MÉXICO (El Universal).— En el proceso para extraditar a Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos se incluyó un compromiso de ese país con México para no aplicar la pena de muerte al líder del Cártel de Sinaloa en Cortes de ese país, sino sólo procesarlo por los homicidios cometidos en Texas.
Según la legislación de ese estado de la Unión Americana, el delito de homicidio se castiga hasta con la pena de muerte. Para garantizar que “El Chapo” Guzmán no afrontará la pena capital la Procuraduría General de la República (PGR) presentará una “nota diplomática” para hacer valer la legislación mexicana, indicó el director de Procedimientos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino.
En entrevista con “El Universal”, el funcionario reconoció que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos prevé excepciones para el traslado de un reo como la posibilidad de que se le aplique la pena de muerte a un acusado de nacionalidad mexicana, la cual está prohibida por el artículo 22 de la Carta Magna, ya que se le considera una pena inhumana que afecta los derechos humanos.
En este sentido, advirtió que el gobierno de México cumplirá con lo marcado en la ley para garantizar que en el caso de “El Chapo Guzmán” el gobierno estadounidense se comprometa a que sea procesado y en su caso declarado culpable de los delitos de homicidio, pero sin que se le pueda condenar a la pena de muerte.
En uno de los dos procesos de extradición de Guzmán Loera, el que formuló una Corte de Distrito del Estado de Texas, se incluyen varias imputaciones por homicidio, pero hay un compromiso por escrito de las autoridades estadounidenses de que se va a respetar lo que marca el Tratado de Extradición en el sentido de que no se aplicará la pena de muerte.
Además, reconoció que la PGR ya fue notificada de dos nuevos amparos promovidos por la defensa del narcotraficante contra la extradición, los cuales, confió, “serán desechados”.
¿La defensa de Guzmán Loera puede argumentar que de extraditarse sería condenado a dicha pena por las acusaciones de homicidio que hay en su contra?
—Sí, efectivamente es algo que puede argumentar, pero nosotros como gobierno mexicano tenemos que ser muy cuidadosos de que los delitos por los que está siendo solicitado por el gobierno de Estados Unidos, si bien son susceptibles de dicha pena, está no puede ser aplicada.
México tiene que cerciorarse de las garantías que ofrezca el gobierno de Estados Unidos a efecto de que la pena de muerte no se le aplique porque se estaría violando nuestra Constitución y el Tratado de Extradición suscrito por ambos países.
¿Cómo pueden tener esa garantía de que El Chapo no será condenado a muerte?
—El trámite que a nosotros nos asegura del respeto a esta garantía por parte de Estados Unidos se hace mediante una nota diplomática que se presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual una vez que Guzmán sea entregado en extradición ellos se comprometen a no ejecutar una pena de muerte en virtud de que nuestra Carta Magna en su artículo 22 constitucional prohíbe penas inusitadas.
¿En este caso ya se presentó esta garantía?
—Al día de hoy lo que tenemos son las solicitudes y en la misma petición que corresponde a la Corte de Distrito del Oeste de Texas, en la que pudiera ser susceptible de que se le aplique la pena de muerte, sí viene acompañada de una manifestación en la que se garantiza que si se concreta la extradición Estados Unidos se compromete a sólo procesarlo, pero no aplicarle la pena de muerte.
—Se nos informa que existen dos nuevos amparos de Guzmán Loera contra la extradición. ¿Existe una suspensión de oficio que suspenda su traslado?
—Efectivamente, Guzmán Loera presentó diversos juicios de amparo desde el año pasado, desde que supo de las solicitudes de extradición, pero estos amparos se han venido sobreseyendo, es decir, que se declaran sin materia ya que todavía no existe el acto reclamado.
Actores investigados
La PGR investiga posibles conductas delictivas que se hayan cometido en México derivado del encuentro entre los actores Kate del Castillo y Sean Penn con “El Chapo”, pero respetando la presunción de inocencia en ambos casos, afirmó la titular de la dependencia, Arely Gómez.
En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, agregó que por el momento sólo se tiene certeza de que la actriz mexicana y el actor estadounidense se reunieron con el líder del Cártel de Sinaloa para intercambiar información. La PGR abrió una nueva línea de investigación para tratar de esclarecer a qué acuerdos llegaron Kate del Castillo y Guzmán Loera.
Reveló que el abogado Andrés Granados Flores, quien sirvió de enlace entre la protagonista de la serie “La Reina del Sur” y el narcotraficante que en octubre de 2015 era considerado el criminal más buscado de México, tuvo que comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en esta nueva indagatoria.
“Investigamos posibles conductas delictivas que se puedan cometer en México. Pueden ser de diversos tipos, eso nos lleva a una investigación profunda, seria, en la cual continuaremos, pero así como le hicimos con los otros tres procesos de él El Chapo, veremos a qué nos lleva”, apuntó.
La funcionaria recordó que Granados Flores compareció ante un fiscal de la PGR tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, pero fue liberado tras rendir su declaración ministerial, puesto que en ese momento no había elementos para consignarlo por complicidad con la evasión, caso contrario al del abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, procesado por su colaboración en el escape de del 11 de julio de 2015.
La procuradora advirtió que una vez concluida la pesquisa, con el apoyo del abogado Granados y el encuentro en el que participó el actor Sean Penn, la PGR podrá determinar si alguna de las partes cometió un delito “pequeño”, como el encubrimiento, o si incurrió en ilícitos graves.
“La acusación en su contra podría ser desde algo muy pequeño, como podría ser el delito de encubrimiento, hasta algo muy grande. Por el momento no lo puedo decir, porque no hemos trabajado, aunque se tiene avanzado; hemos recibido mucha información, [pero] no tenemos realmente ningún hecho conducente y esto lo voy a poder precisar cuando se consigne ante el juez, si es el caso”, explicó Arely Gómez.
También advirtió que la investigación que se haga en México sobre este asunto será independiente de la que realizan autoridades de Estados Unidos, debido a que, como se sabe, la ley es distinta en cada país.
“Lo que nosotros estamos haciendo es realmente investigar. Ahora hay dos líneas. El tema uno es la legislación de Estados Unidos y la legislación de México, las cuales no son coincidentes, pero nosotros vamos a acatar, obviamente, lo que diga la mexicana y dejamos en manos del gobierno de los Estados Unidos lo que se diga su legislación”, explicó.
Respecto del abogado Andrés Granados Flores, pieza clave de la relación que construyeron la actriz y el narcotraficante desde agosto de 2014, primero a través de cartas y luego mediante llamadas telefónicas hasta que se conocieron en persona en octubre de 2015, presentó un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra.
El juicio fue presentado el mismo día en que Granados Flores compareció ante el Ministerio Público Federal de la Seido y se esperaba su ratificación, por lo que podría ser desechada en los próximos días, debido a que no ha atendido la prevención del juzgado federal para firmarla y corroborar el contenido de la misma.
Amparo Trámite del jefe de escoltas de “El Chapo”
Orso Iván Gastelum, jefe de guardaespaldas, interpuso un juicio de amparo a su favor.
Inconformidad
Se inconformó por la detención e incomunicación a la que presuntamente fue expuesto tras su captura el pasado 8 de enero, cuando intentaba escapar con Guzmán Loera de una operación de las fuerzas de élite de la Marina.
Admitido a trámite
El juicio de amparo fue admitido a trámite por el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, el mismo que revisa dos amparos promovidos por los defensores del líder del Cártel de Sinaloa contra los dos procesos de extradición que le serán notificados por juzgadores federales especializados en procesos penales.
