más severa de las leyes antimonopolios—, casi seguramente
sobreviviendo el fin del término de Donald Trump.
“La reacción contra las tecnológicas anda a
toda marcha”, dijo Eric Goldman, profesor de Derecho en la Universidad de Santa
Clara y codirector del High Tech Law Institute.
En los años desde que Obama y Biden dejaron
la Casa Blanca, las fortunas de la industria tecnológica han cambiado.
Facebook, Google, Amazon y Apple se han visto bajo un creciente escrutinio del
Congreso, los reguladores federales, fiscales estatales y las autoridades
europeas. Twitter se vio frecuentemente enfrentado con los legisladores por sus
políticas de moderación del contenido en su plataforma. Y las compañías han
visto bajar su respaldo político en el Congreso.
Legisladores de ambos partidos quieren una
mayor supervisión de la industria, argumentando que su enorme poder de mercado
está fuera de control, aplastando a competidores y poniendo en peligro la
privacidad de los consumidores. Dicen que las compañías usan un escudo legal
para permitir la diseminación de información falsa en sus redes sociales o para
afianzar sesgos.
Biden pudiera buscar reducir el dominio de
los gigantes tecnológicos y pudiera encontrarse con la oportunidad de trabajar
con la oposición para reducir el poder de un adversario común.
Como candidato presidencial, Biden dijo que
debía ponderarse una división dentro las grandes compañías tecnológicas.
Desmantelar los gigantes tecnológicos “es algo que deberíamos examinar
seriamente”, dijo Goldman a The Associated Press en una entrevista. Dijo que
quiere ver analizar rápidamente las protecciones de las compañías de redes
sociales a la libertad de expresión en sus plataformas. Mencionó
específicamente al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, llamándolo
“un problema real”.
Se espera además que el Gobierno de Biden
prosiga con la nueva demanda antimonopolios del Departamento de Justicia contra
Google, aunque su forma pudiera cambiar.
Pero, si Biden decide buscar una reforma
grande de las leyes que gobiernan la competencia tecnológica, tendrá que
navegar aguas difíciles, en el Congreso y la política en general.
Los representantes demócratas, tras una
vasta investigación de un panel de la Comisión de Asuntos Jurídicos, llamaron
el mes pasado al Congreso a frenar a los gigantes tecnológicos, posiblemente
forzándoles a dividir sus operaciones, además de a hacer más difícil que
adquieran a otras firmas e imponer nuevas reglas para salvaguardar la
competencia.
Esos tipos de separaciones ordenadas por la
ley serían un paso radical para el Congreso y excesivo para muchos
republicanos.
Aunque el asunto no ha sido decidido aún,
Biden enfrenta la posibilidad de convertirse en el primer demócrata en la
historia moderna en asumir la presidencia sin que su partido controle el
Congreso. Los republicanos retendrían el control del Senado si ganan una de dos
segundas vueltas electorales en Georgia en enero. Los demócratas retendrán el
control de la Cámara baja.
El control republicano del Senado forzaría
a Biden a reducir sus ambiciones y trabajar en una agenda legislativa
diferente, basada en el bipartidismo. Un área posible de acuerdo sería una
legislación sobre la industria tecnológica.
“El punto fuerte de Biden como senador era
precisamente conseguir ese tipo de acuerdos”, apuntó Goldman, de la Universidad
de Santa Clara.
Pero lo que pudiera emerger al final es una
dependencia grande en el poder ejecutivo a través de una implementación más
enérgica de las leyes antimonopolios existentes, dijo Jerry Ellig, un
exfuncionario del gobierno y profesor del Centro de Estudios Regulatorios de la
Universidad de Georgetown. Los legisladores republicanos casi seguramente
seguirán unidos en oposición a cambios fundamentales en la industria
tecnológica, que pudieran afectar también a compañías más pequeñas, mientras
que los demócratas pudieran verse divididos en direcciones diferentes.
La demanda presentada la semana pasada por
el Departamento de Justicia acusó a Google de abusar de su dominio en internet
y en la publicidad en línea para estimular sus ganancias: fue el intento más
significativo del gobierno para proteger la competencia desde su histórica
causa contra Microsoft hace más de 20 años.
Está además el asunto de la protección
legal a la libertad de expresión en las plataformas sociales de Facebook,
Twitter y Google, otra área de acuerdo entre los dos partidos, aunque por
razones diferentes.
Ha aumentado el apoyo en el Congreso para
reducir algunas de las protecciones que han permitido a las compañías evadir
responsabilidad legal por lo que las personas publican en sus plataformas. Los
republicanos acusan a las compañías de un sesgo anticonservador que borra esos
puntos de vista de las redes sociales al tiempo que permite lo que describen
como una retórica de extrema izquierda y antiestadounidense.
Las preocupaciones demócratas se centran en
los mensajes de odio y prejuicio y las teorías de conspiración que han incitado
a la violencia física y en la amplificación en las plataformas de las
falsedades promovidas por Trump, especialmente las acusaciones de fraude en las
elecciones recientes.
Durante una audiencia en el Senado el mes
pasado, los líderes de las compañías de redes sociales rechazaron las
acusaciones de anticonservadurismo y prometieron defender activamente sus
plataformas para que evitar que fueran usadas para generar caos en la elección
del 3 de noviembre.
Los críticos en ambos partidos dicen que la
inmunidad bajo la Sección 230 de la ley de telecomunicaciones de 1996 permite a
las compañías de redes sociales renunciar a su responsabilidad de moderar
imparcialmente el contenido.
Biden ha dicho que la Sección 230 “debe ser
revocada inmediatamente”.
Una acción rápida podría ser difícil, dado
el panorama en el Congreso y las divisiones de opiniones sobre el material
visto por casi todo el mundo en el planeta.
Si emerge un proyecto de ley consensuado,
dice Ellig, de la Universidad George Washington, “van a hacerla lo
suficientemente vago para que todos se atribuyan victoria”.
Fuente: El Financiero