(1)En la sección Mérida, en la subsección gobierno, encontrará cada una de las notas. A continuación, las páginas de este trabajo, en formato PDF.A partir de hoy usted encontrará en yucatan.com.mx los textos que forman parte de un trabajo especial hecho por la Unidad de Investigación Megamedia sobre las empresas fantasma que le facturan cantidades millonarias a la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado y que se publicó en las ediciones impresas de Diario de Yucatán de domingo, lunes y martes.
En el mejor de los casos, añade el reporte, se trataría de pequeños negocios cuya dimensión no correspondería a la cuantía de los recursos que reciben.
A cambio de sus facturas, estos proveedores, la mayoría desconocidos en el medio y sin oficinas, e incluso muchos de ellos sin teléfono, cobrarían a la CGCS, al mando de Jesús Rivero Covarrubias, de $100,000 a $800,000 mensuales.
Varias de estas empresas se formaron al calor del gobierno de Ivonne Ortega, entre 2008 y 2009, y su objetivo original iba de la limpieza de inmuebles a la venta de ropa y uniformes.-Hernán Casares Cámara
La cifra de estos pagos en algunos casos oscila entre $100,000 y $800,000 mensuales.
Cantidad que factura en seis meses sólo uno de los misteriosos proveedores.
Ingreso mensual de la empresa local Especialización de Servicios Comerciales.
Año, junto con 2008, en los que se formaron la mayor parte de este tipo de compañías.
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Ganan mucho del gobierno pero casi nadie los conoce
Otras personas beneficiarias con cuantiosos pagos aparecen en la lista de presuntos proveedores de la Coordinación General de Comunicación Social, aunque nadie las conoce en el gremio de comunicólogos.
Uno de ellos sería José Manuel Martínez Mdáhuar, contador público, dueño del despacho Asesores Profesionales del Sureste, quien recibe mensualmente $403,500 de las autoridades por servicios de cobertura y publicidad de los programas y obras del gobierno. Hace cinco años, Martínez Mdáhuar estaba en la lista de inscritos en el programa de Empleo Temporal del Gobierno estatal.
Este proveedor no tiene una oficina conocida ni teléfono al corriente. En su documentación proporciona el número Nextel 305-61-43, pero la compañía dice que ese número no existe.
Como esta persona se encuentra también Lenín Amílcar Ham Flores, que recibe más dinero que Martínez Mdáhuar.
Tan sólo en los primeros seis meses de 2010, según información oficial, Ham, del que no se tiene ninguna referencia en Mérida, expidió facturas por un monto global de $2.873,400, de acuerdo con la siguiente relación: factura número 44, $75,400; 48, $403,500; 66, $403,500; 74, $75,400; 108, $75,400; 106, $403,500; 110, $403,500; 112, $403,500; 113, $403,500; 115, $75,400 y 117 y 119, $150,800.
Otros casos muy parecidos son los de Luis Hernán Pérez Canul y Luis Abram Sosa y Sánchez. El primero cobra mensualmente $403,500 en la CGCS por servicios de "cobertura y publicidad de programas y obras", pero nadie lo conoce en el medio, ni tampoco tiene oficinas ni teléfono conocido.
Sosa y Sánchez recibe por el mismo concepto $282,500 al mes. No tiene antecedentes en la comunicación social y hace 10 años se desempeñaba como chofer del Servicio Público Federal. Continuará.- H.C.C.
El gobierno paga varios millones de pesos cada mes por servicios de "cobertura y publicidad".
¿Dónde están?
Varias de las empresas y personas físicas que reciben ese dinero de la Coordinación General de Comunicación Social, por difundir los programas y obras del gobierno, no aparecen por ningún lado: carecen de trayectoria profesional, de oficinas y hasta de teléfono.
(1)El gobierno del Estado paga varios millones de pesos al mes por servicios de publicidad a empresas y personas físicas que, de acuerdo con algunos indicios, serían negocios "fantasmas", es decir, no existirían en la práctica o su dimensión sería muy pequeña con respecto a los cuantiosos pagos que reciben.
