La tranquilidad del Centro Histórico de Querétaro se vio rota la mañana del 25 de octubre, cuando un operativo policial se tornó en una serie de detenciones violentas contra indígenas Ñañhu que defendían su derecho a vender artesanías. Lo que inicialmente era un desalojo de vendedores ambulantes, según informó la Secretaría de Gobierno, rápidamente se convirtió en un altercado marcado por jalones, empujones y gritos, con testimonios que señalan abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades.
En el corazón de Querétaro, seis indígenas Ñañhu, acompañados de un defensor de derechos humanos y un estudiante universitario que documentaba el evento, fueron detenidos bajo el uso de binomios caninos y la presencia de una docena de policías. En redes sociales circulan videos del operativo donde se observa a oficiales sin bozal en los perros y se escucha la angustia de los comerciantes, quienes luchaban por mantener sus espacios en la calle, en medio de un intento por dialogar y proteger a sus familias. La escena es especialmente conmovedora: entre los detenidos, algunas mujeres llevaban bebés en brazos mientras intentaban proteger a sus hijos del caos que se desataba a su alrededor.
¿Por qué sucedió el operativo y cuáles son sus repercusiones?
Este operativo, llamado “Centro Histórico,” tenía como objetivo liberar el área de vendedores ambulantes. Sin embargo, la historia detrás es mucho más compleja: los comerciantes indígenas Ñañhu habían estado protestando pacíficamente contra las decisiones del gobierno local de remover sus puestos, argumentando que la falta de apoyo y espacios adecuados los obliga a trabajar en la calle.
La situación se intensificó cuando, en lugar de dialogar, se recurrió a una intervención policial que para muchos representó una muestra de abuso de poder. Entre los detenidos se encuentran miembros del Bloque Disidente Ñañhu, quienes, en su mayoría, fueron trasladados al Ministerio Público. El Comité Cerezo México, una organización de derechos humanos, denunció la situación y exigió una investigación a los responsables de estas detenciones arbitrarias, afirmando que las acciones de la policía violan los derechos de los individuos y muestran un uso excesivo de fuerza.
Reacción de la ONU y el monitoreo de Derechos Humanos
La magnitud de los acontecimientos atrajo la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en México. La organización emitió un comunicado afirmando que ya están monitoreando la situación y exigen que se respeten los derechos y libertades de los indígenas, manifestantes y observadores detenidos en Querétaro. En su declaración, la ONU enfatizó su compromiso en asegurar que los derechos humanos fundamentales no sean vulnerados en este tipo de intervenciones policiales.
El comunicado de la ONU trae esperanza para los afectados, quienes enfrentan un proceso complejo y potencialmente largo. Sin embargo, para las personas involucradas y sus familias, la incertidumbre prevalece, al igual que la urgencia de obtener justicia en un sistema que, para muchos, muestra una falla estructural en la protección de los derechos de los grupos indígenas.
Demanda de justicia y el llamado a las autoridades
Organizaciones como el Comité Cerezo México han alzado la voz y exigido al gobierno local una revisión exhaustiva del operativo, así como medidas para garantizar la seguridad de las personas detenidas y sancionar cualquier abuso de autoridad. La exigencia no solo se basa en los eventos ocurridos el 25 de octubre, sino en una historia más amplia de desigualdad y discriminación hacia los pueblos indígenas que buscan ganarse la vida de manera digna.
En las próximas semanas, las autoridades en Querétaro enfrentarán una presión importante por parte de organizaciones civiles y de derechos humanos, que no solo exigen justicia para los involucrados, sino también una revisión de las políticas municipales sobre el comercio en el Centro Histórico. La esperanza de que estas demandas lleven a un cambio en las prácticas policiales y una protección real de los derechos humanos se mantiene, pero queda por ver si este caso marcará un antes y un después en la relación entre las autoridades y los comerciantes indígenas en Querétaro.
