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Sobre los regios árboles de la costa mexicana de Yucatán -tan antiguos como la civilización maya que antaño pobló esa tierra- y las especies endémicas como los ambarinos pájaros Yuya o el pájaro Thó, se cierne la sombra de un posible ecocidio a raíz de la construcción de parques eólicos.
El comisario del ejido de Sinanché, Severiano Gutiérrez Celis, cuenta a Efe que tanto él como los ejidatarios de los municipios de Motul, Cansahcab y Suma de Hidalgo están asustados por las firmas de energía Aldesa y Aldener, que intentan despojarlos de sus tierras con base en unos arrendamientos de 30 años firmados sin consentimiento de los campesinos y que posibilitan la edificación.
“Esa belleza natural y nuestras milpas podrían desaparecer para siempre con los parques eólicos que pretenden construir en el oriente con contratos irregulares”, expresa Gutiérrez Celis.
Dichos contratos fueron autorizados en 2014 por el comisario anterior del ejido, Santos Nicolás Chunab Celis, y permiten la renta de mil 89 hectáreas en Sinanché.
Sin embargo, los campesinos no tienen certeza de si lo que afirman las empresas es cierto, ya que estas -asegura Gutiérrez Celis- no quieren darles “copia del contrato que firmó en 2014 el comisario anterior”.
Ese año, al descubrir la irregularidad, los campesinos denunciaron los proyectos y se detuvo la construcción de los parques denominados Chacabal I y Chacabal II de acuerdo con una resolución del Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
El fallo a favor de los pobladores vino a partir del estudio de impacto ambiental que presentaron los empresarios, el cual no cumplía los requisitos establecidos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Según el portavoz de los ejidatarios, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) realizó un dictamen que reconocía el riesgo de pérdida de hábitat de especies endémicas, así como la muerte de aves residentes y migratorias.
La próxima audiencia será el 3 de noviembre en el Tribunal Agrario, en la ciudad de Mérida, donde los campesinos esperan conseguir que se cancele la construcción del proyecto.
“No queremos que nuestros nietos o bisnietos afronten un desastre ecológico por la complicidad de funcionarios estatales y federales que quieren construir parques ecológicos en nuestras tierras”, asevera Gutiérrez Celis, quien asegura que buscarán ayuda internacional para evitar a toda costa daños en el ecosistema.
Por lo pronto, el comisario ejidal de Sinanché y sus habitantes exigen una copia del contrato de arrendamiento, “porque en la asamblea que se organizó para dar a conocer el arrendamiento de mil 89 hectáreas no se contó con la mayoría mínima” de campesinos presentes, que es 419.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Edgar Ocampo cuenta a Efe que los efectos derivados de la construcción de estas estructuras no solo traerían daños ecológicos, sino también problemas de salud relacionados con la audición y problemas cardíacos.
En lo relativo al daño al medioambiente, preocupan los daños y muertes de aves, ya que los cinco últimos metros de las aspas de los postes eólicos llegan a obtener una velocidad de 400 kilómetros por hora.
Según el experto, en otras regiones del mundo se contabilizan aproximadamente 20 aves muertas por año por cada poste instalado.
También las máquinas, al no ser totalmente herméticas, presentan constantemente fugas y fluidos de aceite y estos normalmente se escapan por las aspas alcanzando una dimensión muy grande en los terrenos, “convirtiendo finalmente a la torre eólica en un aspersor de aceite”.
El líquido puede causar impactos especialmente en los terrenos agrícolas, concluye el también catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). EFE