A cambio de entregar facturas, estos proveedores, la mayoría desconocidos en el medio y sin oficinas, e incluso muchos de ellos sin teléfono, reciben de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno de $100,000 a $800,000 al mes, indica un reporte de la Unidad de Investigación Megamedia (UIM), del cual publicamos hoy la primera parte.
Varias de estas empresas empezaron a funcionar en 2008 y 2009, en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, con propósitos, en algunos casos, muy distintos a la publicidad.
En esta lista, de acuerdo con el reporte de la UIM, hay empresas dedicadas a la limpieza de oficinas o a la compra de productos químicos, mariscos o maderas preciosas, que también facturan servicios de difusión al gobierno, lo que ha levantado sospechas sobre la verticalidad de esos cuantiosos pagos y la comisión de un presunto tráfico de facturas.
Gastos extraños
Un cálculo preliminar estima en casi $35 millones al año el pago del gobierno por los servicios de algunas de estas empresas "fantasmas".
Como hemos informado, el gobierno del Estado ha gastado desde el inicio de su gestión, en julio de 2007, casi $580 millones en imagen y comunicación social.
Gran parte de este presupuesto se destina a Televisa, Televisión Azteca y otros consorcios regionales de comunicación, pero ahora se sabe que ese dinero también se reparte entre decenas de compañías, muchas de ellas de reciente creación y con socios sin trayectoria.
Un caso emblemático de esta práctica sería la empresa Jamil, Productos y Servicios, S.A. de C.V., formada apenas el 13 de julio de 2009. Recibió de la CGCS de enero a junio de 2010 la cantidad de $2.074,480, un pago promedio mensual de $345,746.
En ese lapso, la empresa expidió, según documentos oficiales en poder del Diario, las facturas 52, por $423,500; 56, $95,120; 60, $95,120; 63, $423,500; 67, $95,120; 351, $423,500; 363, $95,120 y 369, $423,500, en concepto de "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo".
Sin embargo, el objetivo principal de esa empresa no tiene relación con la comunicación social. En el acta constitutiva de la sociedad aparece como primer objetivo la limpieza de inmuebles, clínicas y hospitales públicos y privados, y la vigilancia a empresas y casas. También la comercialización de ropa y uniformes escolares, la representación de toda clase de casas comerciales, la realización de proyectos de ingeniería civil e hidráulica, y la construcción de carreteras, autopistas, aeropuertos y vías férreas, entre otras múltiples actividades en las que figuran, además, estudios de mercado y campañas publicitarias.
Grandes contrastes
La versatilidad de los intereses de esta compañía contrasta con la reputación de sus directivos y el equipamiento del negocio. Los dos socios de Jamil son Ramón de los Angeles Quetzal Serrano y Claudia Guadalupe Marín Lizama, desconocidos en el gremio empresarial y de los publicistas y mercadólogos. Ni los socios ni la empresa tienen línea telefónica y los contactos de negocios se hacen en el celular 9991-40-81-64, que ninguna persona contesta.
Lo cuantioso de sus ingresos no coincide con la modestia de sus oficinas. Hasta hace seis meses éstas se ubicaban en una pequeña casa de interés social de la calle 75, No. 422, de Ciudad Caucel, donde actualmente vive una familia.
Vecinos del predio informan que la empresa cerró sus oficinas desde agosto. "Nunca vimos gente, sólo a una secretaria, quien venía un ratito y se iba", comentan.
Jamil se dio de alta en el Servicio de Información Empresarial Mexicano (SIEM) como una empresa especializada en el servicio de limpieza de inmuebles, con un empleado.
Un caso parecido a éste es el de la compañía Especialización de Servicios Comerciales S.A. de C.V., que recibe de la CGCS $403,500 al mes, por "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno".
La empresa expidió, por lo menos en el primer semestre de 2010, las facturas 1172, 1230, 1245, 1296, 1330 y 1565, todas por $403,500, para un total de $2,421,000, aunque el objetivo de esa sociedad, que se formó el 16 de junio de 2008, es la compra, distribución, importación, exportación, asesoría y arrendamiento de toda clase de servicios y bienes.-Hernán Casares Cámara
Cantidad mensual promedio que recibe del gobierno la empresa Jamil, Productos y Servicios, S.A. de C.V.
