Noticias de Yucatán
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El gobierno del estado ha retenido y “jineteado” el cobro de las parcialidades de créditos otorgados por el Isstey a sus derechohabientes, en los últimos seis años, incluso sin pagar intereses, porque no hay controles al respecto, según denuncian varias agrupaciones cívicas.
Se calcula, dicen, que de la deuda de $2,200 millones del gobierno estatal con el Isstey, $500 millones corresponden al cobro de las parcialidades de créditos otorgados a los trabajadores, que no han sido entregados al instituto.
No obstante esta situación, las reformas a la ley del Isstey aprobadas el martes, en el Congreso con el apoyo de los diputados del PRI, PRD y PVEM, no incluyen mecanismos para evitar que eso continúe, “ni siquiera se considera la obligación de emitir y entregar a cada derecho-habiente su estado de cuenta, como ya lo hacen las Afores por mandato legal”.
Estas advertencias aparecen en el documento “Opinión fundada sobre la reciente reforma a la ley del Isstey, señalamiento de lagunas, deficiencias y sesgos y propuestas de cambios a impulsar”, que las agrupaciones Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio, Frente Cívico Familiar, Acciones Líderes y Red de Maestros de Yucatán entregaron al Diario.
Denuncian que hay anomalíasen los préstamos
Informe
Como hemos informado, representantes de esas organizaciones, que siguen de cerca desde hace tiempo el caso del desorden financiero del Isstey, se reunieron con el director de ese organismo, Ulises Carrillo Cabrera, el 23 de mayo, para aclarar dudas sobre la compra millonaria por el Isstey de un terreno en la carretera a Progreso, propiedad del gobierno del Estado, al parecer en contra de lo que marca la normatividad del organismo y sin que se conozca en dónde paró ese dinero.
Sospecha
El manejo discrecional de los préstamos del Isstey seguirá, denuncian las agrupaciones cívicas, porque en el transitorio octavo de los cambios a la ley se establece que “los contratos de compraventa y préstamo hipotecario celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas, continuarán rigiéndose conforme a los términos y condiciones originalmente pactados”.
Lo correcto, dicen, es que el instituto informe “de esos contratos y compromisos, para saber qué se avala, por qué montos, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo”.
También, agregan, para reducir la discrecionalidad en la autorización de los préstamos es conveniente “cancelar la atribución que se confiere al director del Isstey, en la ley vigente, de aprobar los créditos especiales y establecer garantías”.
De igual forma, las agrupaciones censuran otro artículo transitorio incluido en la reforma, que se refiere a la posibilidad de condonar los intereses moratorios de la deuda del gobierno estatal con el instituto.
Esta ascendía, hasta marzo de 2014, a $2,200 millones, de los cuales, dice el documento, más de $500 millones corresponden a ese tipo de interés.
Lo que proponemos, añaden, es eliminar ese transitorio y prohibir la condonación de adeudos y la transferencia de adeudos de una administración estatal a la siguiente.
Impedir la condonación es importante, señalan, porque todos los activos del Isstey, alrededor de $4,500 millones, incluyendo los adeudos, sólo responden al 57% del pasivo laboral de la institución, que llega a los $8,000 millones.
Por otro lado, el documento reconoce que la reforma a la ley del Isstey contienen elementos positivos, que disminuyen la discrecionalidad en la operación del instituto, como destinar el 50% de las reservas disponibles a pensiones y jubilaciones y a la asistencia médica, y eliminar “el concepto de reserva única (fuente de muchas corruptelas) para generar reservas por cada prestación”.
También resultan plausibles el incremento del 1% en las aportaciones ordinarias de las entidades públicas, el ahorro medible en el gasto administrativo del Instituto, el ajuste a las condiciones del mercado en las tasas de interés de los préstamos que otorga y el establecimiento de cuentas diferenciadas para cada tipo de prestación.
Engaño
Hay otros preceptos de la reforma, añaden las organizaciones cívicas, que parecen ser excelentes noticias, pero que, vistas con cuidado, no lo son. Es el caso de la propuesta de que en ningún caso los gastos administrativos del instituto no relacionados directamente con una prestación excedan el 7.5% de los ingresos estimados por aportaciones ordinarias.
Inicialmente parece ser una buena propuesta, dado el dispendio y la ineficacia del Isstey, “pero se torna recurso de artificio cuando se establece un costo administrativo para cada una de las prestaciones que ofrece el instituto, de acuerdo al origen de los recursos.
“De esta manera se fomenta la fragmentación administrativa y la duplicidad de funciones, mismas que repercutirán en altos costos administrativos”, como pasa ahora, cuando el costo operativo del Isstey ronda el 26% de los ingresos por aportaciones.
Sigue el problema
El documento critica que la reforma no toque los artículos 10 y 11 de la ley vigente, relativos al asunto de las moras “y que es causa en buena medida del quebranto financiero del Isstey”.
Estos artículos no consideran mecanismos de sanción para quienes dejen de pagar sus cuotas y si la mora es imputable al gobierno, los trabajadores no dejan de recibir sus prestaciones.
“De esta manera cualquier gobernador a futuro podrá seguir impúnemente tomando recursos etiquetados al Isstey y provocarle en cualquier momento nuevas y mayores crisis financieras”.
Ejemplo
Las agrupaciones cívicas recomiendan seguir el ejemplo de la ley del Issste (federal) que prevé la posibilidad de fincar responsabilidades a los funcionarios cuando incumplan plazos o procedimientos que la propia ley establece.-
Dos pesas
Ejemplo
Carlos González Caamal, hombre de confianza de Ulises Carrillo Cabrera, actual director del Isstey, cuando éste era jefe del Despacho de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, es un beneficiario de la discrecionalidad en la entrega de créditos en ese instituto, que hoy denuncian varias agrupaciones cívicas.
Cadillac
Una investigación del Diario publicada en julio de 2010 demostró que González Caamal, director de Administración y Finanzas en la oficina de Carrillo Cabrera, con un sueldo de $45,000 mensuales, adquirió un Cadillac 2009 en $300,000.
Crédito del Isstey
El funcionario obtuvo la mitad de ese monto, $150,000, según admitió él mismo, mediante un crédito del Isstey, dirigido en esa época por Nerio Torres Arcila.
Garantías
Nunca se supo quién autorizó el préstamo, que excedía las normas del instituto, ni el monto de las garantías.
