Noticias de Yucatán
()
La petición a la Codhey contra 17 planteles, en vano
Hace dos años la Comisión de Derechos Humanos del Estado recibió un exhorto para que emitiera recomendaciones y atendiera denuncias contra directores y docentes de 17 colegios acusados de violaciones a garantías de alumnos y padres de familia.
Esa petición la hizo Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, como parte de una larga lucha que sostiene para terminar con abusos, violaciones a la ley y faltas a los derechos humanos en colegios públicos.
Ese esfuerzo -”un vía crucis”- también ha llegado a la Procuraduría de Justicia, diputados locales, funcionarios federales, la Contraloría y medios de difusión.
Las denuncias y demandas puestas por ella y padres de familia son contra abusos de poder de docentes y administrativos de escuelas, así como de autoridades educativas.
También se han opuesto a pagos obligatorios de cuotas de inscripción y donativos en especie, a negocios disfrazados de “cooperativas y tiendas escolares”, a la complicidad de integrantes de Comités de Padres de Familia, al “bullying”, a la venta de libros y de uniformes, y otras irregularidades más.
En rueda de prensa para hablar de ello, Paula Lira indicó que la corrupción propicia que sean parciales las victorias de los padres de familia que luchan por mejorar las cosas en el sistema educativo. Ejemplo de esto fue la reubicación de la profesora Eva Roig Melogranados, quien, afirmó, fue retirada de la dirección de la escuela Nuevo Amanecer, ubicada en Mulsay.Esa acción fue el fin de un largo proceso iniciado a raíz de que dos madres de familia denunciaron abusos de poder, cobro de cuotas, donativos en especie y otros hechos más contra la maestra. Ésta a su vez se defendió acusando penalmente a las mamás, “pero el Tribunal Superior de Justicia determinó que no hay elementos para proceder contra ellas”.
Manifestó que en los procesos ante la Procuraduría de Justicia y la Codhey sólo han hallado complicidad de esas instancias con las personas denunciadas por los padres de familia.
