Noticias de Yucatán
Gastos en viajes El Ejecutivo debe informar del nombre de las personas que viajaron, a qué lugar fueron, los motivos del viaje, el costo de la transportación y los gastos de hospedaje y alimentación. El despacho de la gobernadora, por ejemplo, sólo tiene información general del 1 de enero al 30 de septiembre de 2008. La Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) no presenta ningún informe. La Oficialía Mayor sólo tiene datos de enero a junio de 2006.
El Centro Estatal de Desarrollo Municipal y el Instituto de Cultura tienen datos de 2008. En general, la mayoría sólo tiene información general, de manera que no hay rendición de cuentas en este rubro.
Recursos públicos Fracción IX, el Ejecutivo debe informar de los destinatarios y el uso de toda entrega de recursos públicos , cualquiera que sea su destino, así como los informes que deben entregar dichas personas. No se cumple esta norma, ya que no hay datos actualizados. El despacho de la gobernadora sólo reporta el programa Ayudar pero de 2008, no tiene nada de 2009. El Instituto de Equidad y Género y el DIF reportan datos de 2005, el ICY de 2008 y la Secretaría de la Juventud no tiene informes de los destinatarios de programas como Conectar, Incubar y Emprender.
Se cae un dictamen del Inaip favorable al Ejecutivo estatal
03/05/2010
Un análisis del portal de internet del gobierno del Estado arroja que no cumple con publicar y mantener actualizada la información que debe ser pública de manera obligatoria.
El incumplimiento del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información, impide, entre otras cosas, que los yucatecos sepan cuánto gana un funcionario y cuál fue su aumento de sueldo, ni quiénes gastan recursos públicos en viajes y viáticos, incluyendo visitas al extranjero.
El Ejecutivo tampoco cumple con informar quiénes son los destinatarios de los apoyos de sus programas y en algunos casos sólo tiene datos de 2005 y 2006, como es el caso del DIF y la Secretaría de Fomento Económico, en ese orden.
Otro mandato de ley, el de contar con indicadores de gestión en cada una de las dependencias —que reflejaría la eficiencia presupuestaria y los resultados del trabajo— tampoco se cumple.
El incumplimiento de la ley y la falta de transparencia se extiende, incluso, al Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Inecco), un organismo desconcentrado, ya que no presenta ningún informe ni su información pública obligatoria.
El análisis contrasta con el dictamen del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), que en su sesión del 11 de diciembre pasado afirmó que el portal del Ejecutivo estaba al día y no le faltaba ninguna información que exige el artículo 9.
A continuación damos cuenta de algunos ejemplos del artículo 9 y sus fracciones que no se cumplen: Fracción XI, debe informar de los montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio.
La Secretaría de Política Comunitaria y Social tiene informes hasta 2007 y Fomento Económico hasta 2006.
La Secretaría de la Juventud no dice criterios ni montos de sus programas y lo mismo pasa con el Instituto de Vivienda en el programa Tu Casa Rural. Fracción VI: debe tener información completa y actualizada de los indicadores de gestión y decisión.
Ninguna dependencia del Ejecutivo lo cumple, ni el propio Inaip. El Ayuntamiento de Mérida sí lo tiene.
Esta información es importante porque refleja el buen manejo de los recursos y ayudar a orientar la asignación de partidas para el año siguiente. La falta de información indicaría que hay un manejo discrecional y no hay eficiencia en el gasto ni en la gestión gubernamental.
Fracción XVII: los documentos donde consten las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas.
El Patronato Cultur no presenta nada, la Secretaría de la Juventud sólo tiene reportes de 2007, el Instituto Promotor de Ferias hasta 2008 y el ICY hasta mayo de 2009.
El análisis revela que, en general, el portal del Ejecutivo es confuso y de difícil acceso a cuestiones del erario.
El Ejecutivo no tiene aún el Sistema de Acceso a la Información (SAI) que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Acceso, debe poner al servicio del ciudadano.
El incumplimiento del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información, impide, entre otras cosas, que los yucatecos sepan cuánto gana un funcionario y cuál fue su aumento de sueldo, ni quiénes gastan recursos públicos en viajes y viáticos, incluyendo visitas al extranjero.
