Noticias de Yucatán.
El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea defiende convencido su posición de no pronunciarse sobre el transitorio aprobado en el Congreso de la Unión que amplía su presidencia al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque, haberlo hecho como muchos actores se lo han pedido o exigido, hubiera resultado una verdadera intromisión. “La división de Poderes no se defiende a tuitazos, no se defiende a gritos”, asevera.
Afirma contundente: “Para quienes claman que el presidente de la Corte tome partido en la arena partidista y sume su voz a la de un sector de la sociedad, les reitero que eso no va a suceder.
“No seré rehén de quienes quieren convertir la independencia judicial en arma política. No voy a permitir que se me utilice como instrumento político”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el hombre de leyes pide valorar el gran calado de la reforma aprobada para el Poder Judicial. Se dice, convencido, que nada mancharía más su legado que ceder a las presiones que a toda costa buscan hacerlo perder su imparcialidad.
Después de la polémica generada por el empuje en el Congreso de una extensión a su gestión como presidente de la Suprema Corte y el CJF, ¿cuál diría que es el ánimo de sus pares?, ¿ha afectado este tema la relación entre ministros?
—Lo primero que hay que decir es que la reforma legal aprobada el día de ayer es la más trascendente desde 1994.
Es una reforma de gran calado que sienta las bases para un poder judicial renovado y fortalecido, que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia más igualitaria, más accesible, más cercana a la gente.
El paquete de reformas fortalece la carrera judicial, se democratiza la justicia constitucional con el sistema de precedentes, se fortalece la defensoría pública y se dinamiza la carrera judicial para crear un nuevo perfil de juzgador y combatir de mejor manera la corrupción y el nepotismo.
En el Poder Judicial estamos agradecidos con los legisladores por haber acompañado este esfuerzo de colaboración de Poderes y por haber generado un amplio consenso.
El artículo transitorio que se agregó de último momento, con el cual se busca ampliar el periodo en el encargo de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo su presidencia —cabe aclarar que no se alarga mi nombramiento como ministro—, ciertamente quita el foco de la reforma y genera una discusión innecesaria, pero lo cierto es que las ministras y ministros con quienes he hablado sobre el tema coinciden conmigo en que corresponde al pleno de la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de este precepto, a partir de los procesos constitucionales que se hagan valer en su contra.
Nuestra Constitución tiene los propios medios y controles para su defensa y, en este caso, será la Corte, como tribunal constitucional, la que resuelva. Confío en que mis compañeros y compañeras resolverán este tema con seriedad y responsabilidad.
¿Qué opinión tiene del aval del presidente Andrés Manuel López Obrador y que usted es quien debe encabezar la reforma?
—Ante todo agradezco al Presidente de la República su apoyo y confianza al haber hecho suyas las iniciativas de la reforma judicial, en una clara muestra de respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Agradezco las expresiones y opiniones que ha expresado respecto de mi persona. Tenemos una relación que se funda ante todo en el respeto mutuo.
Lo cierto es que la implementación de la reforma judicial no es labor una sola persona. La labor que harán los integrantes del Consejo de la Judicatura, las personas defensoras públicas y todas las juzgadoras será fundamental para esa renovación de la justicia, contenida en las reformas aprobadas por el Congreso.
¿Usted sabía de esta propuesta antes de que fuera formalmente presentada en el Congreso?, ¿alguna vez lo ha conversado con el presidente López Obrador?
—Nuestra propuesta de reformas constitucionales y secundarias fue hecha pública en su momento y no contenía este transitorio. Me enteré el día mismo en que se propuso en el Senado de la República. Sobre ese tema no he hablado con el Presidente de la República, ni antes ni después de su aprobación.
Después de la polémica en esta última semana, ¿cree correcta su decisión de no emitir ninguna postura, pese a la especulación que ello generó en estos días?
—La deliberación pública y parlamentaria es algo en lo que un juez constitucional no debe inmiscuirse, si no es dentro de los cauces de un proceso. Como cabeza del Poder Judicial debo cuidar mi imparcialidad y ser respetuoso de la labor e independencia del resto de los Poderes de la Unión. Pronunciarme sobre un procedimiento legislativo en curso hubiera resultado una verdadera intromisión.
Incluso ahora, como juez constitucional, también estoy impedido para hacer un pronunciamiento de fondo sobre este transitorio. La división de Poderes no se defiende a tuitazos, no se defiende a gritos.
Nuestra Constitución establece mecanismos de defensa y es a esos cauces a los que debemos recurrir en el contexto de normalidad democrática que vivimos. Para quienes claman que el presidente de la Corte tome partido en la arena partidista y sume su voz a la de un sector de la sociedad, les reitero que eso no va a suceder. No seré rehén de quienes quieren convertir la independencia judicial en un arma política.
Hay quienes han dicho que esta controversia marcará su legado como ministro y como presidente de la Corte, ¿qué opina de esto?
—Muchas de estas voces son precisamente las que exigen que los jueces y juezas tomemos partido en la arena política para supuestamente probar nuestra independencia. Yo tengo que soportar y tolerar esas críticas como servidor público que soy, pero al final estoy convencido de que nada mancharía más mi legado que ceder a las presiones que a toda costa buscan hacerme perder mi imparcialidad.
