La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la “normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México”.
En un comunicado, la Oficina llamó a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urge a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.
Relató que, en las primeras diez semanas del año 2022, ha recibido al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística.
Entre enero y marzo, la Oficina ha sido informada sobre el asesinato de Roberto Toledo, en el estado de Michoacán; Heber López Vásquez, en el estado de Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, en el estado de Sonora; y Juan Carlos Muñiz, en el estado de Zacatecas.
En 2021, la Relatoría registró al menos diez crímenes contra periodistas en México.
Anteriormente, esta Oficina se había pronunciado sobre el asesinato del reportero José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz y de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en el estado de Baja California; y, junto con la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el estado de Baja California.
Durante este período, la Relatoría también documentó al menos dos atentados contra reporteros, uno de los cuales se encontraba acompañado de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección al momento de los hechos.
La Relatoría también recibió información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales.
“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, señaló
Explicó que, en el marco de la crisis de violencia que actualmente enfrenta la prensa en México, la Relatoría ha sido informada y asigna valor a los esfuerzos emprendidos por el Estado, entre los cuales las autoridades han destacado el plan de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El Gobierno federal estima como “punto de llegada de este proceso”, asegura, la presentación de una propuesta de Ley General -que requiere de ajuste constitucional previo, y que pretende atender el fenómeno de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos desde una visión de Estado, en la cual las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen.
De acuerdo a la información disponible, dicho instrumento, además, deberá pasar por discusión y aprobación parlamentaria.
El Estado también informó que como medida complementaria está trabajando con UNESCO para la capacitación de los diversos órdenes de gobierno; resaltó que la actual administración ha destinado mil 200 millones de pesos mexicanos al mecanismo para la protección vigente; e indicó que se han suscrito convenios de colaboración con diversas autoridades locales.
En un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, la Relatoría considera que:
los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas;
los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación; y
los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación. La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento.
La Relatoría recibió por parte de la Vocería de la Presidencia de la República una comunicación en la cual se indicó que el Gobierno federal condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas; exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables; reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad; y reitera el llamado a todos los órdenes de gobierno para que se proteja la vida e integridad de periodistas.
“La Vocería de Presidencia cierra su apreciación destacando la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo”, detalló.
Los esfuerzos institucionales actuales mexicanos “se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México”.
En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia.
En línea con las recomendaciones señaladas en el Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, la Relatoría llama a las autoridades a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra.
Observa fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública, y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas.
Dada la centralidad que juega la labor periodística en una sociedad democrática, para la Relatoría Especial es fundamental el rol de la comunidad internacional en la condena de los hechos de violencia contra la prensa, sin distinción del país en donde ocurran. En este sentido, la Relatoría invita a las autoridades a que reciban estos mensajes en el marco del diálogo inherente a la observación en materia de derechos humanos y como muestra de un genuino compromiso de la comunidad internacional para contribuir al cese de la violencia contra la prensa como un objetivo común.
