(apro).- El fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, informó que sí existen elementos en la denuncia presentada contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su círculo cercano, que podrían configurar al menos dos delitos que por su naturaleza ameritarían cárcel preventiva oficiosa, por lo que tendría que solicitarse un juicio de procedencia para desaforar al mandatario.
En entrevista en el marco de la instalación de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, a la que acudió como invitado, el fiscal dijo que la denuncia presentada por Enrique Paredes Sotelo, abogado morelense, el pasado 13 de septiembre, cuenta con números de cuenta bancaria, cantidades, ordenantes y beneficiarios de depósitos, fechas, sucursales bancarias, entre otros, algunos de los cuales ya fueron verificados en su existencia, lo que resultó positivo.
Dijo que se han hecho solicitudes formales de información a instancias federales, presumiblemente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a los gobiernos de otros estados del país, incluida la Ciudad de México, para que se pueda corroborar la veracidad de otros elementos de prueba.
Sin embargo, anteponiendo que se debe respetar el debido proceso, Salazar Núñez dijo que las pruebas verificadas hasta el momento comprueban “con toda claridad una serie de triangulaciones financieras para hacerse algunos movimientos de recursos muy fuertes”, y que, sin mencionarlo, en ellas se encuentra involucrado el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que alude como “titular del Poder Ejecutivo” de la entidad.
Negó que se trate de una venganza política. Dijo que no tiene que ver con el proceso de desafuero al que fue sometido el fiscal general Uriel Carmona Gándara o que tenga relación con una presión del exgobernador Graco Ramírez, como el propio exfutbolista expresó el pasado 16 de septiembre. También rechazó que sea “un refrito” como lo refirió el gobernador.
Dijo que la investigación está basada en los documentos presentados por Paredes Sotelo, de los cuáles señaló “ya se hizo una ampliación con nueva información y ya se están llevando a cabo una serie de acciones para tener resultados que pudieran concluir, desde luego, con una solicitud al Congreso del Estado, para iniciar un juicio de procedencia en contra de quien resulte responsable en esta denuncia contra varios funcionarios, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos”.
Sin embargo, pidió no adelantar vísperas: “No es momento, no podemos adelantar, además de que son una infinidad de pruebas que ha presentado el denunciante, pero ya se están desplegando una serie de acciones para checar, confirmar que la información es verídica. Ese primer filtro quiero decirles que ha avanzado y a lo que llevamos ahorita sí se están confirmando que se realizaron transferencias, depósitos que podrían llevarnos adelante a solicitar el juicio de desafuero”.
Entonces, señaló que existen elementos que podrían hacer posible la configuración de al menos dos delitos que ameritarían cárcel preventiva oficiosa, es decir, que en caso de proceder contra Cuauhtémoc Blanco Bravo y que el juicio de procedencia lo permita, el gobernador de Morelos sería recluido en un penal local sin mediar solicitud al juez. Se resistió a revelar los delitos con el argumento de respetar el debido proceso.
Como se informó en su oportunidad, la semana pasada el abogado Enrique Paredes Sotelo presentó una denuncia de hechos en los que señala depósitos por más de 500 mil pesos en los que estarían involucrados, además del propio Blanco Bravo, su medio hermano Ulises Molina Bravo, su esposa Natalia Rezende Moreira, su primo y secretario particular Edgar Riou Pérez, así como su apoderado legal, Jaime Tamayo Godínez.
