A la hora de reparar nuestra moto muchos pueden ser los inconvenientes que nos den quebraderos de cabeza, lo que no se espera uno es que cuando dejes tu moto en el taller te pueda llegar una multa por exceso de velocidad.
Es el caso de un Salmantino, que llevó su motocicleta a un al taller oficial para reparar un pequeño problema con el control de velocidad y se encontró con que su dispositivo antirrobo registró que la moto había circulado a una velocidad de 222 km/h.
La frase "la realidad supera a la ficción" está muy manida pero en este caso se puede aplicar perfectamente, porque si te lo cuentan por ahí no te lo crees. Y es que un salmantino llevó su moto de gran cilindrada a reparar a un concesionario oficial y se encontró con que algún empleado del local había cogido su moto y la había puesto a una velocidad de 222 km/h.
La victima ya ha denunciado los hechos ante la ley y su caso ha sido remitido hasta el mismísimo Pere Navarro, Director General de Tráfico del Ministerio del Interior y al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas para su investigación como nos explican en LA GACETA.
El afectado relata en la publicación que el martes día 6 de febrero dejó su moto en un concesionario oficial para reparar algo que afectaba directamente al control de velocidad. Cual fue su sorpresa cuando al día siguiente por la tarde un aviso al móvil desde su aplicación antirrobo le advertía que alguien, supuestamente del taller, estaba conduciendo su vehículo en algún punto de la A-50 a una velocidad de 222 km/h.
En declaraciones la victima asegura que en ese momento "llamó al taller para ver cómo iban, si habían solucionado la avería, y le dijeron que no sabían, que había salido un mecánico a probarla". El afectado no se lo pensó dos veces y en ese momento fue a denunciar los hechos ante la Guardia Civil. "Ya no es la multa que me pueda llegar es que esto es delito y yo soy funcionario público, lo primero que harían sería echarme", lamenta. "Lo bueno es que tengo la copia de la orden de reparación de un día antes, lo que prueba que en ese momento la moto no estaba en mi poder", añade.
Guardia Civil
Cabe recordar que este delito está penado ante la ley con penas de hasta tres a seis meses de prisión. Sobre la respuesta del concesionario a tal hecho le han respondido que lo lamentaban y que sancionarían al empleado internamente. Además, le llamaría en algún momento para disculparse por lo ocurrido. En el momento de la entrevista esto último todavía no había ocurrido.
El caso ha llegado hasta la plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), una asociación nacional sin ánimo de lucro que nació en 2015 para defender los derechos de los usuarios de motocicletas y ciclomotores en todo el mundo. Tras comprobar las pruebas aportadas por el denunciante, esta asociación ha presentado una denuncia ante el Director General de Tráfico, Pere Navarro; y al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; además de la correspondiente queja ante el departamento de cliente de la empresa de automoción.
Un caso que nos da mucho que pensar puesto que los conductores no sabemos qué pueden hacer los talleres con nuestro vehículo cuando se lo dejamos. En esta ocasión, el denunciante tenía instalado un dispositivo que le advirtió de la grave infracción pero no todo el mundo puede permitírselo. En cualquier caso, denunciar siempre es la primera vía demostrando tanto con los papeles de la reparación como con las posibles pruebas los hechos ocurridos.
