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La Fecuy: Por fin se reconoce que había deuda oculta
Promotora del análisis de la Cuenta Pública del gobierno del Estado desde hace cuatro años, Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), dice que el tiempo y el director del Isstey le han dado la razón: durante el quinquenio hubo deuda oculta y desvíos.
“En 2010, cuando empezamos a analizar la Cuenta Pública, hicimos notar que en el rubro de deuda el gobierno del Estado sólo mencionaba lo que debía a los bancos”, recuerda. “Desde ese momento señalamos que había adeudo oculto, entre otras cosas al Isstey, al que se debían mil millones de pesos porque el Ejecutivo no había entregado sus aportaciones”.
“Nos respondieron que no era cierto, que no había tal deuda oculta. Y resulta que ahora, cuatro años después, nos salen con que siempre sí”.
La dirigente se refiere a las declaraciones que publicamos -en varias entregas- del director del Isstey, Ulises Carrillo Cabrera. Entre otras cosas, el funcionario reconoció que durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, del cual él formó parte, no se entregaron aportaciones al instituto, pero alegó que esa decisión y otras relacionadas con el tema se ajustaron al marco legal. También dijo que en años anteriores los recursos de la institución se manejaron en forma discrecional y era necesario tomar medidas, como hizo, para sanear sus finanzas.
Al opinar sobre esos conceptos, la profesora Estrada Mora dice que en 2012, en la V Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública, la Fecuy pidió al gobierno de Rolando Zapata que informara a los yucatecos cómo había recibido la administración.
“Nunca se informó. Desde el primer momento vimos que se estaba formando una tapadera del desastre. Y esa tapadera continúa hoy”, añade.
En cuanto a las reformas a la Ley del Isstey, la ex diputada declara que son modificaciones que no arrojan beneficios reales a los derechohabientes porque tocan sólo algunos puntos de la administración interna, para ver cómo se tapa el agujero económico.
“Semanas después de la aprobación de las reformas sale el director, quien fue secretario en el gabinete de Ivonne Ortega, a decir con todo cinismo que sí hay deuda, pero no robo o desfalco como ‘las malas lenguas’ sostienen, que todo se hizo en el marco legal”, apunta.
“No hay de otra: el gobierno está obligado a dar su aportación al Isstey para seguridad de sus trabajadores. En este caso no la dio, cuando cada año se incluye ese monto en la Ley de Egresos. Si usó el dinero en otra cosa estamos ante un claro desvío”.
Blanca Estrada hace hincapié en que no se trata sólo de la aportación del Ejecutivo: “Tampoco entregó las retenciones que quincena tras quincena hacía a los empleados por préstamos. Tomó esos recursos y eso es robo del salario de los trabajadores”.
“De esa forma desfalcaron al Isstey. Y eso de ninguna manera puede ser legal”, recalca. “Las declaraciones de Ulises Carrillo son una confesión del desfalco, pero vivimos en un país de impunidad y en un Estado donde el jefe del Ejecutivo está amordazado y tiene que callar”.
En relación con los cambios a la Ley del Isstey, la presidenta de la Fecuy dice que son tres artículos los que llaman la atención:
1) El 48 Bis, en el cual se habla de los préstamos y las facultades del consejo directivo en esta materia.
2) El 93, que se refiere a las reservas del instituto y a las opciones de invertirlas. Una de ellas es el financiamiento de proyectos de infraestructura pública o de participación privada para el desarrollo del Estado.
3) El 94, que otorga atribuciones al consejo directivo para definir montos y plazos de los financiamientos.
Sobre estos puntos, Blanca Estrada indica:
-En el artículo 48 Bis se dice que van a dar préstamos a trabajadores que nunca han dado aportaciones al instituto, utilizando para ello las cuotas de los derechohabientes. ¿Les aprobarán los préstamos en las mismas condiciones que a quienes sí son derechohabientes? ¿Se convertirá el Isstey en usurero o banquito prestamista? ¿O se pretende beneficiar a algunos grupos porque viene año electoral?
-En 1985, en su etapa de gobernador interino, Víctor Cervera trató de usar las reservas del Isstey para financiarle al empresario Armando Palma Peniche la construcción del fraccionamiento Chenkú con el argumento de que serían casas para los policías. No pudo hacerlo porque la Sección 57 del SNTE se opuso a que se utilizaran las aportaciones del magisterio, que siempre han sido las más elevadas, para financiar viviendas de otros grupos de trabajadores y menos si el gobierno no iba a construirlas.
Según el artículo 93, ahora resulta que se podrán usar las reservas como financiamiento para lo que se les pegue la gana.
-Con el artículo 94 tienen manga ancha hasta para dar financiamientos a tasa cero de interés o para devolverlo en 200 años si lo aprueba el consejo directivo.- ÁNGEL NOH ESTRADA
De un vistazo
Lo que se dejó
En los documentos de la entrega-recepción de la administración pública en 2007, cuando terminó el mandato de Patricio Patrón Laviada y comenzó el de Ivonne Ortega, se establece que se dejaba al Isstey con $1,796.531,011 disponibles en efectivo e inversiones (en julio de 2001 eran $371.390,276). Contablemente, el patrimonio total y las reservas ascendían a $2,318.840,630 ($833.258,837 en julio de 2001).
Así “no hay bronca”
Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy, señala que en el artículo 6o. transitorio de la reformada Ley del Isstey se dispone que el gobierno del Estado y el instituto convendrán las mejores condiciones para reestructurar los pasivos de las entidades públicas estatales. En esa reestructuración se podrán pactar la condonación y quita de intereses moratorios.
“O sea, si el Ejecutivo dice que no tiene dinero y sólo puede abonar un millón de pesos al mes de su deuda, no hay bronca, le reestructuran”, subraya. “Y como además se establece la posibilidad de condonar intereses…”.
La ley y sus alcances
Apoyada en preceptos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado, la profesora Estrada dice que los funcionarios que propiciaron el quebranto económico, con decisiones u omisiones, son acreedores de fuertes sanciones.
