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Tras muchos años de hostigamiento telefónico, amenazas y difamaciones, se forman varios frentes para proteger a clientes de servicios financieros y tiendas departamentales, de acoso y cobros de manera ilegal, así como a quienes no desean ser molestados varias veces al día, muchas veces en horarios impropios, de la promoción de productos que no requieren y a los que prácticamente se les desea obligar a adquirir para dejar de ser molestados en sus hogares y teléfonos celulares. Incluso se debate nuevo frente en Yucatán en el Congreso del Estado.
El líder de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, puso el dedo en la llaga a anunciar una iniciativa para prohibir y sancionar que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto para promover productos y servicios con fines publicitarios.
“En México no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento. Al contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas”, dijo.
Propone reformar diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y Federal de Protección al Consumidor.
Se pretende prohibir que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadotécnicos o publicitarios, salvo que se ha haya brindado un consentimiento, previo e informado, expreso e inequívoco, así como mayores sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la orden, algo que no ocurre en la práctica.
En Yucatán
Miguel Edmundo Candila Noh, líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, señala que es una realidad el hostigamiento y acoso telefónico de los llamados “call centers”, sean de índole publicitaria, de crédito o cobranza a los yucatecos, por lo que su bancada prepara una iniciativa, la cual debe estar lista la próxima semana, que podría ir en consonancia con su líder en el Senado.
“Debatimos una postura en torno a esta problema que ha crecido enormemente y que, incluso, ya puede ser denunciado de manera penal, así como el posible recrudecimiento de las sanciones, al ser algo que daña la tranquilidad de los yucatecos”, indica.
“Los cobros con insultos, las fotos con acusaciones de morosos en postes cercanos al domicilio de los supuestos deudores se castigan cuando mucho como calumnias, lo cual no inhibe de manera suficiente que se sigan cometiendo”, explica.
Agrega que la decisión de su bancada podría darse a conocer el próximo martes de manera oficial.
Demandas ante PGR: Condusef
Alberto Pinto Escamilla, subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que desde el año pasado se han recrudecido las sanciones contra los llamados call centers y que no se ha abatido el problema como es debido por la falta de información de que las personas no pueden ser molestadas, ni difamadas, en su persona o las de sus familias por supuestos cobros o deudas con financieras o instituciones crediticias, que es lo que maneja su ramo.
“El año pasado hubo una modificación en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, que habla de la cobranza, en los artículos 17 bis del uno al seis; deben tener los bancos y tiendas que manejen tarjetas de crédito lineamientos en sus sistemas de cobranza; se crea, en el caso de Condusef, una disposición, que aparece en un sitio de internet, que se llama Redeco (Registro de Despachos de Cobranza), que exige una lista de entes encargados de cobranza de servicios financieros, e instituciones de crédito; de eso y las formas de cobro son responsables los bancos o financieras que originan los créditos”, expresa.
Agrega que en el caso de comercios con estos servicios, la parte de tarjetas comerciales, solo para compras en esos lugares, las maneja la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.
“Con la modificación en el Código Penal Federal, al Artículo 282, título XVIII, Delitos contra la paz y tranquilidad de las personas, ahí se menciona lo relativo a la cobranza extrajudicial, que no puede ser amenazante ni grosera”, dice.
Por último, señala que las denuncias sobre cobros indebidos, a deshoras, falseando información, entre otros, así como ofertas de servicios que no se requieren de manera ininterrumpida, por instituciones financieras, se pueden realizar en la página de Condusef; ahí se procede a notificar a dichas entidades, una multa, o incluso, si es necesario, se asesora para canalizar a instancias penales.
A cuenta de Profeco
La otra rama que involucra el acoso telefónico de los llamados call centers es la de la publicidad de comercios y tiendas departamentales, para inducir a la compra o adquisición de alguna tarjeta departamental, ya cae en manos de la Profeco.
Su delegado, Antonio Nevárez Cervera, señala que hay un procedimiento para evitar lo anterior, que se llama Repep (Registro Público para Evitar la Publicidad).
En ese sitio de la dependencia se registra la queja, los números telefónicos del afectado y del que hostiga, para evitar que se continúe con estas llamadas. De continuar, la instancia procede a sancionar.
En el caso del acoso por cobro de tiendas departamentales se lleva un procedimiento de conciliación, para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
La Verdad Noticias
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