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Buscan sancionar encubrimiento de delitos con hasta 14 años de cárcel en Puebla

13 abril 2025
Noticias de Yucatán. 

El encubrimiento de los delitos de violación en contra de niños, niñas, adolescentes, personas mayores de edad y adultos mayores pretende ser sancionado hasta con 14 de cárcel.

El Congreso del Estado recibió una iniciativa de reforma al Código Penal por parte de la diputada del Partido Verde Ecologista, Norma Pimentel.

En ella, pretende modificar diversos artículos de dicho marco normativo para sancionar a aquellas personas que tengan conocimiento de diversos delitos y no los denuncien.

Entre los que se pretende incluir, son aquellos de índole sexual que se cometan en contra de grupos vulnerables tales como menores de edad, adultos mayores o con alguna discapacidad.

En estos casos, las personas que incurran en el encubrimiento, recibirán sanciones que van desde los cuatro años a los 14 años de prisión.

Las mismas penas se aplicarán en contra de aquellos que también tengan conocimiento de hechos de lesiones, homicidio, inducción y auxilio al suicidio, homicidio en razón de parentesco o relación y feminicidio.

Para los casos en los cuales se incurran situaciones de golpes, violencia físicas o psicológicas, violencia obstétrica y discriminación, se pretende que se apliquen de tres meses a dos años de cárcel.

A través de la propuesta, Pimentel Méndez pretende incrementar la corresponsabilidad social en la impartición de justicia, con la finalidad de que los delitos sean denunciados ante las autoridades.

“Esta propuesta parte del principio de corresponsabilidad social en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, al establecer como delito la omisión de no acudir a la autoridad competente para denunciar”, se menciona en el documento.

De igual manera, se contempla generar mayores condiciones de justicia para algunos sectores de la sociedad, al incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad, señalando dichos grupos son más vulnerables a la violencia.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, con el objetivo de que está sea analizada y se determine si es viable su aplicación o se desecha la propuesta.

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