El Ejecutivo tampoco cumple con informar quiénes son los destinatarios de los apoyos de sus programas y en algunos casos sólo tiene datos de 2005 y 2006, como es el caso del DIF y la Secretaría de Fomento Económico, en ese orden.
Otro mandato de ley, el de contar con indicadores de gestión en cada una de las dependencias —que reflejaría la eficiencia presupuestaria y los resultados del trabajo— tampoco se cumple.
El incumplimiento de la ley y la falta de transparencia se extiende, incluso, al Instituto Estatal de Combate a la Corrupción (Inecco), un organismo desconcentrado, ya que no presenta ningún informe ni su información pública obligatoria.
El análisis contrasta con el dictamen del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), que en su sesión del 11 de diciembre pasado afirmó que el portal del Ejecutivo estaba al día y no le faltaba ninguna información que exige el artículo 9.
A continuación damos cuenta de algunos ejemplos del artículo 9 y sus fracciones que no se cumplen: Fracción XI, debe informar de los montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio.
La Secretaría de Política Comunitaria y Social tiene informes hasta 2007 y Fomento Económico hasta 2006.
La Secretaría de la Juventud no dice criterios ni montos de sus programas y lo mismo pasa con el Instituto de Vivienda en el programa Tu Casa Rural. Fracción VI: debe tener información completa y actualizada de los indicadores de gestión y decisión.
Ninguna dependencia del Ejecutivo lo cumple, ni el propio Inaip. El Ayuntamiento de Mérida sí lo tiene.
Esta información es importante porque refleja el buen manejo de los recursos y ayudar a orientar la asignación de partidas para el año siguiente. La falta de información indicaría que hay un manejo discrecional y no hay eficiencia en el gasto ni en la gestión gubernamental.
Fracción XVII: los documentos donde consten las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas.
El Patronato Cultur no presenta nada, la Secretaría de la Juventud sólo tiene reportes de 2007, el Instituto Promotor de Ferias hasta 2008 y el ICY hasta mayo de 2009.
El análisis revela que, en general, el portal del Ejecutivo es confuso y de difícil acceso a cuestiones del erario.
El Ejecutivo no tiene aún el Sistema de Acceso a la Información (SAI) que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Acceso, debe poner al servicio del ciudadano.
Incumplimiento
- Detalles Algunos ejemplos del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información que no se cumplen: Tabulador Fracción IV, relativa al tabulador de dietas, viajes y viáticos. El Inaip dice que se debe detallar el puesto y el sueldo antes y después de impuestos y con el crédito al salario. Ninguna dependencia cumple esa norma, en el tabulador sólo aparece el sueldo, sin especificar si es antes o después de impuestos. El tabulador es de 2009. Aunque la ley le permite “subir” esa información hasta seis meses después de que fue generada, los sueldos no se han actualizado a 2010. Si hubiera disposición a ser transparente, ya estaría al día.Gastos en viajes El Ejecutivo debe informar del nombre de las personas que viajaron, a qué lugar fueron, los motivos del viaje, el costo de la transportación y los gastos de hospedaje y alimentación. El despacho de la gobernadora, por ejemplo, sólo tiene información general del 1 de enero al 30 de septiembre de 2008. La Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) no presenta ningún informe. La Oficialía Mayor sólo tiene datos de enero a junio de 2006.
El Centro Estatal de Desarrollo Municipal y el Instituto de Cultura tienen datos de 2008. En general, la mayoría sólo tiene información general, de manera que no hay rendición de cuentas en este rubro.
Recursos públicos Fracción IX, el Ejecutivo debe informar de los destinatarios y el uso de toda entrega de recursos públicos , cualquiera que sea su destino, así como los informes que deben entregar dichas personas. No se cumple esta norma, ya que no hay datos actualizados. El despacho de la gobernadora sólo reporta el programa Ayudar pero de 2008, no tiene nada de 2009. El Instituto de Equidad y Género y el DIF reportan datos de 2005, el ICY de 2008 y la Secretaría de la Juventud no tiene informes de los destinatarios de programas como Conectar, Incubar y Emprender.
