La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), rechazó las declaraciones de la próxima Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, que amenazó con actuar contra los juzgadores que conforme a su mandato constitucional, han dictado resoluciones en juicios de amparo promovidos con motivo de la reforma judicial, tanto en lo relativo a su aprobación como a la implementación que se pretende llevar a cabo.
Destacó que las manifestaciones de Godoy constituyen una amenaza a la independencia judicial y la división de poderes, pueden entenderse como una línea de acción en el ejercicio de su próxima posición en el gobierno federal, lo que sin duda pondría en entredicho el compromiso de asumir un gobierno de pleno respeto a los principios democráticos.
En un posicionamiento el organismo resaltó que en estos momentos en que diversos mandatarios se encuentran en el país para la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo, resalta la gravedad de sus declaraciones.
“Cualquier intento de coacción o intimidación hacia el Poder Judicial representa un retroceso inaceptable en el avance democrático del país, y compromete la capacidad de los juzgadores para desempeñar sus funciones con imparcialidad y autonomía”, remarcó la Jufed.
También llamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades vinculadas al cumplimiento de las resoluciones judiciales, a respetar las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito y no eludir su responsabilidad con recursos discursivos.
La Jufed subrayó que el incumplimiento de las resoluciones implica responsabilidad para los funcionarios públicos omisos, cualquiera que sea su jerarquía, además de que vulnera el Estado de Derecho y reiteró su compromiso con la defensa de la autonomía judicial y los juzgadores que la integran, con hacer cumplir la Constitución, que tienen como mandato.
El organismo que preside la Jueza Juana Fuentes Velázquez, enfatizó que la independencia de los juzgadores es un pilar para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo que respete los derechos humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