Ingresos mensuales de la compañía Especialización de Servicios Comerciales, S.A. de C.V., por publicidad.
Monto de la iguala mensual a favor de Corporación Comercial y de Servicios, S.C.P., pagados por la CGCS.
Percepciones mensuales de José Manuel Martínez Mdáhuar por su trabajo de asesor en difusión.
Cantidad que cobra al mes otro supuesto asesor en materia de comunicación, Luis Abram Sosa y Sánchez.
(1)Igual que en el caso de Jamil, la empresa Especialización de Servicios Comerciales aparentemente no cuenta con un local propio ni con teléfonos.
En el domicilio oficial de la compañía, calle 22-A No. 51 de la colonia Rinconada de Chuburna, vive ahora una familia.
Hace seis meses, dicen los vecinos, una pareja de jóvenes daneses dedicados a organizar bodas y fiestas para extranjeros en Cancún habitaba el predio. Lo usaban como taller para confeccionar arreglos florales.
En los registros de Telmex el teléfono de la empresa, 988-41-72, aparece como que "no existe".
Múltiples cobros
De sus socios tampoco hay rastros. Al presidente del Consejo de Administración, Oscar Joaquín López Cortés, nadie lo conoce en el mundo empresarial y no tiene casa o teléfono particular conocido. Su único socio es su hermano Víctor Hugo, oriundo de Ecapetec, Estado de México, y con teléfono 953-31-27. Reporteros del Diario le dejaron allí varios mensajes con sus familiares, pero no respondió.
Oscar Joaquín López Cortés, como persona física, no como socio de Especialización de Servicios Comerciales, aparece igualmente en la lista de proveedores de la Coordinación de Comunicación Social con pagos mensuales de $403,500, también por el servicio de "cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno del Estado".
Es decir, según información del propio gobierno, esta persona, de la cual se desconoce su paradero, factura mensualmente al gobierno $807,000, equivalentes a $9.684,000 anuales.
Otra empresa aparentemente involucrada en esta operación de simulación de gastos con facturas de negocios "fantasmas" sería Corporación Comercial y de Servicios, S.C.P.
"No puedo informar"
Hasta el año pasado, esta sociedad facturaba $98,600 mensuales a la CGCS, también por presuntos servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno.
Actualmente la empresa no tiene domicilio social ni teléfono fijo. Sus antiguas oficinas, en la calle 7 No. 262, departamento 303-A, permanecen desocupadas desde hace un año.
La empresa se creó el 15 de enero de 2008 y se registró en el SIEM con un empleado.
Su director, Vicente Lara, que atiende sólo por celular, confirma el monto de sus cobros al gobierno, alrededor de $100,000, y declara que la empresa "está cerrando" y que ha prestado servicios de asesoría en general al gobierno de Yucatán, incluyendo publicidad, pero se niega a dar detalles. "No puedo dar esa información", dice.
La lista de proveedores de "servicios de cobertura y publicidad" de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado (CGCS) incluye a decenas de nuevas empresas, la mayoría formadas entre 2008 y 2009, cuyos socios no sólo carecen de trayectoria profesional, sino, en algunos casos, hasta de oficinas y teléfono.
No obstante, el gobierno entrega mensualmente a varias de estas compañías cuantiosos recursos, lo que fortalece la creencia según la cual muchas de estas y algunas personas físicas incluidas en la lista de proveedores, serían en realidad "proveedores fantasmas", dedicados a la venta de facturas al gobierno, como informamos ayer en la primera parte de este reportaje.
Consorcio
Al parecer, de acuerdo con muchos indicios, varias de estas empresas se formaron al vapor, poco después del comienzo de la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y algunas siguieron una estrategia bien definida: abrir empresas intercambiando entre varias de ellas a los mismos socios, todos desconocidos en el ambiente de la publicidad, la mercadotecnia y la comunicación social.
