Carlos León Monterrubio, alcalde de Tlacolula de Matamoros, municipio de Oaxaca, con sentencia de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia política en razón de género, obtuvo su registro en Morena para buscar la relección.
El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales (JDC) fue promovido por la regidora de turismo y cultura, Violeta Zelmira Balseca Ramírez; de Salud Pública, Benito Hernández Martínez; así como el de agricultura y ecología Wilfrido Noé López Hernández, quienes argumentaron que el edil obstaculizaba su integración a las sesiones de Cabildo.
A partir de la resolución JDC/18/2020 y el acumulado JDC/27/2020 el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) determinó fundados los agravios y omisiones por parte de Carlos León Monterrubio.
En el caso específico de Violeta Zelmira Balseca Ramírez, el TEEO declaró la existencia de violencia política en razón de género atribuida al edil "por la realización de actos que se estimaron lesivos" en contra de ella.
El TEEO a su vez remitió copia certificada al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para que fuera ingresado al registro de personas a quienes se les ha desvirtuado su modo honesto de vivir, y en consecuencia impedidos para contender.
Más tarde, el pleno de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, acreditó actos de violencia política por razón de género de León Monterrubio, en contra de Balseca Ramírez.
Pese a lo anterior, la lista del IEEPCO contenida en su página oficial no tiene registrado al edil, quien también fue señalado por emitir expresiones misóginas y sexistas en 2019, hecho que le valió una llamada de atención por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En su momento, a través del oficio CNPEVM/1071/2019 la dependencia exhortó al político a expresar disculpas públicas a la población de su municipio y a comprometerse a conocer, cumplir y hacer cumplir la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, promoviendo acciones de política pública que dignifiquen a las niñas, mujeres y a la igualdad de género.
En octubre de 2019, el munícipe morenista dio un mensaje a sus seguidores anunciando su presunta separación del cargo, ahí alardeó de haber tenido cinco matrimonios además de haber lanzado un insulto generalizado para todas sus exparejas.
FEMINISTAS PIDEN NO OTORGAR REGISTRO
La activista feminista Elizabeth Sánchez González, quien denunció ante la Conavim las expresiones violentas del edil, llamó a las instancias electorales a no otorgar el registro como candidato a León Monterrubio.
"Hemos hablado de romper el pacto patriarcal para que no lleguen violentadores a espacios de gobierno, pero estamos viendo que el señor busca burlarse sabiendo que tiene una sentencia en su contra. Veremos qué hace el IEEPCO. Es muy preocupante la situación en Tlacolula", expresó.
Por otro lado, bajo el movimiento "Ningún agresor al poder", la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad demandó a los partidos políticos no permitir que agresores de mujeres obtengan candidaturas durante la contienda 2021.
Yesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio indicó que como activistas y defensoras de derechos humanos estarán atentas para que en la entidad no ocurra lo que está pasando en Guerrero con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta un proceso por violación y a pesar de ello busca contender por la gubernatura.
El análisis realizado por Consorcio Oaxaca a su plataforma Violencia Feminicida detalla que del 01 de diciembre de 2016 al 01 de marzo de 2021 documentaron 2 mil 530 agresiones contra mujeres por razón de género en el estado.
En 50 casos, las mujeres fueron víctimas de violencia por parte de funcionarios con cargo político o de seguridad pública. En 35 de éstos fueron por violencia política; en 7 violencia sexual; seis por violencia familiar y en dos se trató de feminicidios.
En los casos en que se conoce la ocupación de los agresores con función pública, ya sea en el ámbito político o de seguridad, el 46 por ciento son presidentes municipales (23 casos), de los cuales 10 impidieron el ejercicio de candidaturas o funciones de gobierno a las víctimas; 26 por ciento son militares y policías (13 casos), de los cuales 5 cometieron violación. El 24 por ciento son regidores, síndicos y ediles (12 casos), de los cuales 7 agredieron con insultos y amenazas -incluso de muerte- y 4 por ciento son diputados locales (2 casos), 1 caso fue de acoso sexual.
En ese sentido Sánchez Maya, exigió no solapar a violentadores y romper el pacto patriarcal fijando una postura clara de cero tolerancia.
