México
registró en 2017 un récord histórico de muertes violentas con más de 30 mil
homicidios, cifra atribuible a la fragmentación de cárteles, según la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En su
Estudio Mundial sobre Homicidio de 2019, presentado este lunes en Viena,
atribuye este fenómeno a "la creciente desorganización de la
delincuencia" en el país, y recuerda que "los carteles dominantes de
hace cinco años se han fragmentado y diversificado".
Ello
explicaría que el número de asesinatos se haya incrementado en México entre
2014 y 2017 después un período a la baja.
"Una
sucesión de arrestos de alto nivel desataron el conflicto y la fragmentación
dentro de algunos de los principales carteles", dice el documento, que
sitúa en 2007 el comienzo de las operaciones del Estado contra los capos más
importantes de la droga.
"El
capo de la Federación de Sinaloa, que dominó numerosos mercados de la droga
durante años, fue extraditado a Estados Unidos en 2017", recuerda el
informe en referencia a Joaquín "Chapo" Guzmán, cuya detención por
parte de las fuerzas mexicanas es considerada uno de los desencadenantes de
esta situación.
Junio se
perfila como el mes con mayor cifra de homicidios dolosos
El otro factor
citado es la detención o la muerte violenta de numerosos líderes del cartel de
los Zetas entre 2012 y 2018, dice el informe sobre otro de los grandes grupos
de narcotraficantes.
Según la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés), "la desorganización del mercado provocada por estos
golpes a la jerarquía de los principales carteles parece ser la razón por la
que se revirtió la tendencia a la baja, y las tasas de homicidios comenzaron a
subir de nuevo entre 2014 y 2017".
La
situación ha afectado también a activistas por los derechos humanos y
periodistas.
En los
primeros 10 meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
registró 285 casos de acoso, violencia, robo o ataques cibernéticos contra
defensores de los derechos humanos.
Según el
estudio de Naciones Unidas, algunas activistas están en el punto de mira por el
hecho de ser mujeres, en especial aquellas "que han puesto en marcha
campañas para combatir la violencia generalizada contra las mujeres y los
asesinatos de género".
Entre 2010
y 2017 han sido asesinadas en México más de 43 activistas y periodistas
mujeres, destaca el informe.
La
situación ha afectado también a activistas por los derechos humanos y
periodistas.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que revelará los nombres de
jueces que han otorgado amparos indebidos, como en los casos del aeropuerto de
Santa Lucía, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Al menos
tres mil 500 policías federales inconformes con su adhesión a la Guardia
Nacional buscan que no se les deje de pagar sus percepciones ordinarias y
extraordinarias mientras se resuelve el conflicto.
En tanto,
la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) indicaron que las leyes reglamentarias para la
creación de la Guardia establecen parámetros claros y acordes a la
Constitución.
En dos
demandas de amparo que fueron presentadas el viernes pasado ante los juzgados
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, tres mil 500
quejosos solicitaron una suspensión para que no sean afectados sus derechos
laborales ni se les deje de pagar hasta que se decida si su incorporación al
nuevo cuerpo de seguridad es o no constitucional.
En las
demandas presentadas por el abogado Iván Chávez, los efectivos de la Policía
Federal reclamaron el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López
Obrador el pasado 28 de junio, que establece la conformación de la Guardia por
tres cuerpos policiacos.
Policías
federales esperan llegar hoy a un acuerdo
En sus
escritos, los federales indicaron que el convenio del Presidente establece que,
a diferencia de los elementos de las policías Naval y Militar, ellos no tienen
garantizados rangos, prestaciones ni derechos laborales, como la antigüedad.
"No se
nos garantiza conservar nuestro grado, rango y todas nuestras prestaciones, el
respeto de los derechos con que contamos al momento de ser asignados a la
Guardia Nacional, así como el reconocimiento del tiempo de servicio, en esta
última para efectos de la antigüedad y de los ascensos a que podamos aspirar",
indicaron los policías.
El acuerdo
que reclamaron los federales fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación desde el 28 de junio pasado y entró en vigor el 30 siguiente.
Establece
que la nueva corporación estará conformada por elementos de las policías
Militar designados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de la Naval, seleccionados por el titular de
Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda, y los integrantes de las divisiones
de Fuerzas Federales y Gendarmería de la PF.
Además de
los amparos contra el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal, la Suprema
Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó contra las cuatro leyes
reglamentarias para la creación de la Guardia Nacional.
Policías
ahora piden apoyo al Congreso y Derechos Humanos
Mediante un
comunicado, el Gobierno federal difirió de las manifestaciones que la CNDH
incluyó en los escritos presentados ante la Corte. "Estamos convencidos de
que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que el
Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la reforma publicada el pasado
26 de marzo del año en curso", indicó el gobierno federal.
"Contrario
a lo planteado por la CNDH, consideramos que no existió omisión legislativa por
parte del Congreso. Las leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en
el artículo 4° transitorio de la reforma, en el que se establecen las
características mínimas que cada ley debe contemplar".
Anunció que
a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia defenderá ante la Corte la
validez de los artículos impugnados.
Explicó que
las leyes nacionales sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones
son "ordenamientos sin precedentes" que regulan a todas las
instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el país.
Establecen parámetros claros respecto a los niveles de la fuerza que los
agentes de seguridad pueden utilizar en relación con los niveles de resistencia
y la forma en que deben emprender los registros de detenciones.
"En el
caso de la Ley de la Guardia Nacional consideramos que se reglamenta como una
institución policial de carácter civil dentro de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana", agregó.
Afirmó que
dicha norma establece que este cuerpo puede tener aspectos homologados a los de
las Fuerzas Armadas permanentemente en lo relativo a estructura jerárquica,
regímenes de disciplina, ascensos, prestaciones, educación, profesionalización,
etcétera.
Contratación
A pesar del conflicto con los federales por la transición a la Guardia Nacional, la SSPC busca incorporarlos a sus filas en el Servicio de Protección Federal (SPF). En el Centro de Mando de la PF, donde los elementos permanecen en paro desde hace cinco días, el SPF instaló módulos de asesoría para resolver sus dudas y explicarles las actividades que realiza dicha área.
SUN.