Este sería el caso de Zavath, Condimat y Soaket, formadas entre 2008 y 2009, que comparten algunos socios y comisarios y que reciben por lo menos $620,000 al mes de parte de la CGCS.
De acuerdo con un trabajo de la Unidad de Investigación Megamedia (UIM), el 21 de abril de 2008 se integra la empresa Asesoría y Comercializadora Zavach, SA de CV, con el objeto de proporcionar servicios técnicos, consultivos y asesorías, así como servicios administrativos, de oficina, contables y económicos. También para impartir cursos de computación, selección de personal, instalación de salas de exhibición, etcétera.
Por lo menos de enero a junio de 2010 recibió de la CGCS la cantidad de $1.191,640, un promedio mensual de $198,606 por concepto de "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno del Estado".
La empresa expidió en ese periodo cuatro facturas: la número 425, por $92,800; la 438, por $422,240; la 441, por $301,600 y la 611, por $375,000.
Químicos
El Diario trató de localizar las oficinas y el teléfono de Zavach con empresarios del medio, pero no encontró rastros de ella. Sus socios son los hermanos Angel Adrián y José Jesús Echeverría Zavaleta, que funge como administrador único, y el comisario es Juan Martín Gómez Sustaita. Ninguno de los tres tiene teléfono fijo personal, ni oficinas conocidas.
Un año y medio después de la apertura de Zavach, uno de sus socios, José Jesús Echeverría Zavaleta, junto con el comisario de la sociedad, Gómez Sustaita, forman otra empresa proveedora del gobierno: Condimat, SA de CV.
Según el acta constitutiva de esta compañía, firmada el primero de septiembre de 2009, el objetivo de la sociedad es la compra, venta, arrendamiento, elaboración y distribución de toda clase de químicos. También la prestación de toda clase de servicios de oficinas, económicos, contables y legales y la asesoría en servicios de cómputo y publicidad.
Condimat recibe mensualmente de la CGCS pagos por $255,000 por "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado - no se sabe si también cobra en otras oficinas gubernamentales-, aunque el negocio no figura en el ambiente de la comunicación social en Yucatán.
Tan sólo en el primer semestre de 2010, según información en poder de la UIM, la empresa facturó un total de $1.530,000, de acuerdo con las facturas 614, 617, 618, 621, 622 y 687, todas por la cantidad de $255,000.
Los socios de Condimat designaron a José Wilberto Flota Aké como comisario de la sociedad. Este es, aparentemente, hermano de Alonso de Jesús Flota Aké, socio a su vez, junto con Javier Antonio Solís Bolio, de otra de las compañías de reciente aparición en el medio empresarial: Soaket, SA de CV.
Esta empresa abrió sus puertas el 12 de julio de 2008. Sus socios firmaron el acta constitutiva ante el mismo notario que realizó las escrituras de Zavach y Condimat y que presuntamente habría asignado a Soaket objetivos similares a los de Zavach: proporcionar asesorías administrativas, contables, económicas, impartir cursos de computación...
Soaket recibe del gobierno $165,000 mensuales por servicios de cobertura y publicidad, actividades que, empero, no están entre las principales de esa sociedad.
El mismo notario de Soaket y de sus compañías hermanas, hizo también las escrituras de Comercializadora y Medios Publicitarios, SA de CV, el 23 de junio de 2008.
Los objetivos de esta empresa son realizar trabajos de imprenta y artes gráficas en general, así como construir viviendas y otros edificios. Aparecen como socios Miguel Angel Torres y Elfego Carrillo Alvarez, a quienes la CGCS les paga $99,760 mensuales por servicios de publicidad.
Reporteros del Diario no encontraron indicios del trabajo de estas dos personas en el medio empresarial yucateco, salvo su registro como proveedores del Ayuntamiento de Mérida.
(1)Muchas de las empresas incluidas en la lista de proveedores de servicios de "cobertura y publicidad" de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) son compañías formadas originalmente para otros propósitos, muy distintos a las tareas de difusión.
