Un juez federal de Almoloya de Juárez acusó a funcionarios de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) de la FGR de haber filtrado públicamente datos y registros secretos relacionados con la investigación abierta en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos con empresas fantasma.
La filtración de los datos (a los que solo tenían acceso los fiscales) ocurrió antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en contra de estas personas por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que por su gravedad exigían el mayor de los cuidados no solo para prevenir la fuga de los implicados, sino para no poner en riesgo a las autoridades responsables del caso.
El juez Iván Aarón Zeferín Hernández reveló que no es la primera vez que esto ocurre y, sin embargo, acusó que la Fiscalía ha sido negligente al no frenar ni castigar esta situación. Por ello ordenó a la Fiscalía General de la República la inmediata apertura de una indagatoria en contra de los funcionarios que resulten responsables de haber quebrantado la secrecía de los datos.
Dichas irregularidades y omisiones fueron reportadas por el juez en una misiva firmada por el mismo y enviada al subprocurador de la SEIDO Alfredo Higuera Bernal. La carta, a la que este medio tuvo acceso, fue anexada a la resolución en la que el juez autorizó girar las órdenes de captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga por su supuesta participación en una operación criminal, con la que se lograron desviar más de 2 mil 500 millones de pesos de recursos federales en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
El juez hizo notar que desde el 10 de septiembre de 2021 diversos medios de comunicación habían informado —erróneamente— que existía una orden de captura en contra de la referida pareja y otras personas, una situación que no ocurrió hasta dos días más tarde. El problema no fue solo que se diera como un hecho algo que todavía no pasaba, sino que además en la información filtrada había datos precisos que sí correspondían a la carpeta de investigación. Incluso se dio a conocer el número de registro que el juzgado le había asignado a este asunto cuando recibió la solicitud de emisión de las órdenes de captura por parte de la SEIDO.
Se trata de datos que, debido al momento procesal en el que fueron filtrados, solamente tenían acceso a ellos los fiscales responsables del caso y el propio juez que recibió el asunto. Una situación que además parece no ser un caso aislado, ya que con antelación a este caso ya ha venido ocurriendo.
“No es la primera vez que los jueces de este centro de justicia se encuentran con situaciones similares, donde salen a relucir datos especialmente sensibles y exactos de los procesos penales a los medios de comunicación o a otras personas y que deberían ser de sigilo, en términos del artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indica el juez en su carta.
Zeferín Hernández le señala al subprocurador que, si bien existe la libertad de prensa y el derecho a la información, los servidores públicos responsables de una indagatoria ministerial están obligados a guardar reserva de dicha investigación y más cuando se trata de una relacionada con “delincuencia organizada”, un delito de régimen especial.
La situación es particularmente agrave, agrega el juez, porque dicha situación ya había sido advertida a la SEIDO sin que se tomara ninguna acción para prevenir que esto continuara ocurriendo.
“Ninguna persona ha investigado un hecho tan sensible y delicado, tanto para las partes, como para las autoridades que intervienen en un proceso (…) Lo anterior, en el entendido de que este juzgador ha hecho llamamientos a la autoridad ministerial con antelación al respecto y los resultados han sido infructuosos”, indicó el juez.
En ese contexto el juez determinó dar vista (notificar oficialmente) al titular de la FEMDO para que ordene la apertura de una carpeta de investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables del delito de quebrantamiento de la reserva de información y lo que resulte.
Animal Político solicitó a la FGR conocer un posicionamiento sobre esta situación, además de los posibles avances de esta indagatoria, pero hasta el momento de publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Filtraciones e impunidad
La investigación por los presuntos desvíos millonarios de recursos públicos en el sexenio pasado, que estaban destinados a reforzar la seguridad en las cárceles federales, comenzó desde hace tres años sin que, hasta la fecha, se haya conseguido recuperar dichos recursos ni sentenciar a los implicados. La mayoría de los presuntos responsables se encuentra prófugos.
En 2019, la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORP/FAM-CDMX/0001339/2019 por este caso, luego de que recibiera una denuncia anónima en la que se advertía que a través de dos contratos firmados en 2016 con una empresa fantasma denominada Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., la Secretaría de Gobernación había sacado del erario poco más de 2 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía los servicios que fueron contratados en realidad se simularon. En cambio, a través de más de mil 400 movimientos los recursos fueron triangulados a través de las cuentas bancarias de siete compañías fachadas para finalmente ser retirados casi en su totalidad.
En su investigación los fiscales sostuvieron que entre los beneficiarios finales de los recursos se encontraban Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. En el caso de la conductora de televisión detectaron que dos de las compañías fachada, Gupea Construcciones S.A. de C.V. e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V. le habían transferido recursos por 14 millones 843 mil pesos.
Aunque el juez no validó que la pareja fuera la beneficiaria final de estos recursos, si consideró que había indicios iniciales suficientes para ordenar su detención junto con la de otras 10 personas más, entre ellos cinco exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y cinco accionistas y apoderados legales de las empresas fachada.
El pasado 20 de enero la FGR informó en un comunicado oficial que tres de los implicados ya se encuentran detenidos y procesados en un reclusorio federal, mientras que el resto (entre ellos Gómez Mont y Álvarez Puga) siguen prófugos, En contra de todos ellos se han girado fichas rojas de Interpol.
