Noticias de Yucatán
(derechos humanos, impunidad)
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Publicada: 13 septiembre 2011
Siete semanas después de que la consejera Marysol Canto Ortiz presentó una queja contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco por actos omisorios en la golpiza de la glorieta de Montejo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) admitió el recurso, pero desvió la acusación a otras autoridades en un intento por exculpar a la titular del Ejecutivo, denuncia la propia consejera.
"En el afán de exonerar a Ivonne Ortega para protegerla, como hicieron los diputados con la alcaldesa (Angélica Araujo Lara, contra quien se promovió un juicio político), la Codhey torció mi queja y la dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Mérida", afirma.
"Esto es inadmisible, es una burla a los ciudadanos que la propia Comisión encargada de velar por los derechos humanos, los vulnere de esta manera tan burda", señala la Consejera de la Codhey.
"Mi queja fue directa y sustentada contra la principal responsable de los actos omisorios: la gobernadora, por no haber enviado a la policía a detener la violenta represión del 4 de julio", apunta.
"La Codhey no tenía por qué desviar mi acusación a otras instancias, aunque también son corresponsables".
Marysol Canto exhibe el oficio V.G. 519/2011, firmado por el visitador Jorge Alberto Eb Poot, en el que consta que la Comisión afirma que "no encontró elementos de prueba suficiente que hagan posible la calificación de la queja en contra de la C. gobernadora del Estado de Yucatán".
"Y para el caso de que la quejosa considere que los hechos manifestados en contra de la jefa del Ejecutivo le causan agravios, oriéntesele a que acuda a la instancia legal correspondiente para hacer valer su inconformidad", agrega el documento de la Codhey.
En ese oficio, el visitador Eb Poot indica también que la Codhey está impedida para pronunciarse por el caso por tratarse de un asunto entre particulares, ya que la Comisión sólo puede conocer de "presuntas violaciones a derechos humanos derivados de actos u omisiones imputables a cualquier autoridad o servidor público".
Marysol Canto sostiene que la gobernadora no cumplió con sus obligaciones constitucionales por no haber enviado a la policía a detener la golpiza, violando los artículos 2 y 55 de la Constitución.
"Lo que procede ahora es -'el colmo'- poner una queja contra la Codhey ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya tiene una delegación en Mérida, a fin de que le corrija la plana a la Comisión Estatal", afirma la consejera.
(derechos humanos, impunidad)
Intenta exonerar a la gobernadora de la golpiza, afirman Publicada: 13 septiembre 2011
Los trabajos en el "paso deprimido" continúan a pesar de las lluvias. Su construcción comenzó con una violenta represión el lunes 4 de julio 
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La consejera Marysol Canto Ortiz acusa a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) de "torcer" la queja que presentó contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco por no haber enviado a la policía a detener la brutal golpiza del 4 de julio en la glorieta de Montejo.
Con la notificación de la Codhey en la mano, la consejera de ese organismo indica que es una burla que admitan su queja, pero la desvíen hacia la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ayuntamiento de Mérida, a fin de exonerar a la titular del Ejecutivo, a quien acusa de incurrir en actos omisorios al no cumplir con las obligaciones que le marca la Constitución de Yucatán.
"Se trata de una maniobra para no requerirle informes a la gobernadora, ya que, de hacerlo, Ivonne Ortega confirmará que no cumplió con su obligación de enviar a la policía a detener la agresión, como admitió en una entrevista que tengo grabada y presenté como prueba", subraya. "Lo que procede ahora es poner una queja contra la Codhey", indica.
Queja contra la Codhey
Desvía la acusación por la golpiza en la glorieta, advierten Publicada: 13 septiembre 2011
Siete semanas después de que la consejera Marysol Canto Ortiz presentó una queja contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco por actos omisorios en la golpiza de la glorieta de Montejo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) admitió el recurso, pero desvió la acusación a otras autoridades en un intento por exculpar a la titular del Ejecutivo, denuncia la propia consejera.
"En el afán de exonerar a Ivonne Ortega para protegerla, como hicieron los diputados con la alcaldesa (Angélica Araujo Lara, contra quien se promovió un juicio político), la Codhey torció mi queja y la dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Mérida", afirma.
"Esto es inadmisible, es una burla a los ciudadanos que la propia Comisión encargada de velar por los derechos humanos, los vulnere de esta manera tan burda", señala la Consejera de la Codhey.
"Mi queja fue directa y sustentada contra la principal responsable de los actos omisorios: la gobernadora, por no haber enviado a la policía a detener la violenta represión del 4 de julio", apunta.
"La Codhey no tenía por qué desviar mi acusación a otras instancias, aunque también son corresponsables".
Marysol Canto exhibe el oficio V.G. 519/2011, firmado por el visitador Jorge Alberto Eb Poot, en el que consta que la Comisión afirma que "no encontró elementos de prueba suficiente que hagan posible la calificación de la queja en contra de la C. gobernadora del Estado de Yucatán".
"Y para el caso de que la quejosa considere que los hechos manifestados en contra de la jefa del Ejecutivo le causan agravios, oriéntesele a que acuda a la instancia legal correspondiente para hacer valer su inconformidad", agrega el documento de la Codhey.
En ese oficio, el visitador Eb Poot indica también que la Codhey está impedida para pronunciarse por el caso por tratarse de un asunto entre particulares, ya que la Comisión sólo puede conocer de "presuntas violaciones a derechos humanos derivados de actos u omisiones imputables a cualquier autoridad o servidor público".
Marysol Canto sostiene que la gobernadora no cumplió con sus obligaciones constitucionales por no haber enviado a la policía a detener la golpiza, violando los artículos 2 y 55 de la Constitución.
"Lo que procede ahora es -'el colmo'- poner una queja contra la Codhey ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya tiene una delegación en Mérida, a fin de que le corrija la plana a la Comisión Estatal", afirma la consejera.