Es el caso de Grupo Exportador SA de CV, formado el 13 de octubre de 2009, con el objeto de exportar, importar y comprar productos del mar, maderas preciosas, plásticos y barros, así como prestar servicios de limpieza a toda clase de inmuebles, hospitales públicos y privados.
Esta empresa declara que también puede dar servicios de vigilancia, realizar estudios de mercado, comprar y vender toda clase de ropa y uniformes escolares y organizar campañas de publicidad, entre otras actividades de una larga lista.
La CGCS pagó $375,000 a Grupo Exportador en abril de 2010 por "servicios de cobertura y publicidad", aunque los socios de la empresa, Emiliano Zapata Cetina e Ivonne Beatriz Rodríguez Arana, no tienen trayectoria en el medio.
Cadena
Llama la atención que una hermana de Ivonne Beatriz, Diana Graciela Rodríguez Arana, factura por su parte, como persona física, $98,000 mensuales a la CGCS y en ocasiones hasta $375,000 por servicios publicitarios, aunque tampoco se le ubica en el gremio de publicistas.
Es el mismo caso, al parecer, de otra "proveedora" de servicios publicitarios al gobierno: Viviana Innecken Rojas.
Esta persona, de nacionalidad costarricense, expidió dos recibos a la CGCS, en enero y abril de 2010, (podrían ser más, pero este periódico tiene pruebas sólo de esos dos recibos), por los siguientes conceptos: recibo 16, de enero de 2010, por $175,740, a cambio de "servicios de diseño y producción y edición de campaña institucional". Recibo 17, de abril del mismo año, por $403,500, por "servicio de publicidad de programas y obras".
El Diario entrevistó a la señora Innecken Rojas por teléfono. Dijo que vive en Mérida desde hace años, dedicada a los negocios. Primero tuvo un restaurante y ahora administra un café-internet, con seis computadoras. "Hago de todo: boletines, invitaciones, vallas..."
"Ellos saben"
Cuando se le pidió detallar las características de los servicios que presta a la CGCS y el monto de sus honorarios, respondió: "¿a quién se le ocurre pedir a un particular información sobre las facturas de sus clientes? ¡Consíganla en la Unidad de Transparencia de Hacienda. Todo está en orden!".
-¿Usted no podría hacerlo?, replicó el Diario.
-Pidan la información en la CGCS. Allí están las facturas. Ellos saben qué hacen conmigo.
(2)Esta compañía sobresale de las otras por la cuantía de los pagos que recibe de la CGCS, más de $400,000 al mes, por "servicios de publicidad de programas y obras del gobierno", y por su desvinculación casi total de la actividad publicitaria.
También destaca su apertura casi un año después del ascenso de Ivonne Ortega al poder y la directa relación de su socio principal con importantes personajes del PRI, especialmente con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.
Cuantiosos pagos
En esta tercera y última entrega del reportaje sobre las empresas presuntamente "fantasmas" que trabajan para el gobierno estatal, la Unidad de Investigación Megamedia (UIM) reporta que Integradora de Yucatán se formó, en efecto, el 14 de junio de 2008, con el objeto, según su acta constitutiva, de prestar servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, así como hacer estudios de mercado e impulsar asociaciones para hacer compras en común, etcétera.
Entre los objetivos de la empresa no figura de forma explícita ningún propósito relacionado con la publicidad o la comunicación social.
No obstante, la CGCS, a cargo de Jesús Rivero Covarrubias, entrega $403,500 cada mes a Integradora de Yucatán por "servicios de publicidad de programas y obras del gobierno del Estado", lo que arrojaría una cantidad anual de $4.842,000.
Socios influyentes
Según información en poder del Diario, tan sólo en el primer semestre de 2010 esa empresa entregó al gobierno seis facturas por $403,500, las marcadas con los números 297, 321, 350, 388, 413 y 438.
Los socios de esta firma son Michel Wabi Mdáhuar, Coco Frío, una compañía propiedad del mismo Wabi, y Martín Eduardo Lugo Novelo, Isidro Moot Poot y Alvaro Enrique Escalante Montalvo, empleados y allegados de Wabi.
