A las acusaciones contra Zaldívar, se añade la de la magistrada Elba Sánchez Pozos, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, quien adelantó a Excélsior que la próxima semana denunciará al ministro en retiro por casos que se remontan a 2019.
La magistrada Sánchez Pozos dijo que las denuncias son por “abuso de función, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencia, encubrimiento, obstrucción de justicia, notoria ineptitud, descuido en el desempeño y no preservar la imparcialidad y profesionialismo propio de la función”.
Después de que se hizo pública la investigación contra excolaboradores del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la magistrada Sánchez Pozos habló de su caso, que se remonta a 2019.
Tengo un litigio desde hace cuatro años, toda la presidencia de Zaldívar; le pelee internamente todo lo que estaba haciendo, tengo muchísimos documentos y ya terminé la denuncia, pero me falta recabar algunas de mis pruebas que tengo aquí mismo”, indicó a este diario y afirmó que fue suspendida por el ministro en retiro, como represalia por pretender armar una denuncia en su contra.
El expresidente de la Corte aseveró que “inopinadamente el miércoles, la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja, violando toda la normatividad y todos los precedentes, la regla que se ha venido imponiendo, incluso en la administración de la ministra Piña es que las quejas anónimas o que no aportan pruebas, pues no se admiten, incluso se desechan.
Incluso, hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe; es decir, que quien denuncia, quien se queja tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador”.
La magistrada refrendó que la denuncia anónima que generó la investigación de la Corte contra Zaldívar, por presuntos actos de corrupción “es válida y auténtica”, dijo.
No es un golpe bajo, somos juzgadores. Me apena que sea una denuncia anónima. Me gustaría que mis compañeros que vivieron cuestiones de violaciones a la independencia judicial tuvieran el valor de denunciar de frente, que no se preste a suspicacias”, dijo la magistrada inicialmente en entrevista por Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula y reiterada minutos después a Excélsior.
Sánchez Pozos se asumió como una de las víctimas de Zaldívar, quien, dijo, ejerció presión contra ella derivado de una denuncia por “malas prácticas” de colegas que hizo en abril de 2019.
Aseguró que Zaldívar ordenó que se iniciara la investigación contra los actos que ella denunció. “Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán, Sinaloa, que es un lugar conocido como de castigo dentro de la institución, y sólo por haber denunciado a gente de su grupo de poder”, sostuvo.
La magistrada dijo, sin dar el nombre, que a la colega que denunció en 2019 era totalmente cercana a Zaldívar, lo que ocasionó el rigor absoluto del entonces presidente de la Corte, que se reflejó en una suspensión de un año con un sueldo disminuido de 33%, y no completo, tomando el sueldo básico.
“Me quedé sin trabajo y todo ello derivado de las denuncias que hice oportunamente y que no iban a permitir, porque su estilo, son expertos o estrategas en el encubrimiento. Es un hecho, lo viví y lo voy a demostrar”, agregó Sánchez Pozos.
