En el municipio de Chicomuselo, al menos 3,780 personas han sido desplazadas por la violencia e inseguridad que padecen algunas comunidades rurales en Chiapas. La cifra podría llegar a los 5 mil si se suman Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que la cifra “no era significativa” y los calificó de “muy pocos”.
El número de 3,780, además, fue proporcionado por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista con N+, de Televisa, transmitida este 8 de febrero.
Y consultado por el Sabueso, el coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca González, es quien cifró en más de 5 mil los desplazados de los municipios Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas.
Las cifras oficiales, dijo, se quedan cortas, porque hay población que se desplaza silenciosamente, huyendo de la violencia por enfrentamientos armados entre grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de conflictos por territorio agrario dentro de las comunidades.
En esta nota de Animal Político se narra cómo la explotación ilegal de una mina está detrás de los enfrentamientos en Chicomuselo, Chiapas, según las denuncias de pobladores.
Familias tuvieron que dejar sus comunidades en dicho municipio a causa de los enfrentamientos e incluso la confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles, y rechazaron el ingreso de los soldados. Esto, al considerar que podían estar coludidos con criminales.
“¿Cuánta gente ha sido desplazada?”, le preguntaron al presidente López Obrador este 8 de febrero, en su conferencia matutina.
“Muy pocos y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, y tenemos presencia”, respondió.
“¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir?”, le insistieron.
“No tengo el dato, pero no es significativo”.
Historial de violencia y desplazamiento en distintas regiones de Chiapas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido en los últimos años al menos dos medidas cautelares a comunidades tzotziles, en Chiapas, ambas por desplazamiento generado por conflictos armados y violencia.
La primera medida cautelar No. 882-17 del 2018, refiere que en las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, cerca de 55 grupos armados provocaron el desplazamiento de 5 mil personas indígenas de 10 comunidades, por un conflicto agrario.
La segunda medida cautelar No. 284-18 se emitió en 2021. En ella, la Comisión instó a reforzar las acciones de seguridad por parte del Estado Mexicano, pues los factores de riesgo prevalecían, como los conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados a través de procesos de investigación, sanción, reparación y justicia.
La medida detalla que, en septiembre de 2020, la cantidad ascendería aproximadamente a 3 mil 499 personas indígenas desplazadas de 10 comunidades de la misma región chiapaneca.
El Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR definió el problema de desplazamiento forzado en Chiapas como una “violación múltiple y continua a los Derechos Humanos, especialmente relacionado con un recrudecimiento de la violencia sociopolítica y con situaciones de grave conflictividad armada”.
Desde 1994 y hasta junio del 2020, dicha organización registró que más de 115 mil personas fueron desplazadas en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Las Margaritas y Chenalhó.
Además, a mediados del 2021, 3 mil 205 indígenas tzotziles abandonaron sus hogares y buscaron refugios en otros municipios debido a la violencia generalizada en la región. De este mismo suceso, el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró que fueron 2 mil las personas desplazadas.
“La magnitud del fenómeno es mayor a lo que el gobierno reconoce, hay una política gubernamental del gobierno de López Obrador y Rutilio (Escandón) de minimizar e invisibilizar el tema, de aparentar que en Chiapas no pasa nada”, concluyó el Coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.