Dos hijos de este empresario, Michel y Cecilia Wabi Dorbécker, así como Moot Poot y Escalante Montalvo figuran en la lista de donantes de la campaña electoral de Angélica Araujo Lara para diputada federal en julio de 2009. Estas personas entregaron playeras y camisas a la campaña priista.
Hoy, Cecilia Wabi Dorbécker es la secretaria privada de Angélica Araujo, que ganó la alcaldía meridana en mayo, y su hermano Michel funge como jefe del Departamento de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.
En julio de 2010, Integradora de Yucatán recibió $1.549,728 como apoyo del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt, en una ceremonia presidida por la gobernadora Ortega Pacheco. Además de esta empresa, otras 13 recibieron estímulos de este programa, entre ellas dos compañías más de Wabi Mdáhuar: Tejidos de Punto Wabi, S.A. de C.V., $5.384,600, y Coco Frío, S.A. de C.V., $5.116,635.00. Esta última está dedicada a la confección, venta y exportación de camisas, gorras y otras prendas.
En entrevista, Wabi Mdáhuar explica que Integradora de Yucatán sí tiene que ver con la publicidad porque, "como integramos a varias empresas del ramo textil, una de nuestras actividades es precisamente fabricar camisas y gorras".
Coco Frío
-Si ya tiene una empresa dedicada a ese giro, Coco Frío, ¿por qué no facturar con ese nombre? - pregunta el Diario.
-Porque con ese nombre el gobierno no me pagaba o tardaba mucho en hacerlo -responde el empresario-. Por eso creamos Integradora de Yucatán y con ese nombre ya cobramos. El gobierno no sabe que Coco Frío es parte de Integradora.
-¿No lo sabe? ¿Tampoco sabe que usted dirige Integradora?
-No, no lo sabe...
-¿Cuánto dinero recibe esa empresa de la CGCS?
-En 2009 y 2010, entre $200,000 y $300,000 al mes, dependiendo...
-Un informe oficial de la Coordinación de Comunicación Social asegura que Integradora de Yucatán cobró $403,500 mensuales, por lo menos en el primer semestre de 2010.
-Bueno, si, es una "iguala" que nos dan...
-¿Por qué concepto?
-Hacemos un contrato anual con el gobierno por determinados servicios y éste nos da una cantidad fija al mes. Pero las ventas de Integradora a la Coordinación General de Comunicación Social no representan ni el 10 por ciento de nuestras ventas totales. Nuestro mercado principal está en Cancún.
-¿Cómo explica los cuantiosos apoyos del Programa de Estímulos a la Innovación a sus tres empresas? (más de $12 millones, el 18 por ciento de todo el apoyo entregado a las 14 compañías locales beneficiadas por ese programa).
Queso panela
-Esos son recursos federales. La Federación nos los dio, no la gobernadora. Ella sólo se alzó el cuello en la ceremonia de entrega de los estímulos...
-¿Por qué concepto Integradora de Yucatán recibió esos estímulos del Conacyt?
-Para la compra de una cámara de maduración. La necesitamos para producir queso.
-¿Queso?
-Si, en Integradora, además de gorras y playeras hacemos queso panela.-Hernán Casares Cámara
Comunicación Social del gobierno del Estado emitió ayer un comunicado.
Rechazo categórico.
Los actos de esta oficina están apegados a la norma vigente, dice en el comunicado su titular, Jesús Rivero.
Deslinde
La dependencia se deslinda "sobre los calificativos y aseveraciones" del Diario.
Respeto
También dice que "expresa su respeto por todas las empresas que prestan sus servicios a la presente administración -entre las cuales, por cierto, están algunas pertenecientes a Grupo Megamedia".
Una premisa
Finalmente, reitero que el respeto a la ley ha sido premisa en los actos de esta dependencia, añade Rivero Covarrubias en su comunicado.
(1)Se trata, según las investigaciones, de los honorarios cobrados por Wendy Mercedes Jiménez Cervera, quien como persona física recibe de la CGCS un pago mensual de $403,500 (la misma cantidad que cobra Integradora de Yucatán como "iguala" del gobierno, según sus director Michel Wabi Mdáhuar). La Sra. Jiménez Cervera recibe ese dinero por concepto de "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno del Estado", de acuerdo con un informe oficial de la CGCS.
