La explosión por fuga de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en Puebla capital, fue provocada por una pipa de la empresa Hidro Gas, la cual estaba conectada a una toma clandestina para cargar y llenar su tanque, denunció Javier González del Villar, director de Pemex Logística.
En conferencia de prensa acompañado del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el funcionario federal indicó que el siniestro que dejó una persona muerta, ocho heridos de gravedad y 184 casas afectadas ocurrió en el kilómetro 585+720 del ducto de gas LP Tecamachalco-San Martín Texmelucan.
Señaló que la toma clandestina fue encontrada a las 02:40 horas del 1 de noviembre, a 3.5 metros de profundidad, pero fue hasta las 04:53 horas que técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Bomberos de Puebla lograron inhabilitarla al 100 por ciento.
Dijo que en el transcurso de este miércoles las cuadrillas de autoridades federales, estatales y municipales ya podrán ingresar al punto para iniciar con las labores de limpieza y retiro de escombros, sin embargo, solicitó al gobierno de Puebla que mantenga cerrada la "zona cero" para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda continuar con las diligencias periciales correspondientes a la investigación.
González del Villar reveló que al interior del predio donde se originó la explosión había una pipa conectada a la toma clandestina, la cual estaba rotulada y pertenece a la empresa Hidro Gas.
"Había un autotanque, una pipa que entre la 1 de la mañana y 1:30 de la mañana estaban cargando, presumimos que con la presión la maguera jaló o bailó, se sale de la pipa, se hace la nube de gas, estos sujetos se espantan y huyen, tenemos enfrente un transformador y es lo que hace el punto de ignición".
El director de Pemex Logística advirtió que este tipo de prácticas son una constante en juntas auxiliares y colonias de Puebla capital, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Tepeaca, donde los autotanques "van, se conectan al tubo, cargan y salen" fácilmente hacia las vialidades para vender el hidrocarburo robado al día siguiente.
Ante tal situación, el gobernador Miguel Barbosa solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad Ambiental (ASEA) para que revisen los permisos que otorgan a las empresas gaseras en Puebla y la manera en que obtienen su producto.
Adelantó que su gobierno, en coordinación con la federación, hará una "revisión metro a metro" de los gasoductos para encontrar a los huachigaseros y los lugares en donde acostumbran a distribuir el gas LP.
