Más de 12 organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y activistas presentaron 24 amparos contra el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional al Ejército, acción que califican como un atentado contra la democracia y las vías civiles que se requieren para transitar a un país en paz.
Para el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta, Data Cívica, entre otras organizaciones, que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, representa la claudicación del Estado mexicano de contar con una policía civil federal, tal como lo establece la Constitución.
“Esta claudicación también es notable en reformas como la que amplía el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028”.
Cambios brindan “poder absoluto” de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, aseguran
Mediante un comunicado, señalaron que estos cambios aprobados por diputados y senadores brindan “poder absoluto” de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, quienes ahora tienen formalmente el control de la seguridad pública en el país, pese a que por más de 15 años de despliegue militar, su participación no ha mejorado las condiciones de seguridad en el territorio nacional.
Advirtieron que el país vive un escenario donde las Fuerzas Armadas cada vez obtienen más poder y autonomía que pone en riesgo su neutralidad, las funciones que originalmente le fueron asignadas y la propia estabilidad democrática del país.
“Estos amparos fueron presentados en un contexto donde las Fuerzas Armadas les son asignadas cada vez más tareas civiles ajenas a la seguridad, a la par que aumentan sus recursos; espían a personas defensoras de derechos humanos, universidades, periodistas”.
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Además, remarcaron, el Ejército desatiende los llamados del Congreso a rendir cuentas por el reciente hackeo del grupo Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Incluso redactan iniciativas legislativas que son presentadas y aprobadas por el Congreso de la Unión”.
Acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores de ser cómplices del deterioro progresivo de la supremacía civil en el gobierno.
