En una protesta efectuada en la Plaza Grande del Centro
Histórico de Mérida, representantes del Frente Nacional para la Sororidad de
Yucatán acusaron a los legisladores de hacer de menos esta medida, la cual
busca combatir el delito contra la intimidad, en su modalidad de internet,
afirmando que, hasta ahora, no ha pasado por el pleno para ser puesta a
disposición de los diputados.
“Ya estamos hartas de que la fiscalía no haga nada. De que
sigan encubriendo a nuestros agresores. De que nuestras carpetas sigan vacías.
De que por más de dos años que nos motivamos a poner las denuncias, se nos
revictimiza y siguen diciendo que es nuestra culpa por mandar la foto, pero no
es nuestra culpa que sigan lucrando con nuestros cuerpos”, dijo Emma Puerto,
quien fue presa de este tipo de ilícito.
Las inconformes recordaron que la discusión de la Ley
Olimpia inició en 2019, por lo que se dijeron indignadas de que, hasta ahora,
no sea una realidad en México, pese a que en 29 estados ya se ha legislado en
torno a combatir los delitos contra la intimidad sexual.
También explicaron que es urgente que la cámara baja coloque
estas disposiciones dentro del orden del día en alguna de las próximas sesiones
del pleno, toda vez que, dijeron, deben quedar aprobadas antes de que concluya
el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de abril.
Advirtieron que también es necesario que las autoridades
empiecen a combatir y sancionar este ilícito, pues afirman que, tan sólo en
Yucatán, habría más de 150 carpetas de investigación por casos que siguen a la
espera de ser atendidos.
“Al menos en Yucatán, de nada sirvió que se haya aprobado la
ley si no se ve el impacto de la misma. También se tiene que aprobar a nivel
federal. La violencia digital no es menos por ser digital. Exhortamos a los
diputados que den su opinión porque no puede ser que solo uno haya contestado”,
señaló Alejandra González.
Hay que recordar que la llamada “Ley Olimpia” comprende una
serie de modificaciones al Código Penal y la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia con el fin de sancionar a quien grabe o fotografíe a una persona sin
su consentimiento y distribuya este material por cualquier medio, además de que
comprende el término de violencia digital a quien incurra en esta práctica.
Fuente: El Universal
