Noticias de Yucatán
Durante el segundo día de audiencia por el caso Atenco,
donde 11 mujeres acusaron tortura sexual durante un operativo policial en el
2016, el gobierno de México reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) su responsabilidad en los hechos, pero rechazó que
ocurrieran en un contexto de tortura generalizada.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, defendió la postura del gobierno mexicano con la
resolución que en su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) sobre el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y
Texcoco.
“La decisión por parte del Estado para enviar la
fuerza fue justificada legalmente. La decisión de emplear la fuerza del Estado
en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se
actuó, primero en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de
comerciantes y, después, para restablecer el estado de derecho con
motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a
servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machete,
palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera”, expuso el
funcionario citando el resolutivo final de la Corte emitido en 2007.
Ante la mirada, desde el otro lado de la sala, de las
once mujeres que acusan agresiones y tortura sexual durante los operativos en
los municipios mexiquenses, el funcionario insistió que no existieron
órdenes explícitas de violar los derechos humanos. No obstante, insistió en
reconocer como “excesos” las violaciones a las garantías individuales.
Al iniciar la audiencia, Araceli Olivos, abogada del
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, recalcó que la posición del Estado
mexicano ha sido rechazar la existencia de tortura como una práctica
sistemática.
La litigante solicitó a la Corte que ordene una
investigación sólida y que se les reconozca que lejos de ser delincuentes,
son mujeres que han sobrevivido a las violaciones de derechos humanos cometidas
por todos los órdenes de gobierno.
“Las once mujeres acuden hoy ante esta corte para
solicitar medidas en tres rubros fundamentales para ellas: verdad,
justicia y no repetición. Queremos ser muy enfáticas en decir que la impunidad
fomenta la repetición. Ayer pudieron escuchar a Claudia y Patricia Torres cómo
cada vez que ocurren violaciones de derechos humanos esto les genera
sentimientos renovados de impotencia y el dolor”, expuso.
Este caso llega a la Corte después de que en 2011, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la
queja, y en octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el cual
resolvió a favor de las peticionarias determinando que habían sido víctimas de
detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y falta de
acceso a la justicia. (Milenio)
