La explicación es sencilla: la violación a la misma ley estatal en la materia, por parte del gobierno de Rolando Zapata Bello, pues la comisión ejecutiva estatal que atiende tales casos inició operaciones casi 90 días después de que fue publicado el decreto, mientras que el consejo estatal ni siquiera se ha instalado.
Este lunes se cumple una semana de que Emma Gabriela fue asesinada afuera de su domicilio, quien según su progenitora tuvo que buscar a nivel federal quedar inscrita en Renavi, debido a que en Yucatán existe una ley que no funciona.
Diputados de la LXI legislatura aprobaron hace 11 meses la Ley Estatal de Protección de Víctimas, la cual, según el artículo primero transitorio, entró en funciones a partir del 1 octubre del año pasado.
El mismo marco legal indica, en el artículo tercero transitorio, que el gobernador designará al director de Atención Estatal de Víctimas diez días después de la entrada en vigor de la ley (el 1 de octubre) lo cual fue dado a conocer hasta el 30 de diciembre del año pasado según un comunicado de prensa del ejecutivo estatal.
En el texto del boletín de prensa se presume que Yucatán es una de las primeras entidades del país en instalar de manera formal la Junta de Gobierno de su Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, “acto que demuestra el compromiso de la actual administración por reforzar las tareas en procuración de justicia”.
“En representación del titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Roberto Rodríguez Asaf, la directora Jurídica de esta dependencia, Genoveva Bentata Morcillo, encabezó el evento donde se dio a conocer a los integrantes de este grupo y el presupuesto de más de 11 millones de pesos que se ejercerá para el 2017”, cita el texto.
En el artículo séptimo transitorio que se refiere a la instalación del Consejo Estatal de Atención a Víctimas se establece que se instalará en un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Hasta el dos de abril no se tenían noticias del mismo.
Llaman diputados a cumplir ley
Entrevistados por separado, diputados de diferentes fuerzas políticas del estado hicieron un llamado al gobierno de Rolando Zapata Bello a cumplir con la ley que ellos mismos aprobaron hace un año.
Para el perredista David Zavala Barrera resulta preocupante que se aprueben recursos para atacar los índices de violencia y de inseguridad en el estado que al final no se sabe cómo son aplicados, pues casos como el de Emma Gabriela dejan al descubierto que Yucatán es un estado de leyes que no se aplican por parte Ejecutivo.
“En 15 días ha habido asesinatos de dos mujeres, y hechos violentos como el del Country Club; la gente ve lo que está sucediendo y en ese sentido tenemos que tomar cartas en el asunto”, indicó.
Lamentó que elementos de la policía estatal lejos de estar preocupándose por defender a los ciudadanos han emprendido una cacería en contra de personas que trabajan de manera honrada en la empresa de transporte Uber.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Camino Farjart, se pronunció porque se realice una investigación a fondo de los motivos que llevaron a retirarle la seguridad a Emma Gabriela Molina.
“Se va revisar todo el proceso, para saber si hay algún funcionario que incurrió en alguna conducta indebida, esto debe ser una revisión muy puntual que deberá hacer el Ejecutivo”, expuso.
El diputado del Partido Acción Nacional, Rafael Montalvo Mata, consideró “que a las recomendaciones de los Derechos Humanos llámese estatal o nacional no se le ha dado la importancia que se requiere, lo que significa que no hacen al 100 por ciento su trabajo”, consideró.
El priísta Daniel Quintal Ic opinó: “nosotros hemos dicho que somos respetuosos de los otros poderes del estado, en este caso del poder Judicial; eso lo ratificamos en la sesión del pasado martes, al exhortar a las autoridades competentes para que agilicen las investigaciones y se tomen las medidas pertinentes”, e hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que se instale el Consejo Estatal de Víctimas, con lo que se cumplirá cabalmente la ley que la LXI legislatura aprobó el 2 de mayo del 2016.
Fuente: La Jornada Maya