Esta persona aparece también en el padrón de proveedores del PRI en Yucatán, como representante de Arte y Publicidad del Sureste, con domicilio en la calle 64 No. 411-A. Ese local funcionó como casa de campaña de Eduardo Sobrino Sierra, cuando fue candidato del PRD a la alcaldía de Mérida el año pasado.
Ahora, según una persona encargada de la limpieza del local, es la oficina de Mario Sobrino Sierra, esposo de Wendy Jiménez y hermano del ex candidato y de Carlos Sobrino Sierra, asesor de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
En algún tiempo funcionó una agencia de publicidad, pero ya no "y no sé a dónde se cambió" , comenta el empleado.
Entre hermanos
Mario Sobrino Sierra, a diferencia de sus hermanos, tiene bajo perfil público y casi no participa en actividades políticas.
Una de sus pocas apariciones fue el 21 de abril de 2005, cuando a petición de su hermano Eduardo, entonces diputado perredista en el Congreso, condujo el vehículo donde salió del recinto legislativo, en medio de gritos de "basura" y "traidor", el diputado Antonio Hadad Manzur, el día de su renuncia al PAN.
La esposa de Mario Sobrino, Wendy Jiménez, es proveedora de servicios publicitarios del PRI desde hace varios años. En 2005, por ejemplo, un informe de ese partido consigna un pago de $325,000 a la Sra. Jiménez, por concepto de "transferencias en especie al CDE de Yucatán".
En 2009, el PRI reconocía un saldo por pagar a favor de la Sra. Jiménez por $182,840.
El Diario le preguntó a esta empresaria si recibe, en efecto, una "iguala" mensual de $403,500 de parte de la CGCS.
-Pudiera ser que sí -respondió-, pero ahora no puedo informar, no tengo los detalles. Tengo más clientes...
En la lista de proveedores de la CGCS, según datos en poder de la UIM, figuran también personas físicas en apariencia totalmente desvinculadas del ejercicio profesional de la comunicación. Es el caso de Jorge Edilberto Piña Ojeda, quien, como persona física, cobró $423,500 en enero de 2010, por concepto de "cobertura y publicidad de programas y obras del gobierno del Estado".
Piña Ojeda no tiene referencias en el medio periodístico, pero sí en el gremio de billaristas: es el segundo vocal de la Asociación de Billaristas de Yucatán. Casualmente, el secretario de esa agrupación, Andrés Avelino Coaña Ojeda, también fue proveedor de la CGSC, por lo menos en 2009 y 2010.
"De cualquier forma ya se ordenó una revisión y esperó que una vez que se revise se les dé (en la prensa) el mismo espacio que se utilizó para denostarlas".
Como informamos, en la lista de proveedores de servicios de cobertura y publicidad de la Coordinación General de Comunicaciones, figuran empresas de reciente creación dedicadas a diversos giros, cuyos socios no sólo carecen de trayectoria profesional sino, en varios casos, hasta de oficinas y teléfono.
La jefa del Ejecutivo estatal dijo que su gobierno actúa completamente apegado a la ley, esta información la da el gobierno a través de la Unidad de Información, "nosotros la hemos entregado porque precisamente, jurídicamente no hay nada".
"Creo que aquí valdría la pena respetar a las empresas, porque si las llaman fantasmas, significa que no existen y las empresas sí existen. Lo más importante es que aquí ya se ha dado la instrucción de que se haga una revisión.
"Esperamos que a partir de que se determine la revisión, se haga en el mismo espacio que le dan de publicidad para denostar al gobierno del Estado, que pueda darse el mismo espacio para volver a poner su nombre a las empresas que sí están al servicio", señaló.
Sobre la derrota del PRI en Guerrero, dijo que es una elección que le deja un aprendizaje al partido.
"Creo que el PRI ya entendió que tiene que evolucionar, que tiene que trabajar muy cercano a la sociedad, que tiene que saber escuchar".