Como cabeza del Poder Judicial tengo la obligación de ser prudente, responsable y actuar con serenidad. No voy a permitir que se me utilice como instrumento político.
Este es un momento definitorio de mi carrera, es cierto, y por ello debo actuar con una visión de Estado y no ceder a los chantajes. Quienes afirman que mi paso por la historia depende de que haga las declaraciones que ellos esperan, no me conocen.
No me mueven esos llamados alarmistas a la confrontación como último reducto de la institucionalidad. Siempre he actuado conforme a una ética de la responsabilidad y estoy convencido de que, en este momento, la única postura responsable es la de dejar que actúen con eficacia los mecanismos con los que la Constitución garantiza su vigencia.
Cuando este tema sea analizado por la Suprema Corte, ¿usted se va a excusar de la discusión?
—Eso es lo correcto. Cualquiera de los ministros que pudiera verse beneficiado o perjudicado por esta o alguna otra norma, por pudor, decencia, honorabilidad y respeto a la ley, tiene la obligación de excusarse.
¿Este involucramiento de la Cámara de Diputados en un asunto que atañe al Poder Judicial ¿es una ruptura constitucional?
—Lo que hemos visto es un proceso de reforma legal que ha involucrado a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Legislar en materia de Poder Judicial corresponde al Poder Legislativo y así lo ha hecho. La revisión de éstas, cuando se pone en duda su constitucionalidad, compete al Poder Judicial. Así que no veo ruptura ni intromisión alguna. Veo un proceso legislativo más.
Más allá de esta polémica, ¿considera que durante su gestión como cabeza de la Suprema Corte y del CJF se ha respetado la independencia del Poder Judicial por parte de los otros Poderes?
—El simple hecho de que estemos frente a una reforma constitucional y legal de la magnitud de la que tenemos aprobada, que fue elaborada en el interior de la judicatura, habla de un respeto a su autonomía e independencia.
Asimismo, no ha habido un sexenio en el que el Poder Judicial haya emitido más suspensiones y amparos en contra de políticas públicas que en este. Las personas juzgadoras federales a lo largo y ancho del país resuelven día a día con plena libertad.
El Poder Judicial sigue siendo independiente y para que ello permanezca mi función ahora es no distraerme, concentrarme en ejercer el cargo para el que fui electo, tratar de instrumentar esta enorme e importantísima reforma judicial y seguir garantizando la libertad de los jueces.
Claro que esta independencia y autonomía exige neutralidad y honestidad. Cuando haya casos de jueces que han actuado indebidamente procederemos como lo hemos hecho, pero cuando los jueces resuelven dentro de los márgenes del derecho y la legalidad, seguiremos garantizando que lo harán con libertad.
¿Cómo se compara esa relación entre Poderes de la Unión frente a las presiones que usted mismo, ha comentado, recibió como ministro en administraciones del Ejecutivo pasadas?
—Las personas juzgadoras siempre estamos a merced de las presiones políticas. Desde mi llegada a la Suprema Corte fui sujeto de presiones. Algunas de ellas muy fuertes, como cuando se dio el caso de Florence Cassez, pero nunca sucumbí.
Hasta hoy, yo no he recibido presiones de parte del actual Ejecutivo federal. Ha sido una relación respetuosa, de diálogo y cooperación como Poderes del Estado mexicano.
¿Considera usted que en la actualidad hay más presiones de poderes fácticos?, ¿por qué los menciona en su carta de posicionamiento?
—Las presiones hacia los juzgadores vienen tanto de autoridades establecidas (poderes formales) como de poderes fácticos, esto lo vemos muy claramente hoy en día, cuando se exige como prueba de independencia que se falle en contra del gobierno y a favor de ciertos intereses.
La obligación del juzgador es centrarse en los hechos y en el derecho. Cualquier otro tipo de argumentación o presión no puede ser factor al resolver litigios.
¿Ve alguna posibilidad de que la ampliación del mandato sea un ensayo para hacer lo mismo en la presidencia de López Obrador?
—No veo similitud en los casos. Primero, aquí estamos en un transitorio, que debemos ser muy claros, no alarga mi periodo como ministro en la Corte. Lo único que alarga o que prolonga dos años más es la actividad, digamos, administrativa de gestión de presidencia de la Corte.
En el caso del Presidente de la República, estamos en un supuesto de elección popular, los paralelismos no se sostienen.
¿Qué se juega el país con este tema en términos de nuestro sistema democrático y de separación de Poderes?
—Tenemos que asegurar instituciones fuertes, que cada una haga la función que tiene encomendada desde la Constitución. Que haya pesos y contrapesos efectivos y que nuestro sistema democrático se fortalezca. Esto es una labor, sí, de las instituciones, pero también de las personas.
Todos tenemos una corresponsabilidad para generar mejores condiciones, tenemos un modelo de justicia constitucional que deberá desplegarse para cumplir la función para la cual fue diseñado. Tengo confianza en que así será.
Con información de El Universal
