Noticias de Yucatán
(favoritismo, corrupción, abuso, injusticia)
(favoritismo, corrupción, abuso, injusticia)
Publicada: 3 diciembre 2011
Una agilidad envidiable para la víctima de cualquier delito es la que se dio en el expediente promovido por María Isabel Ortega Pacheco: a los ocho días de recibido el expediente en un juzgado penal el caso culminó con la detención de uno de los acusados.
Hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la quejosa reclama $640,000 al empresario Fernando Daniel Molina Martínez, del Distrito Federal. El dinero, afirma, lo entregó en efectivo.
La rapidez con que fue atendido este expediente sorprende porque, por lo general, denunciantes y litigantes se quejan de lentitud e incluso que las autoridades emplean todo el plazo que la ley les concede para emitir algún acuerdo.
En ocasiones, no cumplen esos términos.
La Fiscalía General acordó el 17 de noviembre enviar el expediente a un juzgado penal. Tocó el caso al 7o., cuyo titular, Jorge Andrés Vázquez Juan, lo recibió en esa misma fecha.
Ese tribunal dispone, en casos de este tipo, de 30 días hábiles para emitir la orden de aprehensión que le solicitó la Fiscalía General.
En este caso no se agotó el plazo que fija la ley, pues luego de dos días hábiles se expidió la orden de captura. De la fecha de recibido a la expedición de la orden hubo tres días inhábiles: sábado, domingo y lunes (por el 20 de noviembre).
La Fiscalía General recibió el 22 de ese mes la orden de aprehensión. Tres días después, el viernes siguiente, se detuvo a Molina Martínez.
Por lo tanto, las autoridades demostraron que se pueden agilizar la denuncias, contra lo que muchas personas se han quejado.
En este mismo caso, como se esperaba, ese juzgado ordenó la sujeción a juicio contra Molina Martínez, quien el miércoles recuperó su libertad previa fianza que depositó.
Hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la quejosa reclama $640,000 al empresario Fernando Daniel Molina Martínez, del Distrito Federal. El dinero, afirma, lo entregó en efectivo.
La rapidez con que fue atendido este expediente sorprende porque, por lo general, denunciantes y litigantes se quejan de lentitud e incluso que las autoridades emplean todo el plazo que la ley les concede para emitir algún acuerdo.
En ocasiones, no cumplen esos términos.
La Fiscalía General acordó el 17 de noviembre enviar el expediente a un juzgado penal. Tocó el caso al 7o., cuyo titular, Jorge Andrés Vázquez Juan, lo recibió en esa misma fecha.
Ese tribunal dispone, en casos de este tipo, de 30 días hábiles para emitir la orden de aprehensión que le solicitó la Fiscalía General.
En este caso no se agotó el plazo que fija la ley, pues luego de dos días hábiles se expidió la orden de captura. De la fecha de recibido a la expedición de la orden hubo tres días inhábiles: sábado, domingo y lunes (por el 20 de noviembre).
La Fiscalía General recibió el 22 de ese mes la orden de aprehensión. Tres días después, el viernes siguiente, se detuvo a Molina Martínez.
Por lo tanto, las autoridades demostraron que se pueden agilizar la denuncias, contra lo que muchas personas se han quejado.
En este mismo caso, como se esperaba, ese juzgado ordenó la sujeción a juicio contra Molina Martínez, quien el miércoles recuperó su libertad previa fianza que depositó.
