Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.
Pero los Duarte sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las entidades del país.
Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del priísta en Texas, Estados Unidos, se desconoce su ubicación.
Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco del que Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones de pesos.
Además, en noviembre pasado, el panista Gustavo Madero denunció al ex Gobernador por el supuesto desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.
La actual administración de Chihuahua ha evidenciado también el desfalco de César Duarte. El Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes, documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del priísta al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil millones de pesos. En relación al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), la deuda equivale a 8.3 por ciento, lo que la pone como la más alta en todo el país.
Javier Duarte de Ochoa, también buscado por la Interpol y localizado el 15 de abril en un hotel de Guatemala, es señalado por delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días de permanecer fugado.
La ASF presentó 54 denuncias penales ante la PGR por irregularidades en el manejo del dinero público en su administración en Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos y durante su audiencia en el país sudamericano se le señaló de manejar una red de corrupción.
Por nivel de desfalco le sigue el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. Este abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila denunció ante la PGR al Gobernador por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su administración y la de su hermano, Humberto Moreira.
De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP), de 2006 a 2011 se declaró esa cantidad como inversión, pero no constan como realizadas en ningún lado. En septiembre de 2016, el Blanquiazul también denunció penalmente a Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.
El cuarto lugar es para el priista Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha gobernado Jalisco desde 2013. La Auditoría Superior de la Federación llamó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015.
Jalisco figuró entre los estados con más observaciones por parte de la ASF a nivel nacional en sus cuentas públicas 2015, publicadas en febrero de este año. En el ejercicio fiscal de 2015 la entidad fue alertada por 2 mil 290 millones de pesos.
El quinto sitio en cuanto a mayor desvío lo ocupa la gestión del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
El Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF expuso que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015.
De 20 observaciones, el gobierno mexiquense sólo ha aclarado tres.
LOS QUE COMPLETAN EL TOP 10
El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Quintana Roo y Colima también ha sido víctima del PRI.
Al norte del país, Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión preventiva en el penal de Topo Chico, en Monterrey el año pasado. Fue acusado por peculado y daño patrimonial al erario público por 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por incentivos ilegales y exención de impuestos a la automotriz coreana KIA, la cual estableció una planta en el municipio Pesquería.
Sin embargo, el priísta salió libre en menos de un día porque el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había presentado a comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen penas de uno a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha cometido ninguno y acusó el daño a su imagen. El siete de abril acudió a la Fiscalía Anticorrupción estatal a declarar.
En mayo del 2013, el programa “Telereportaje” de la estación de radio XEVT en Villahermosa, Tabasco, difundió un audio en donde al entonces Gobernador Andrés Granier Melo (2007-2012) se le escucha afirmar que tiene 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo, los cuales, aseguró, compró en tiendas de Rodeo Drive, en Los Angeles, California, y de Saks, en la Quinta Avenida, en Nueva York. El priista aceptó haberlo dicho por estar “pasado de copas”.
Granier Melo ha estado encarcelado desde 2013 en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría de Tabasco lo acusó de dañar las finanzas de la entidad sureña al dejar una deuda pública por 20 mil millones de pesos y por la desaparición de 2 mil 604 millones en efectivo de las bóvedas de la Secretaría de Finanzas estatal a finales de su último año de sexenio. En julio de 2016 un juez lo acusó de defraudación fiscal por 224 mil 352 pesos.
El último priista en asumir una guberantura durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fue Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán (2012-2014).
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán lo investiga por desviar 2 mil 323 millones de pesos. El priista, quien también es señalado por su relación con el crimen organizado, instruyó a su ex Secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, a desviar los recursos del erario público.
Al sureste del país, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño patrimonial al estado por más de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con el coordinador del Eje de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no ingresó mil 928 millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado. Además, el empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de 200 millones de pesos a través de 26 empresas fantasma.
El décimo lugar, en cuanto a mayor monto desviado, le pertenece a Mario Anguiano Moreno, ex Gobernador de Colima (2009-2015). El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) estatal reportó que su administración desvío más de 2 mil 119 millones de pesos.
El informe, que cubre 2013, 2014 y 2015, detalló que el desvío más grande fue en el rubro de servicios personales, ya que mil 867 millones de pesos originalmente fueron presupuestados para obra pública. También se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos, así como un gasto de 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación para seguridad pública que nunca se llevaron a cabo.
LOS DESVÍOS EN EL CENTRO DEL PAÍS
Siguiendo con el orden de mayor a menor cantidad de recursos públicos desviados por gobernadores del partido Tricolor, los cinco siguientes priístas administraron entidades ubicadas al centro del país.
Miguel Alonso Reyes, actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), enfrenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones de pesos durante su gubernatura en Zacatecas (2010-2016).
De acuerdo con las dos denuncias de la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas, María Soledad Luévano, durante la administración del priísta hubo un desvío de 307 millones de pesos de recursos públicos mediante 24 empresas fantasma, así como un desvío de mil millones de pesos en gastos de Comunicación Social.
En Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación detectó durante el penúltimo año de la gestión del ex Gobernador, Carlos Lozano de la Torre (2010-2016), un desvío por 812 millones de pesos.
Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, evaluó que de todo el sexenio debe ser más. “800 millones es una cantidad mínima, deben buscarle más y ser más enfáticos”, dijo.
El actual Gobernador, Martín Orozco Sandoval, declaró a la prensa “moches” en el sector salud cometidos durante el sexenio de Lozano de la Torre.
En noviembre del año pasado, el arquitecto Norberto Núñez denunció penalmente a Lozano de la Torre y a funcionarios de su administración, por la utilización sin su autorización de un eslogan de la entidad y un manual de acciones para promoverse en propaganda.
Francisco Olvera, ex Gobernador de Hidalgo (2011-2015), fue señalado por hacer un negocio por 600 millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de 300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl.
En los últimos tres años de su gestión, Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones de pesos.
En tanto, el ex Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera (2010-2016), y tres de sus ex secretarios presentaron amparos para evitar ser detenidos. De acuerdo con su sucesor, José Rosas Aispuro, el priísta le entregó una deuda pública por 15 mil millones de pesos y se presumen malos manejos financieros, falta de transparencia e irregularidades en las finanzas estatales.
En la dependencia de Salud estatal, documentó, existen adeudos por alrededor de 450 millones de pesos principalmente con empresas farmacéuticas que han dejado de abastecer a la dependencia. Además, en Obras Públicas se hizo público el pago de obras inexistentes, deficientes e incluso con sobre precios, así como la discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos de obra pública.
Durante la administración del priísta Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), la Auditoría Superior de San Luis Potosí investigó la desaparición de recursos del fondo de pensiones de trabajadores de telesecundarias por 400 millones de pesos.
Asimismo, en agosto del 2013 el Gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató con recursos federales a un abarrotero, a una empresa que vende aparatos eléctricos, a una agencia de publicidad, a una editorial, a una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas, y a una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad.
Todos ellos cobraron durante ese año al Gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro “servicios de consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Y EL PILÓN
El priísta Egidio Torre Cantú llegó a la gubernatura de Tamaulipas (2011-2016) porque su hermano, Rodolfo Torre Cantú, quien era el candidato original, fue asesinado presuntamente por un cártel.
El primer candidato independiente a Gobernador de esa entidad, Francisco Chavira Martínez, probó con documentos que el ex mandatario posee una casa valorada en 340 millones de pesos sobre una superficie de 8 mil 357 metros cuadrados, en el predio “La Ventura”, del municipio San Pedro Garza García, Nuevo León.
“Nos dimos cuenta que no era una casa normal, que tenía proporciones fuera de lo normal para un Gobernador, ni siquiera a un Presidente de la República. Y caímos en la realidad de siempre, que los Gobernadores salen de su cargo siendo millonarios”, expuso el también empresario.
Chavira Martínez ha exigido que se procese por desvío de los recursos. El contralor de la entidad, Mario Soria Landero, dijo que la Auditoría Superior de la entidad ya investiga.
La administración del priísta Mariano González Zarur en Tlaxcala (2011-2016) también fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por daño patrimonial a la Secretaría de Salud estatal por 71 millones de pesos.
Además, el Diputado panista Julio César Álvarez García acusó la desaparición de casi 23 millones de pesos en fertilizante que no llegó a los agricultores tlaxcaltecas durante su gestión.
En cuanto a Querétaro, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denunció ante el Pleno que la pasada administración del ex Gobernador priísta, José Calzada Rovirosa (2009-2015), desfalcó al erario con más de 73 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, su gobierno autorizó “pagos improcedentes” de 46 millones de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 22 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto; y 3.1 millones de pesos por servicios que no se prestaron.
Por su parte, la gubernatura en Nayarit de Roberto Sandoval (2011), quien entregará el cargo en unos meses, se salpicó con la detención del Fiscal General, Edgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Pero el martes un grupo de políticos lo denunciaron ante la PGR por enriquecimiento inexplicable: es dueño del rancho El Ensueño con un valor de 40 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Aután, municipio de San Blas. Abarca más de 30 hectáreas y cuenta con un lago y criadero de yeguas, caballos y mulas.
“Hicimos un cálculo de sus ingresos de un año como Diputado local, tres años como Presidente Municipal y un año de Gobernador (lo compró en 2012), y sus ingresos fueron por 4.7 millones de pesos, aproximadamente. Aun si no hubiera gastado en nada, ese recurso tampoco alcanzaría para esa propiedad”, apuntó el ex Secretario de Ayuntamiento de Tepic, Rodrigo González Barrios.
En Yucatán, el Gobierno de Rolando Zapata Bello, que arrancó en 2012, desvió 30 millones 17 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Además, el abogado Juan Ongay Lara lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por traspaso ilegal de tres mil hectáreas de tierras de Ucú al Fideicomiso del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey)
Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de 6 millones 644 mil pesos de los programas federales en la Secretaria de Educación del Estado de Campeche (Seduc) durante la gubernatura del priísta Fernando Eutimio Ortega Bernés (2009-2015).
Fuente: Sin Embargo
