El gobierno rescató por primera vez en esta administración a una empresa de la quiebra, con el financiamiento de Altán Redes, la encargada de desplegar la cobertura de la Red Compartida, que obtuvo un crédito de 388.1 millones de dólares, de los cuales el 41 por ciento corresponde a Bancomext, mientras que el 59 por ciento restante será aportado por proveedores, accionistas y clientes.
“Estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la nación, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa”, informó en su conferencia mañanera el pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aportará un crédito por 161 millones de dólares, los proveedores darán 166.6 millones de dólares, los accionistas 50.5 millones de dólares y los clientes 10 millones de dólares.
Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), advirtió que este financiamiento será insuficiente para darle viabilidad económica en el largo plazo a la empresa, que acumula pasivos por más de mil 500 millones de dólares (alrededor de 30 mil millones de pesos), por lo que anticipó que habrá un probable segundo rescate.
“Seguramente en la siguiente administración se hará un segundo rescate y se terminará por malbaratar la infraestructura de Altán Redes. Desde ahora puedo decir que esta empresa de telecomunicaciones es un hoyo negro que absorberá recursos públicos obtenidos de los impuestos que paga la ciudadanía”, concluyó el analista del IDET.
La empresa adeuda a Nokia, Huawei, Bancomext, Banobras, Nafin, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
Flores explicó que el gobierno asumirá el control de la compañía sin contar con experiencia para administrar una firma de telecomunicaciones, como lo demuestra la propuesta del nombramiento de Carlos Lema Cotera como director general de Altán Redes, un contador público que es jefe de la oficina del secretario de Hacienda y exfuncionario de Bancomext, Nacional Financiera y Banobras.
“El gobierno propuso a Carlos Lema Cotera para estar al frente de Altán Redes, quien no cuenta con la experiencia para operar una red pública de telecomunicaciones con los desafíos que se tienen por delante. Me parece que el gobierno se ha colocado en una situación en donde será necesario un nuevo rescate”.
Jorge Moreno, abogado especialista en Telecomunicaciones, opinó que el financiamiento del gobierno puede anticipar un cambio de rumbo en la estrategia de digitalización de México, donde la administración quiere cumplir con su promesa de llevar conectividad a muchas zonas del país que hoy en día no tienen acceso a internet.
“El gobierno federal no tiene un plan sólido de estrategia digital a largo plazo, ya que en el Plan de Desarrollo Económico hay más ideas y decálogos que un plan estructurado que se desprenda en políticas públicas federales. Invertir en Altán podría representar el cambio de rumbo para la estrategia digital; sin embargo, es necesario un plan de negocios que permita pagar los adeudos y que genere rentabilidad”, puntualizó Moreno.
En agosto del 2021 una jueza dio entrada al Concurso Mercantil promovido por Altán Redes.
Paralelamente a Altán Redes, el gobierno informó que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) invertirá en el despliegue de la Red Pública de Telecomunicaciones con la que busca llevar internet y servicios móviles 4G a más de 60 millones de personas.
Gerardo Flores dijo que el gobierno quiso ser protagonista en el rescate de Altán porque esto le permitirá reforzar su estrategia para llevar conectividad a todos.
“El presidente se dio cuenta que CFE TEIT, por sí sola, no podrá cumplir la promesa de conectividad, por lo que volteó a ver a Altán para sumarla a la estrategia”, detalló Flores.
Por su parte, Michel Hernández Tafoya, consejero de Observatel, resaltó que el financiamiento del gobierno debe estar acompañado por ciertas garantías, entre ellas el compromiso de cumplir con el objetivo constitucional de llevar conectividad a zonas en donde hoy en día no hay acceso a internet.
“Es importante que se establezca un plan específico de objetivos y cumplimiento de metas, así como la forma y los tiempos en que se van a regresar los créditos al Estado”, dijo.
